El Tribunal Constitucional viene diciendo desde hace cuatro años que es injustificable y poco razonable que la administración tributaria exija el pago de intereses moratorios por los meses o años en que se excedió del plazo para resolver el caso, cómo ha ocurrido con Telefónica. Antes de la reciente sentencia de Telefónica, ya había tres sentencias que llegaban a la misma conclusión. En todas ellas la presidenta del tribunal, Marianella Ledesma, quien ha criticado en medios la decisión de sus colegas, votó en minoría.

#CADEelectoral Keiko Fujimori nuevamente a la ofensiva con Verónika Mendoza. Remarca que será promotora de la inversión privada. Plantea promover pequeñas obras de infraestructura, apoyar a los emprendedores en la formalización y destrabar proyectos de inversiones #CADEelectoral George Forsyth plantea que el Estado le compre sus productos a los micro y pequeños empresarios. Se otorgarán beneficios tributarios y facilidades de acceso al crédito. Ha enumerado una lista larga de propuestas otra vez.

¿Que los bancos deberán enviar información de sus clientes a Sunat? No es novedad. Se sabe desde septiembre del 2018, cuando el gobierno de Martín Vizcarra emitió el decreto legislativo 1434. Solo se necesitaba un reglamento, lo que acaba de sacar el MEF, para aplicar la norma. Desde hace más de dos años Sunat está fortaleciéndose a través de nueva legislación, adquiriendo más herramientas y acumulando más información para combatir la evasión y elusión. El MEF estima que en el 2019 contribuyeron a elevar la recaudación en 0,8% del PBI.

Anoche el Congreso aprobó por insistencia la ley que sanciona penalmente el acaparamiento y la especulación. Pero se dice poco sobre restituir la sanción penal por abuso de poder económico. Esta medida en realidad debilitará la lucha contra los cárteles empresariales. Abro hilo. Vayamos al texto de la norma aprobada. Se castigará con una pena de dos a seis años de cárcel en dos supuestos: 1) a quien abuse de su posición de dominio en el mercado y 2) a quien participe en prácticas y acuerdos con el objetivo de restringir la libre competencia.