1.- Voy a intentar aclarar algunos aspectos centrales de la controversia sobre el ministro Marlaska y el cese del coronel Pérez de los Cobos. Hilo no aconsejable para incondicionales de bandos concretos.
2.- Cuando los miembros de la Guardia Civil actúan como policía judicial, no actúan sometidos a las directrices del Ministerio del Interior, sino bajo la dirección del juzgado de instrucción correspondiente. Y no pueden ser apartados de la investigación por sus superiores.
3.- Esta previsión del artículo 550 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es bastante razonable. En caso contrario, el poder político podría interferir en cualquier investigación que le molestara o, especialmente, que le afectara. 
4.- Por otro lado, el decreto que regula el funcionamiento de la policía judicial establece un deber de reserva en dichas actuaciones, que resulta más acentuado cuando el propio juzgado instructor ordena que no se produzca ninguna divulgación de la investigación.
5.- El coronel Pérez de los Cobos era el comandante de la Guardia Civil en Madrid y no formaba parte del equipo de policía judicial que realizaba la investigación. Por tanto, puede ser cesado, al tratarse de un cargo de libre designación.
6.- Otra cuestión será si el cese se debe a algún motivo ilegítimo o si la destitución no está fundamentada de modo adecuado. Estas circunstancias pueden tener consecuencias jurídicas. Pero no implican que se haya apartado de esa investigación a un agente de la policía judicial.
7.- Se acusa a Marlaska de haber reclamado a Pérez de los Cobos el referido informe. Si se probara esa acusación, se trataría de una injerencia inadmisible en la investigación y de una abierta vulneración del ordenamiento jurídico.
8.- Además, si el cese de Pérez de los Cobos estuviera relacionado con su negativa a obedecer esa orden y a reclamar el informe, la destitución sería manifiestamente irregular. Estaría más que justificada la dimisión del ministro del interior.
9.- Sin embargo, la versión de Marlaska es que no se reclamó el informe, sino que en su ministerio se sintieron engañados por las informaciones contradictorias de Pérez de los Cobos sobre si se estaba realizando. Y también por la filtración de su contenido a los medios.
10.- Si de verdad hubo información contradictoria y se considera que Pérez de los Cobos es el responsable (como jefe de sus subordinados) de que se filtren datos reservados, el Ministerio del Interior está legitimado para acordar el cese por pérdida de la confianza.
11.- Nos encontramos ante versiones contradictorias. Y lo cierto es que el acuerdo de cese puede dar amparo tanto a una versión como a la otra. Se puede interpretar que se reclamó el informe completo, pero también que solo se pidió el conocimiento de su mera realización.
12.- Quizás la persona más indicada para aclarar lo ocurrido es el propio Pérez de los Cobos. Si sufrió alguna coacción o petición de vulnerar el ordenamiento jurídico, como coronel de la Guardia Civil sabe que tenía el deber de denunciarlo. No me consta ninguna denuncia.
13.- Las explicaciones del ministro Marlaska también han sido bastante confusas. Inicialmente, aseguró que el cese no tenía relación con dicho informe. Ahora ha dicho lo contrario en dicha versión. Estas contradicciones no son positivas para el principio de transparencia.
14.- Esta situación nos demuestra que en ocasiones los hechos no son tan claros y que deben ser analizados con la mayor ecuanimidad. Eso resulta contrario a posturas interesadas que ya han tomado partido de salida, antes de conocer datos reales sobre lo sucedido.
15.- Ante las proclamas sin credibilidad, es conveniente recordar los constantes ceses policiales que se han producido en el pasado, especialmente en casos de corrupción. Es una muestra de que hay que articular una policía judicial que dependa de los jueces y no de los políticos.
16.- Mi opinión es que aún nos faltan datos para que se pueda determinar qué ha ocurrido en este caso. Pero me parece lógico que en el ámbito público se reclamen explicaciones al ministro del interior, a los efectos de que se valore si la actuación ha sido o no incorrecta (fin)
