Mi estudio sobre los contratos menores adjudicados a políticos fue mencionado el lunes en el pleno del Parlamento de Cantabria.
Yo no entiendo nada de política, pero acabo de ver el debate parlamentario y aquí os lo resumo a mi manera. 😃🔫
¡Dentro súper hilo! 👇
Se debatía una proposición «antifraude y de lucha contra la corrupción» para pedir a los ofertantes en contratos públicos una declaración responsable de que no están conchabados para hacer un chanchullo.
Chanchullos como este que publicaba aquí en junio, y donde un alto cargo político le adjudica 18.000 € a un ex alto cargo político de su mismo partido, y para "vestir" el expediente piden tres ofertas, las tres a amiguetes.
Creo que la proposición a debate viene a su vez al calor de hilos como este, donde llamaba la atención sobre otros contratos del gobierno en los que "compiten" empresas que están relacionadas entre sí y que son de familiares de políticos. 👇
Disculpad pero en este hilo no voy a citar a ningún político o partido. Tengo máximo respeto a todos los diputados, pero me interesa el fondo del asunto. No la guerra de siglas, las etiquetas partidistas o la entomología ideológica. Esto va de evitar chanchullos en los contratos.
En la defensa de la proposición, el ponente alude a la recomendación de pedir tres ofertas para cada contrato, y expone el riesgo que para los intereses de la Administración supone que los tres ofertantes puedan estar conchabados entre sí, como en los ejemplos que acabo de citar.
El ponente plantea pedir a cada contratista un documento donde declare responsablemente que no está vinculado con otros ofertantes, y asegura que esto no requiere de la modificación de ninguna ley, sino de modificar una instrucción administrativa.
El siguiente interviniente expresa que algunos políticos llevan al límite las leyes de contratación, menciona los contratos de la Gürtel y pone el acento en las "casualidades" que suponen algunas adjudicaciones que siempre rozan los límites legales.
Anuncia que votará positivamente, pero entiende que se requiere modificar la Ley de Contratos del Sector Público y que el Parlamento de Cantabria no es competente. También dice que no se debe incrementar la burocracía, y duda de que todo esto sea algo prioritario para Cantabria.
Luego interviene una diputada de uno de los dos partidos del gobierno. Dice que la proposición le recuerda a un chiste pero que ellos están a favor de cualquier medida anticorrupción. Y que la normativa actual es suficiente y no hace falta cambiarla.
Dice que pedir tres ofertas en los contratos menores es una recomendación, no una obligación, y que por ello no creen conveniente añadir más requisitos. Que restaría agilidad, y que pedir la declaración responsable podría ser una restricción que afecte a la libre competencia (?).
No he conseguido entender esto de que pedir una declaración responsable de no estar vinculado con otros ofertantes afecte a la libre competencia en los contratos menores porque el Estado puede trocear monopolios.
¿Van a pedir oferta a Amazon para un contrato menor? 😐
El argumento parece ser: «No podemos pedirle a un señor con tres empresas que no presente tres ofertas conchabadas porque en el plano teórico podríamos estar erosionando el derecho a competir de un monopolio intervenido por el Estado que nunca ofertará a ese contrato».
Turno otra vez de la oposición. Dice que está «ojiplática» porque la proposición a debate es incoherente y además no se corresponde con lo defendido en la tribuna. Y empieza a despotricar: que ellos no votan «imaginaciones ni locuras», ni «discursos». Que no tienen competencias.
Para aludir a un presunto conflicto competencial o defecto de forma en la propuesta, habla de la (des)centralización, de la pandemia, de la sanidad, de Santoña confinada, de los abnegados ciudadanos esforzándose por cambiar su vida…
Echo en falta la muerte de Manolete.
Ha dicho que la propuesta es ilegal, inconstitucional, demagógica y un insulto.
Perdonad, pero yo alucino con este parlamentarismo de barra de bar. De los ataques personales, de la malinterpretación deliberada, de mirar el dedo cuando se señala la Luna.
Y el argumento estrella. Es la ley de Godwin del parlamentarismo: «si hay corrupción, vaya usté al juzgado». Luego lo eleva al cuadrado: «vaya también al Congreso de los Diputados». Añade que esa proposición no de ley hace llorar a los autónomos. Y se va.
Interviene el otro partido del gobierno. Reitera el conflicto competencial y dice que la propuesta supone «cargarse la figura del contrato menor». Que los políticos no intervienen. Y que hay auditores, comisiones y tribunales fiscalizando todo. Que pobres pymes. «Vaya al juzgado»
Dice que pedir una declaración responsable al ofertar «hará papilla a autónomos, micropymes y pymes». Y que la medida propuesta «cuestiona el trabajo de las mesas de contratación». Que a él le «duele» y que la medida propuesta no beneficia a la Administración Pública.
Por último, vuelve el ponente de la propuesta. Dice que la no obligatoriedad de pedir tres ofertas es «un invento» para flexibilizar la instrucción nacional. E insiste en que su propuesta no supone modificar la ley.
