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Esta nota de @ELTIEMPO sobre fallo de @CorteIDH en el caso Petro me angustió pensando si distorsionarán igual la información en temas que desconozco. Abro 🧵 con correcciones puramente de hecho para la opinión pública:
eltiempo.com/justicia/corte…
1. NO es cierto que @CorteIDH ordenó modificar la Constitución. La sentencia dice claramente que la Constitución admite una interpretación convencional y que no es necesario cambiarla.
2. @CorteIDH no habla de “suspensión” sino de destitución e inhabilitación. Entonces no es cierto que toda falta administrativa deba ser elevada a delito ni que, como está ridiculizando también @ELTIEMPO, ahora no se va a poder sancionar a un funcionario por llegar borracho.
3. El “plazo razonable” que da @CorteIDH es para cumplir con adecuar las normas (de orden legal y no constitucional). En un año el Estado debe presentar un informe sobre las medidas adoptadas.
4. Colombia es Estado Parte de la CADH, no “signatario”. Si fuera sólo signatario no estaría obligado por el tratado y el caso nunca hubiera llegado a @CorteIDH. Colombia decidió soberanamente ratificar el tratado y está obligado a cumplir el fallo de @CorteIDH.
5. NO es cierto que “hasta ahora” los Estados podían controlar a funcionarios en lo penal, fiscal y disciplinario y ahora con el caso Petro eso cambió. No se elimina función disciplinaria de @PGN_COL, sino potestad de inhabilitar y destituir a funcionarios elegidos popularmente.
6. NO es cierto que el fallo “saca” a los elegidos por voto popular del “control” de Contraloría y @PGN_COL. Sólo que en ese control, no pueden imponer sanciones tan severas para los derechos políticos como la destitución y la inhabilitación, que sólo pueden proceder por delitos.
7. Dice el tiempo “si se aplicara la tesis” de @CorteIDH (...). No es una “tesis” que puede aplicarse o no. Es un fallo judicial de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano. Si el Estado tiene dudas sobre su alcance, tiene 90 días para pedir una aclaración a @CorteIDH.
8. Esto ya es no es corrección de datos distorsionados de @ELTIEMPO: La invocación de la lucha contra la corrupción no es un cheque en blanco para mantener un diseño institucional altamente riesgoso para los derechos políticos y la democracia, como mostró Alejandro Ordoñez.
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