La decisión de cuatro comisiones Congreso de insistir con la devolución de los aportes al Sistema Nacional de Pensiones pone en riesgo las pensiones de miles de jubilados y el equilibrio presupuestal del Estado.
Esto a pesar que advertimos los riesgos y presentamos la propuesta de medidas del Ejecutivo que buscan que más peruanos accedan a una pensión.
Se trata de medidas que permitirían atender las necesidades en el corto plazo de los afiliados, pero sin los enormes perjuicios que trae para millones de familias el proyecto que se busca aprobar por insistencia, y que hipoteca el futuro del país.
Vuelvo a señalar lo que ya antes he alertado: el proyecto de ley que busca la devolución de aportes de la ONP alejaría a 4.7 millones de familias de acceder a la protección del sistema de pensiones que garantiza el acceso a una pensión y a la atención de salud.
Además, este proyecto es inconstitucional porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto, y siendo este un sistema contributivo, donde todo lo que ingresa se destina a las pensiones de los jubilados, obliga a que el Estado destine S/15,900 millones de los recursos públicos.
Esto agravaría profundamente las ya afectadas finanzas del Estado, este monto equivale al presupuesto de 3 años de Juntos, Pensión 65 y Qali Warma.
En una situación de pandemia se pretende solucionar problemas de corto plazo de un grupo de afiliados a costa de desprotegerlos por el resto de su vida.
La protección de las pensiones de todos los peruanos es de vital importancia, no debemos comprometer el futuro del país. Hemos hecho enormes esfuerzos por acercarnos al Congreso para buscar una solución conjunta, con prudencia y focalizados en quienes más lo necesitan.
Seguiremos desplegando todos los esfuerzos necesarios para llegar a una propuesta viable en el Pleno del Congreso, que no hipoteque el futuro del país.
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Cerramos octubre con una noticia alentadora. Luego de varios meses a la baja, la inversión pública registró récord de ejecución (6.6%), e incluso superamos las cifras alcanzadas en el mes de octubre de la última década.
Para contrarrestar la caída de la inversión pública por la pandemia, desde abril el MEF puso en marcha la estrategia de seguimiento y asistencia técnica.
Han sido meses de intenso trabajo, en el que equipos del MEF se han desplegado, hasta el momento, a 23 departamento del país, realizando visitas de campo a distintos proyectos para monitorear el avance de las obras y brindar asistencia técnica para su desarrollo.
La inversión pública y gasto en mantenimiento cumplen un papel clave: generan empleo y permiten desarrollar infraestructura para la población.Ayer publicamos el DU de #ArrancaPerú,que apunta a estos objetivos con herramientas para que los 3 niveles de gobierno ejecuten sus obras.
La norma establece transferencias para los Gobiernos locales y regionales que financiarán la ejecución de obras: infraestructura educativa, vías, saneamiento urbano y rural, ampliación de las áreas verdes, drenaje pluvial...
y otras actividades de intervención inmediata que permitirán generar más puestos de trabajo en cada departamento del país, mediante el Programa “Trabaja Perú”.
Pueden leer los detalles del Decreto de Urgencia en este link: bit.ly/2BsrACj
Ayer se publicó el DS que establece medidas hacia una nueva convivencia social e incorpora actividades adicionales que, gradualmente y cumpliendo los protocolos sanitarios del Minsa, podrán iniciar labores desde mañana. Esto nos permitirá activar más puestos de trabajo.
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Entre estas actividades figuran los servicios técnicos y profesionales independientes: técnicos de informática, mantenimiento y reparación de artefactos, empleados de limpieza, gasfiteros, carpinteros, jardineros y electricistas podrán retomar labores.
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Otras actividades también son los servicios de lavandería y peluquería que brindarán servicios a domicilio.
Además, se habilitan servicios de delivery por app y comercio electrónico para ferreterías, librerías, calzado, electrodomésticos, vestuario y artículos de oficina.
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Hoy se publicó el Decreto de Urgencia 059-2020 con medidas que promueven competencia del mercado para la venta de medicinas e insumos relacionados al COVID-19, distribución gratuita de kits de medicamentos a hogares de los pacientes, y otras disposiciones que detallo aquí.
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Una de nuestras principales preocupaciones es que la población pueda acceder a las medicinas que necesita, por eso el DU asigna S/213’957,583 para financiar la adquisición de productos farmacéuticos y distribución gratuita del kit COVID-19.
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Estos kits COVID-19 contendrán medicamentos que serán distribuidos a las farmacias de hospitales y a los domicilios de los pacientes, sin ningún costo. Además, se implementará las recetas electrónicas, y un mecanismo de control sistematizado para atender la demanda.
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Desde que inició el Estado de Emergencia, hemos prorrogado, de manera excepcional, obligaciones en materia tributaria para contribuir a reducir el impacto del COVID-19, y así brindar liquidez y alivio a los hogares y empresas a través de diversas medidas que resumo aquí.
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Una de nuestras primeras acciones fue la prórroga por hasta 3 meses de la declaración mensual y anual, y el pago del impuesto a la renta. Esta medida benefició al 99,5% de los contribuyentes (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas).
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Con el objetivo de que las empresas cuenten con recursos en el corto plazo, se publicó el DL 1471 para que puedan suspender o reducir el monto a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría de los meses de abril a julio del 2020.
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Hoy, mediante Decreto Supremo, el Gobierno aprobó la Fase 1 del Plan de reapertura económica, que comprende 27 actividades que iniciarán operaciones paulatinamente a lo largo del mes de mayo, conforme estas sean habilitadas bajo protocolos sanitarios. 1/8
La reactivación se desarrollará en 4 fases con una reanudación progresiva. La estrategia fue aprobada por el Grupo de Trabajo Multisectorial, conformado por representantes del Poder Ejecutivo, academia, Colegio Médico, trabajadores, empresarios, prensa y Gobiernos regionales.
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La Fase 1 permitirá la reapertura de sectores con menor riesgo sanitario y mayor impacto en la actividad económica y el bienestar de los ciudadanos. La salud de los trabajadores y la población es y seguirá siendo una prioridad en este proceso de reactivación.
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