Dice que no va a poner ejemplos «porque están en Twitter» 😅✌️
Y dice que los tres principales partidos del Parlamento rechazan su proposición porque sus candidatos se están beneficiando de que no haya controles más rigurosos.
Aquí saca una tabla con mi estudio sobre adjudicaciones a candidatos electorales y se alborota el gallinero…
Para quien tenga 40 minutos, he aquí el debate parlamentario completo:
En este hilo voy a compartir mi análisis de «experiencia ciudadana» sobre este trámite digital que tarde o temprano todos tenemos que cursar.
¡Vamos allá! 🧵👇
1️⃣ Abro un navegador y busco «cita previa para renovar el DNI». Aterrizo en citapreviadnie.es. Un sitio que parece oficial. No lo digo por los emblemas institucionales, sino por el diseño estilo «Microsoft Frontpage 1998».
Lo primero que me llama la atención es que el ¿botón? para iniciar el trámite sea el enlace más discreto de la página, abajo y en pequeño.
No es que sea un drama, pero bueno, seguimos.
Dejando a un lado la estética cutre, comienzo a leer y encuentro la redacción intrincada y confusa.
El título dice que el trámite es para la «solicitud, consulta o anulación» de cita previa del DNI o pasaporte. Pero la siguiente línea habla de «obtención o renovación». Es decir, el trámite parece servir para cinco acciones:
—Solicitar
—Consultar
—Anular
—Obtener
—Renovar
Los tres primeros, de la cita previa. Los otros dos, del DNI o pasaporte.
Pero el título habla de «DNI», mientras que el primer párrafo, en cambio, de «DNIe». No sé si es un error o que aquí no puedo pedir cita para el DNIe. Si así fuera, ¿dónde podría?
Un poco más abajo pone «Se recuerda a todos los ciudadanos que deben acudir a su cita puntualmente». Vale, pero eso no es importante ahora. Dime eso cuando haya obtenido mi cita, no antes. Es más fácil que lo tenga en cuenta si me lo pones en la cita que si me lo dices al principio del trámite.
Pone también «Recuerden también consultar en dnielectronico.es, en el menú […] los requisitos necesarios para […]» Hmmm... vale; entendido. Así que hay dos portales:
💸 ¡Vamos a mejorar un trámite digital sin gastar un euro!
Muchos trámites parecen diseñados en el séptimo círculo del averno. Y cuando se lo digo a mis amigos funcionarios, me salen por bulerías con el mismo cante jondo de siempre:
—Es que no hay dinero.
Pero payo… ¿cuándo lo ha habido? ¡Gestionar es un arte que florece justo en la escasez!
He aquí una idea muy loca:
✨ Podemos mejorar los trámites digitales de nuestro país sin gastar (apenas) ✨
¡Veámoslo con un ejemplo!
Y ve situando tu dedo —tú, sí; te lo digo a ti 🫵— sobre el botón de «retuit» para difundir este evangelio, que he echado medio sábado en él. 😜
📣 ¡Necesitamos que llegue a nuestros gobernantes y gestores!
¡Vamos allá! 🥳🧵👇
Destripemos una interacción relevante de un trámite digital real que utilizan cientos de miles de españoles:
🌈 El servicio de notificaciones electrónicas de la Junta de Andalucía.
Es un trámite que ayer no funcionaba, y un tuitero publicó, cabreado, un vídeo del que he extraído este fotograma.
Asusta, ¿eh?
Hagamos lo que se llama un «prototipo de baja fidelidad» de la vista.
❓ ¿Y eso qué es?
Es un esbozo esquemático al que despojamos de todo diseño, de toda distracción, de todo ornato. Así podemos fijarnos mejor en los elementos constructivos de la interfaz con que el ciudadano interacciona: textos, botones, enlaces…
✨ Y cuando escribo «el ciudadano» yo pienso siempre en mi madre ❤️, que a menudo se agobia con estos trámites porque son confusos. ¡Diseñarlos bien es también un acto de amor hacia nuestros mayores y convecinos!
Mira el boceto de abajo,
¿ves qué problemas tiene?
1️⃣ Hay mucho texto.
El texto es largo e intrincado, está jalonado de referencias legales y contiene errores: pone «Prodecimiento» (sic) y la última frase es gramaticalmente errónea.
La Administración y quienes construyen estos trámites tienen que saber dos cosas:
1. Que los usuarios no leemos parrafadas en la pantalla. Ojeamos; escaneamos con la mirada…
2. Que la jerga legal intimida al lector no experto, que somos la mayoría. Provoca distancia e inseguridad.
2️⃣ Hay demasiados controles interactivos.
«Leer», «Rechazar», «Aceptar» y «Cerrar». Y las áreas cliclables de los dos primeros son diminutas. Apuntar y hacer clic en un área tan pequeña supone un esfuerzo.¹ ¡Mi madre no es francotiradora! 😃🔫
3️⃣ Hay un callejón sin salida.
