[Hilo] Esta semana, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó por colusión a 4 empresas de alimento para salmones. El cartel habría operado 12 años. Se trata de un robo, una acción que merece las máximas sanciones y que me permite hablarles hoy de este tipo de delitos...
Este caso es una buena oportunidad para poner en perspectiva el debate reciente sobre si el Ministerio Público (Fiscalía de Chile), además de la FNE, debiera controlar el inicio del proceso en un caso de colusión. El debate puede resultar complejo, pero intentaré explicárselos.
Vari@s han sugerido que estar en contra de que el Ministerio Público pueda iniciar un proceso en un caso de colusión, es facilitar el abuso o permitir la impunidad.
No es así. De hecho, aunque suene contradictorio, es justo al revés. Quiero tomarme el tiempo de explicar por qué.
No es así. De hecho, aunque suene contradictorio, es justo al revés. Quiero tomarme el tiempo de explicar por qué.
Partamos x estar todos en la misma página: La colusión es el mayor delito contra la libre competencia, pues atenta contra los consumidores y su posibilidad de acceder al mejor precio y mejor calidad. Asimismo, compromete la fe pública, la confianza y la legitimidad del mercado.
El delito consiste en que al momento de ofrecer un bien, un grupo de productores o vendedores se ponen de acuerdo ya sea para subir los precios, fijar cantidades, repartirse el mercado o la participación en una licitación.
Por lo mismo, estas violaciones a la ley deben ser perseguidas y severamente castigadas, incluyendo penas de cárcel y multas que deben ser muy por sobre la ganancia mal habida.
El problema práctico es que una colusión es muy difícil de detectar pues los involucrados en estos delitos actúan de forma coordinada y secreta. Esto hace particularmente complejo lograr pruebas irrefutables de la existencia del cartel.
Tanto en Chile como en el resto del mundo, está comprobado que la mejor herramienta para desbaratar una colusión y lograr esas pruebas, es la figura de la delación compensada, también llamada, colaboración eficaz.
La delación compensada es justo lo que permitió conocer la colusión de alimento de salmones denunciada esta semana. Sin dicho mecanismo probablemente el cartel hubiera quedado impune.
En simple: si una empresa que se ha coludido se auto denuncia, entregando evidencia seria y completa sobre el resto de los partícipes del cartel, ella queda eximida total o parcialmente de la sanción.
Es decir, la ley está dispuesta a dar un incentivo para hacer pública una conducta que -por su propia naturaleza- es secreta y difícil de identificar y perseguir, desatando así una “carrera” por ser el primero en salvarse.
Pero no es todo…
Pero no es todo…
La delación compensada también reduce los incentivos para que una empresa llegue siquiera a plantearse formar parte de una colusión, pues sabe que cualquiera de los que conforman el cartel podría decidir salvarse y ocupar el mecanismo para delatar al resto.
Por eso mismo, cuando hay menos casos de colusión, eso puede asociarse directamente al efecto disuasivo de la delación compensada y no necesariamente a que haya una persecución blanda o ineficiente.
“Nuestra investigación tuvo como punto de partida la confesión de un integrante del cartel, lo que no hace sino ratificar el rol esencial que la delación compensada cumple en la detección y persecución de la colusión”, dijo el jueves el fiscal nac. económico, Ricardo Rioseco.
En Chile, desde 2016, la legislación de libre competencia contempla penas de cárcel y también multas mucho más altas para la colusión: el doble del beneficio mal habido o el 30% de las ventas del periodo bajo el cartel.
Las elevadas sanciones son un mayor incentivo a la delación compensada ya que, como comenté, el primero que confiesa se exime de las mismas. Por eso, la efectividad del mecanismo requiere de total certeza en su aplicación para quien confiesa. De otra forma puede que no lo haga.
Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con una Fiscalía Nacional Económica, especializada en ilícitos económicos, y un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que falla y aplica las sanciones en delitos económicos. Ambas, instituciones independientes y técnicamente sólidas.
La FNE se encarga de investigar y analizar la postulación de delación compensada para determinar si la auto denuncia es suficientemente seria y completa para entregar el beneficio. Así, recibe información corporativa estratégica que debe guardar celosamente en pos del proceso.
Para seguir en la misma página: es importante recalcar que el Ministerio Público es una institución extremadamente valiosa que cumple un rol fundamental en nuestro sistema judicial.
Sin perjuicio de aquello, este tipo de delitos económicos de alta complejidad hacen deseable contar con una fiscalía especializada y exclusiva que desarrolle un trabajo reservado y altamente técnico en estas materias.
Esto se parece a cuando alguno de nosotros se enferma y, dada la naturaleza del mal que nos aqueja, necesitamos ser atendidos por un médico especialista. En materias jurídicas también se justifican estos órganos especializados.
Entonces, después de este laaaargo aunque necesario rodeo (muchas gracias por llegar hasta aquí):
¿Cuál es el problema con que el Ministerio Público sea quien inicie el proceso penal de colusión en lugar de la Fiscalía Nacional Económica o en paralelo con ella? 👇
¿Cuál es el problema con que el Ministerio Público sea quien inicie el proceso penal de colusión en lugar de la Fiscalía Nacional Económica o en paralelo con ella? 👇
El problema es que si el Ministerio Público toma ese rol en el proceso, su acción puede generar incertidumbres respecto a la delación compensada, la herramienta clave que puede lograr destrabar el cartel, desincentivando su uso.
Dado que es la FNE el ente especializado, tanto por coordinación como por coherencia, no resulta del todo apropiado que otro órgano pueda evaluar paralelamente un proceso en que la certeza desde el primer momento (certeza ab initio) es esencial para que funcione.
Como contempla hoy la ley, la FNE investiga el caso en todos sus ribetes y puede iniciar tanto el caso de libre competencia ante el TDLC, como la acción penal ante los tribunales de justicia, una vez que el TDLC ha emitido su fallo.
Esta secuencia -primero la acción económica y luego la penal- permite guardar coherencia entre las dos miradas y, al mismo tiempo, proteger la delación compensada.
De otra forma, dos investigaciones en paralelo, con dos juicios paralelos que incluso pueden tener resultados contradictorios no parece una forma muy eficiente de impartir justicia.
Nos debiera dejar particularmente tranquilos el hecho de que la FNE ha dado muchas muestras de ser extremadamente celosa y reservada en el uso de la información corporativa estratégica que se le da como parte de un proceso de colusion con delación compensada.
Prueba de ello es que que todos los casos de colusión conocidos han salido a la luz pública solo una vez terminado todo el proceso y nunca durante el desarrollo de la investigación. Eso ha sido crítico para el éxito de las mismas.
Cómo ven, plantear que no es conveniente que el Ministerio Público controle el inicio de un proceso en un caso de colusión tiene razones de fondo que nada tienen que ver con acciones de impunidad. Como he argumentado, es más bien lo contrario.
El Ministerio Público ya tiene hoy múltiples e irremplazables funciones y responsabilidades que atender. ¿Por qué si tenemos instituciones especializadas en estos delitos económicos vamos a recargar las labores de la Fiscalía?
Es todo. Les pido disculpas por la extensión del hilo, pero me parece un tema muy relevante que vale la pena explicar y desarrollar detalladamente. Les agradezco su lectura.
