1/7. El procedimiento que regula la figura del juicio político tiene un carácter de control político, mientras que el procedimiento para conocer los procesos incoados a los altos funcionarios del Estado establecido en el Código Procesal Penal tiene un carácter de control judicial 2/7. Ambos no se excluyen ni se condicionan, pues se desarrollan en planos distintos de rendición de cuentas -el político y el penal-, ya que uno examina la idoneidad, el desempeño o la confianza política, mientras el segundo, una conducta subsumible en un tipo penal.

1/4. De acuerdo con el artículo 178 del Código Procesal Penal, son 4 los requisitos para imponer la prisión preventiva: a. Que exista peligro de fuga. b. Que exista la posible obstrucción de la investigación por parte de los acusados. 2/4. c. Que exista riesgo fundado de que los acusados se reintegren a la organización criminal a la que pertenecen. d. Que exista riesgo fundado de que los acusados atenten o ejecuten actos de represalia contra el acusador o denunciante.

1/12. Los jefes militares tienen un control efectivo sobre sus subordinados y, por tanto, tienen la obligación de cumplir con el principio del mando responsable. 2/12. En virtud de dicho principio están en el deber de tomar las medidas necesarias y razonables para prevenir, reprimir, investigar las violaciones a derechos humanos, establecer los hechos y transmitir los casos a las autoridades competentes.

1/7. Si alguien se “sorprende” por la captura de Romeo Vásquez Velásquez debe remitirse al informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que establece la responsabilidad de este militar en las graves violaciones a DDHH cometidas en el contexto del golpe de Estado. 2/7. Según la Comisión, la “responsabilidad del general [...] está estrechamente ligada a la de Micheletti […]. Además, "también le corresponde una responsabilidad por no cumplir con su obligación de denunciarlos y sancionarlos debidamente a posteriori”.

1/8. Se dice que la Sala de lo Constitucional y la CSJ no pueden declarar sentencias con efectos hacia el pasado en casos de grave alteración de nuestro marco constitucional porque el artículo 185 habla de "La declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación [...]. 2/8. Es importante resaltar que en este artículo la conjunción "y" separa dos conceptos que es fundamental distinguir y no confundir en materia constitucional: Derogación y declaratoria de inconstitucionalidad.

1/5. Usando la técnica de reducción al absurdo, supongamos que el Congreso Nacional reforma la Constitución para quitar la prohibición de la tortura y lo hace en sesión ordinaria, con el voto de 86 personas diputadas y ratificándolo de igual forma en la siguiente legislatura. 2/5. La prohibición de la tortura es una cláusula pétrea implícita según el artículo 64 constitucional y una norma de ius cogens, es decir, no admite posición en contrario. Por tanto, no puede reformarse porque atenta contra un elemento esencial de nuestro marco constitucional.

1/8. La Constitución contiene al menos 3 tipos de normas: Primero, las disposiciones programáticas que establecen directivas para la acción a las que deben ajustarse, en el futuro, todos los poderes públicos. Un ejemplo es el artículo 263 sobre los ingresos fiscales. 2/8. Segundo, las disposiciones institutivas u organizativas que crean o instituyen órganos e instituciones. Un ejemplo de esta clase de normas es el artículo 317 sobre la creación del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.

1/6. Si se argumenta que Chinchilla y Sibrián deben continuar en sus cargos porque el art. 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL) dice que permanecerán en sus funciones mientras no se elija a sus sustitutos, ¿se ha considerado la siguiente cuestión jurídica elemental? 2/6. Cuando hay normas contradictorias se aplican los siguientes criterios tradicionales: el jerárquico, la ley superior se impone a la inferior; el cronológico, la ley posterior se impone a la anterior; y el de especialidad, la ley especial se impone a la ley general.

1/4. En 2013, el abog. Jahir López renunció a seguir participando en elección de Fiscal General porque a Óscar Chinchilla le permitieron continuar en el proceso sin haber pasado las pruebas sicométricas. López decidió no ser parte de esa ilegalidad pese a ser el mejor evaluado. 2/4. En 2018, Daniel Sibrián continuó participando reelección ilegal de Chinchilla que violó la Constitución, pese a que el art. 375 ordena que "todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de efectiva vigencia".

1/4. Si no hay elección de la persona Fiscal General y su Adjunta, lo que debe suceder es lo siguiente: PRIMERO: Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián vacan en sus funciones, pues no pueden estar más de 5 años, ya que así lo ordena el artículo 233 de la Constitución de la República. 2/4. Hay dos instancias dentro del Ministerio Público que asumirán las riendas del Ministerio Público: en primer lugar, el actual Director de Fiscales, pues a falta del Fiscal General y su Adjunto el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público lo habilita para ello.