Por ejemplo, puedo hacer clic en «Aceptar» sin elegir antes entre «Leer» o «Rechazar». ¿Qué pasará entonces? ¿Veré un mensaje de error?
Una interacción bien hecha no te castiga con un error, sino que evita, por diseño, que lo cometas.
En resumen…
👉 Como la interacción no ha sido bien pensada, han tenido que añadir un ladrillo de texto con unas intrincadas instrucciones de uso.
¡Esto no debería ser así!
Cuando los trámites están bien diseñados no hacen falta parrafadas ni manuales de usuario.
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¹ Si te interesa ahondar, se llama Ley de Fitts y está en Wikipedia.
🔴 El Gobierno Vasco ha enviado al Parlamento la memoria del gasto en campañas de comunicación institucional.
⚠️ Es un documento importante en una democracia, porque rinde cuentas de buena parte del dinero público que sale del Gobierno hacia los medios de comunicación.
🤦 Como todos los años, el documento oficial contiene errores y partidas mal sumadas
🚨 Pero el verdadero problema no son los errores, sino las trabas que los parlamentarios y la ciudadanía se encuentran al ejercer revisar los datos.
❓ ¿Cuánto dinero se ha llevado El Correo Vasco? ¿Y Gara? ¿Y Noticias de Álava? ¿Y COPE, Facebook o la SER?
☹️ El documento oficial es un ladrillo PDF que no responde a estas preguntas.
😩 ¿Quién en su sano juicio recorrería sus 237 páginas sumando, partida a partida, los cientos de campañas contratadas a cada medio?
⚠️ Esto es un ejemplo de «transparencia translúcida» gubernamental: «te doy un océano de datos, pero en un formato con el que no puedes hacer nada». Formalmente cumplen la ley, pero ¿de qué sirve?
👨🏻💻 En 2023 programé una herramienta que procesa todas estas memorias para ayudar a los parlamentarios vascos —y a la ciudadanía— a auditar el dinero público que va a los medios de comunicación.
📅 Justo ahora acabo de actualizarla con los datos de la última memoria, recién publicada (2024).👇
Lo tenéis en , que ya suma casi 2000 campañas de publicidad institucional explorables con un cómodo buscador y totales agregados por cada medio.gobiernovasco.marketing
Aquí va un ejemplo de partida mal sumada.
El error en el total parcial lo arrastran al total de la inversión de la campaña (en la imagen, arriba). Así que las cifras oficiales son incorrectas.
Estos errores los encuentra mi programa, pues encontrarlos a mano sería extremadamente tedioso.
El Gobierno Vasco debería publicar estos datos en un formato abierto y estructurado que permita a la ciudadanía realizar análisis. PDF no sirve.
Si un particular como yo puede hacerlo, ¿por qué el Gobierno Vasco no lo hace?
🎉 Un pueblo de Ávila ha pillado 476.000 euros de fondos NextGenerationEU y han tenido una idea genial:
Intentar lo mismo que ya fracasó en Logroño, Utrera, Benicarló, Antequera, Sevilla, Vizcaya, Torrelavega, Toledo, Vigo, Altea, Huelva, Cáceres, Brunete, Badajoz, Algeciras, Ciudad Real, Alzira, Cartagena, Valladolid, Dénia, Murcia, Beniel, Almería, l'Alfàs del Pi, Benavente, Cuenca, Soria, Lugo, Jaén, Ceuta, Burgos, Manacor y Ponferrada.
Esto ya era un escándalo en 2021, cuando estudié más de un centenar de estas inversiones y escribí y envié a esto a un diario nacional para visibilizarlo e intentar que dejara de suceder:
El Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León tiene 6,8 millones para formación y está ofertando cursos de:
— Flash
— Dreamweaver
— Borland
— Joomla!
¡Que alguien les quite urgentemente el dinero público, por favor!
En comparación, sus cursos de Oracle Database 10g (2003), parecen modernos. 😂
Es la convocatoria 2023/2024 de su catálogo de acciones formativas en transformación digital y están ofertando tecnologías obsoletas e incluso desaparecidas.
😃 ¡Mañana es el día! Intervengo en el Congreso sobre el uso de datos en la definición de políticas públicas que organiza en Mallorca la Escuela Balear de Administración Pública. ¡Muchas gracias por invitarme!
🧵 Un breve hilo… 👇
Es la oportunidad de explicar de tú a tú a un auditorio de servidores públicos la importancia de la transparencia y los datos abiertos.
¡Aunque la mayoría ya lo saben! Así que mañana trataré de darles más argumentos para que peleen esto en sus organismos y con los políticos.
Tengo que resumir cinco años de trabajo en hora y media. ¡Llevo 88 páginas! Pero no será un ladrillo, sino todo lo contrario: ¡nos vamos a reír! Mirarse al espejo y reírse del reflejo es una sana actitud para abordar cualquier proceso de mejora.