LA MORATORIA NUCLEAR
A finales de los años 70 del siglo XX, España 🇪🇸 contaba un ambicioso plan energético que apostaba fuertemente por la energía nuclear. Sin embargo, dicho plan se vió truncado por diferentes motivos y tuvo importantes consecuencias.
Lo explico en un HILO.
A finales de los años 70 del siglo XX, España 🇪🇸 contaba un ambicioso plan energético que apostaba fuertemente por la energía nuclear. Sin embargo, dicho plan se vió truncado por diferentes motivos y tuvo importantes consecuencias.
Lo explico en un HILO.
España siempre ha tenido una relación controvertida con la energía nuclear, un sector utilizado como arma electoral y que a pesar de ello lleva diez años consecutivos (2010-2019) siendo la principal fuente energética del país, generando más del 21% de la electricidad.
En contra de lo que muchas personas piensan, la mayor parte del capital necesario para construir los reactores nucleares españoles fue de origen privado, como Zorita y Garoña, Almaraz, Cofrentes y Trillo.
El resto de centrales nucleares tuvieron como propietarias empresas públicas y privadas, no siendo ninguna central totalmente pública. En la actualidad, todas las centrales son totalmente privadas.
Entre los años 1968 y 1972 entraron en funcionamiento las tres primeras centrales nucleares españolas, José Cabrera (Zorita, en Guadalajara), Santa María de Garoña (Burgos) y Vandellós I (Tarragona).
Tras la crisis del petróleo de 1973, España se embarcó en un ambicioso programa de construcción de centrales nucleares. El plan inicial contemplaba la construcción de 24 reactores, aunque finalmente el Plan Energético Nacional de 1978 redujo ese número a 12.
Para la consecución de este plan se promovió una fuerte inversión en desarrollo industrial, se crearon industrias de bienes de equipo, fabricación de combustible nuclear y servicios relacionados. Las principales ingenierías del país experimentaron un gran crecimiento.
Con el objetivo de dar el soporte regulatorio necesario, en 1980 se creó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), como organismo independiente encargado de velar por el funcionamiento seguro de las instalaciones nucleares y radiactivas.
La MORATORIA NUCLEAR es como se denomina a la suspensión del desarrollo de políticas de construcción y puesta en marcha de centrales nucleares en España. La alternativa del PSOE era el carbón nacional y el gas importado.
Cuando el PSOE ganó las elecciones en 1982, España tenía reactores en funcionamiento (Zorita, Garoña, Vandellós I, Almaraz I), terminando su construcción (Almaraz II, Ascó I y II, Vandellós II, Trillo, Cofrentes, Lemóniz I y II, y Valdecaballeros I y II) y varios en proyecto.
El plan de energía nuclear del anterior gobierno de la UCD contemplaba 12.500 MW nucleares (más de 12 reactores) para 1990, con posibilidad de ampliación. Regodola (Lugo) y Vandellós III (Tarragona) estaban en fase de estudio previo para obtener la licencia de construcción.
El programa del PSOE contemplaba una capacidad total nuclear de 7500 MW para 1990 (un reactor nuclear tenía unos 1000 MW), así que el compromiso político era detener el programa nuclear, algo que entra en conflicto con un supuesto rescate financiero que comentaré más adelante.
En ese momento, Lemóniz I estaba totalmente terminada, y Lemóniz II y Valdecaballeros I estaban muy avanzadas, mucho más que Trillo y Vandellós II, así que ya no necesitaban grandes inversiones para empezar a funcionar.
La organización terrorista ETA perpetró varios atentados en la central nuclear de Lemóniz I: explosión de una bomba en 1978 que causó la muerte de dos operarios (Alberto Negro, y Andrés Guerra) y 14 heridos, una segunda bomba en 1979 que mató a otro obrero (Ángel Baños).
En 1981, ETA secuestró y asesinó al ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan. Un año después, Ángel Pascual Mújica, director de la sociedad público-privada creada para relanzar el proyecto, también fue asesinado.
El PSOE paró el programa nuclear por ideología (cumpliendo su programa electoral) y decidió paralizar la construcción de Lemóniz por los atentados de ETA y Valdecaballeros por la oposición frontal de la Junta de Extremadura, que también era socialista.
Debido a la paralización de los proyectos casi finalizados, los propietarios exigieron al Gobierno una compensación por revocar los permisos una vez realizadas las inversiones. La moratoria nuclear se consolidó formalmente en 1994 con la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico.
En 1996 el Gobierno aprobó que las empresas eléctricas propietarias de las centrales cobrasen una cuota a través de la factura eléctrica para recuperar las inversiones perdidas, que se terminó de pagar en 2016.
Aunque las eléctricas estaban pasando una difícil situación económica por la falta de productividad de unos activos, en mi opinión los hechos relatados son muy claros: no fue un rescate, sino una compensación por cambiar las reglas del juego por motivos ideológicos y políticos.
Las propias empresas eléctricas y de bienes de equipo criticaron duramente la moratoria nuclear española del PSOE en 1984, algo que nuevamente entra en conflicto con un supuesto rescate financiero.
En mi opinión, si España no hubiera paralizado su plan nuclear por ideología, política y cesión al chantaje terrorista, junto con la gran apuesta actual por energías renovables, actualmente podría ser líder mundial en generación eléctrica baja en emisones de dióxido de carbono.