1/8. Art. 59 constitucional dice que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana. Sala Constitucional en sentencia RI-1343-2014 y RI-0243-2015 señaló que persona “es alfa y omega de las normas jurídicas” y deben interpretarse en la forma que más le favorezcan 2/8. Nuestra Constitución protege a la persona en su diversidad. El fin supremo del Estado no es la protección solo de la persona heterosexual, creyente o blanca, sino toda persona independientemente de su sexo, raza, creencia, posición económica, ideología u orientación sexual

1/8. Sobre la interpretación que pretende realizar el Congreso Nacional para elegir magistrados suplentes. Es cierto que el artículo 314 constitucional faculta al Congreso Nacional a elegir a un magistrado o magistrada suplente, pero establece 3 condiciones para poder hacerlo: 2/8. PRIMERO: En caso de muerte, incapacidad que le impida el desempeño del cargo, sustitución por causas legales o de renuncia de uno de los 15 magistrados de los que habla el artículo 308.

1/4. Para quienes me tildan de ignorante o de engañar por plantear cuestiones constitucionales sobre diferentes materias que son de interés general, supongo que las siguientes razones me dan cierta autoridad o, al menos, libertad para poder hacerlo: 2/4. En el marco de la conmemoración del centenario de la constitución mexicana en el año 2017, el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro me seleccionó para reconocer mi “destacada trayectoria y aporte al constitucionalismo latinoamericano”.

1/5. Si asumimos q Congreso puede interpretar la Constitución en virtud d art. 205 num. 10, un punto d partida imprescindible en toda interpretación es el elemento gramatical o literal q tiene por objeto las palabras de q la Constitución se sirve para comunicarnos su pensamiento. 2/5. Por tanto, el significado literal del enunciado del art. 308 constitucional que dice q “La Corte Suprema estará integrada por 15 magistrados” no deja lugar a dudas d q debe estar integrada por un núm d 15 y no por otro núm., ya sea de magistrados propietarios o suplentes.

1/6. OTRAS PREGUNTAS QUE DEBE RESPONDER PRÓSPERA ANTE EL CIADI. El artículo 255 de la Constitución establece que “Los actos administrativos de cualquier órgano del Estado que deban producir efectos jurídicos de carácter general, serán publicados en el Diario Oficial La Gaceta". 2/6. Dicho artículo constitucional también señala que la validez de tales actos "se regulará conforme a lo dispuesto en esta Constitución para la vigencia de la ley”.

1/4. El art. 329 de la Constitución señala que la creación de una zona sujeta a un régimen especial es atribución exclusiva del Congreso, por mayoría calificada, previo plebiscito aprobatorio por las 2/3 partes, de conformidad a lo establecido en el Artículo 5 de la Constitución 2/4. El mismo artículo establece que “Este requisito no es necesario para regímenes especiales creados en zonas con baja densidad poblacional”. ¿A qué requisito se refiere este párrafo?

1/17. ¿Puede Próspera argumentar ante el CIADI que no necesitaba que el Congreso Nacional de Honduras la creara porque el artículo 39 de la Ley Orgánica de las ZEDE la creó casi automáticamente a través de un órgano distinto? 2/17. El art. 39 de la Ley Orgánica de las ZEDE establece que “se declaran SUJETAS” al régimen de las ZEDE las zonas de baja densidad poblacional de los municipios ubicados en los departamentos del Golfo de Fonseca y el Mar Caribe.

1/8. DUDAS Y PREGUNTAS DESDE MI IGNORANCIA SOBRE LA ZEDE PRÓSPERA

El artículo 329 reformado de la Constitución señala que la creación de las ZEDE “es atribución EXCLUSIVA del Congreso Nacional, por mayoría calificada”, es decir, con el voto de 86 diputados y diputadas. 2/8. El artículo 38 de la Ley Orgánica de las ZEDE ratifica lo anterior al establecer que: “Corresponde al Congreso Nacional la creación de las ZEDE mediante decreto”. El 20 de abril de 2022, los 128 diputados y diputadas votaron para derogar la Ley Orgánica de las ZEDE.

1/9. ¿POR QUÉ EL ACTUAL GOBIERNO TIENE RESPONSABILIDAD EN EL ASESINATO DE LOS DEFENSORES DE GUAPINOL, ALY DOMÍNGUEZ Y JAIRO BONILLA? Porque no ha suspendido o declarado nulidad de concesiones dadas a empresa Los Pinares, de Lenir Pérez y Ana Facussé, a pesar de lo siguiente: 2/9. A esta empresa se le otorgó un contrato de concesión minera firmado en septiembre del año 2014 sin tener la respectiva licencia ambiental. A su vez, usó un acta falsificada de cabildo abierto en el que supuestamente la población dio su aprobación a sus actividades mineras.

Cuestiones que hay que preguntarle al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, juez natural que hoy condenó a María Luisa Borjas por delitos contra el honor en perjuicio del señor Camilo Atala. Abro hilo 👇👇👇 1. Si en contexto d doctrina d real malicia MLBorjas era consciente d q denuncia q presentó ante CONADEH basada en 3 expedientes, era falsa o si actuó con desconocimiento negligente d la verdad o falsedad d dicha información, con intención expresa d causar daño a honor d sr Atala