En los últimos años, hemos visto a un Gobierno pidiendo una prórroga de un estado de alarma por medio año (sí, medio año) y a un Congreso entregado a la causa, concediéndola y abdicando, en la práctica, de su función de control al poder ejecutivo. También hemos visto prórrogas sine die del plazo de enmiendas de aquellas proposiciones de ley que no son del agrado de los partidos del Gobierno. O inadmisiones sistemáticas de enmiendas porque lo que no gusta supone, casualmente, un incremento del gasto público.