El servicio de apoyo a la dirección de obras del Metro Donostia (tramos Lugaritz-Miraconcha y Miraconcha-Easo) fue adjudicado a Asmatu en 2017 por 2,3 millones de euros.
El director de Planificación del Transporte fue responsable de medio ambiente de Asmatu entre 2010-2017
El director de Planificación del Transporte del Gobierno vasco, Iván Pedreira, fue responsable del departamento de medio ambiente de Asmatu entre 2010 y 2017.
En diciembre del 2016, Iván Pedreira fue nombrado Director de Administración Ambiental del Gobierno vasco.
Su hermana, Mónica Pedreira, es la directora general de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa y en su día presidió una empresa creada por la gerente del vertedero de Zaldibar, ahora imputada.
El fundador de Asmatu llegó a vicepresidir una empresa creada por los hijos de Juan Mari Atutxa, expresidente del Parlamento vasco.
Iskander Atutxa era arquitecto del ayuntamiento de Zaldibar cuando cambiaron las normas subsididarias para facilitar la instalación del vertedero.
En 2012, adjudicaron la construcción del tramo Lugaritz-La Concha por 40,5 millones de euros sin IVA a la UTE conformada por Dragados, Iza, Amenabar y Lurgoien.
El actual director de Eusko Trenbide Sarea, Ernesto Martínez de Cabredo, era por entonces gerente de Amenabar.
Durante su etapa de director de URA (Agencia Vasca del Agua) llegó a presidir una empresa creada por el responsable del vertedero de Zaldibar, ahora imputado.
Eneko Goenaga Egibar, excandidato del pnv y sobrino del burukide Joseba Egibar, es director del departamento jurídico del Grupo Amenabar y participó en la defensa del exteniente de diputado general alavés Alfredo De Miguel, ahora condenado por corrupción.
La directora de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa, Mónica Pedreira, fue directora de medio ambiente de Construcciones Amenabar.
Roberto Otxandio, exalcalde del PNV en Basauri , fue director gerente una empresa del Grupo Amenabar.
Iñaki Txueka, exdiputado del PNV, mantuvo relaciones societarias con el Grupo Amenabar.
Iza y Dragados, adjudicatarias de la construcción del tramo Lugaritz-La Concha, fueron investigadas por irregularidades en el tramo Beasain Este del TAV.
Las obras de Beasain Este fueron adjudicadas en julio del 2009 por el entonces Consejero de Transportes Iñaki Arriola, alcalde de Eibar hasta mayo del 2009.
Su entonces secretario de alcaldía ejercía de representante del vertedero de Zaldibar.
Alberto Paris, nombrado apoderado de Iza en 1998, fue secretario de Socebasque SL: empresa de la que era consejero Jon Iñaki Echaburu, constructor condenado por el caso De Miguel.
Pablo García, director de Vivienda y Arquitectura del Gobierno vasco, fue el arquitecto de una obra desarrollada por Iza en Ortuella en 2014.
El tramo Lugaritz-Miraconcha del Metro Donostia fue adjudicado por 38,1 millones a la UTE Moyua, Viuda de Sainz y Comsa.
Joanes Labayen, esposo de la presidenta del Parlamento vasco, es abogado del despacho de abogados que asesoró a Alfredo De Miguel y ejerce de secretario del Grupo Moyua, adjudicatario del tramo Lugaritz-Miraconcha del Metro Donostia.
José Félix Basozabal, exviceconsejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno vasco, estableció la delegación en Bizkaia del Grupo Moyua, gran adjudicataria de las labores de emergencia por el derrumbe del vertedero de Zaldibar.
César Fernández, edil en Gasteiz, fue responsable en Araba del Grupo Moyua.
Viuda de Sainz, adjudicataria del tramo Lugaritz-Miraconcha del Metro Donostia, fichó al extesorero del Bizkai Buru Batzar, Xabier Sagredo, para dirigir su filial Transitia. Ahora preside la BBK y es consejero de Iberdrola.
Construcciones Cantábricas, filial de Viuda de Sainz, fichó al exalcalde de Zeberio Humberto Perea, expresidente de la Asociación de Constructores de Bizkaia y ahora miembro del Bizkai Buru Batzar.
José Alberto Pradera, exDiputado General de Bizkaia implicado en los papeles de Panamá, entre 2002 y 2010 fue asesor regional de Comsa: implicada en la trama del 3% en Catalunya y adjudicataria del tramo Lugaritz-Miraconcha del Metro Donostia.
El servicio de diseño y producción de una maqueta de estación tipo del tramo Lugaritz-Morlans del Metro de Donostialdea fue adjudicado a la agencia Aurman por cerca de 44.000 euros. Aurman diseñó el logotipo del PNV.
El promotor de negocios de Aurman, Gabino Martínez de Arenaza, fue alcalde de Alonsotegi y está imputado por corrupción.
El tramo Miraconcha-Easo se adjudicó por 53,2 millones de a la UTE Sacyr-Cavosa-Campezo-Mariezcurrena-Zubieder.
Pabisa (del grupo Campezo, adjudicatario del tramo Miraconcha-Easo) está implicada en la trama de irregularidades en la gestión municipal en el ayuntamiento de Alonsotegi por las que están imputados tres exalcaldes del PNV del municipio.
Manu Galíndez, tío del exalcalde imputado Gabino Martínez de Arenaza y fundador de Pabisa, fue candidato del PNV en Alonsotegi.
Urkullu, Lehendakari que creció en Alonsotegi, entregó un premio Jose Mari Korta 2015 a Manu Galíndez.
La Comisión Nacional de la Competencia condenó en 2011 a Campezo (adjudicataria del tramo Miraconcha-Easo) y a Orsa (del Grupo Moyua, adjudicatario del tramo Lugaritz-Miraconcha del Metro Donostia) por liderar un “cártel del asfalto”.
El fundador de Campezo fue imputado por caso PWC-IBM junto a un extesorero de Fundación Sabino Arana.
El director general de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, exvicepresidente ejecutivo de Euskal Trenbide Sarea, César Gimeno, fue director general de Campezo entre 1998 y 2007.
Txaro Rodrigo, exdirectora de recursos humanos de Construcciones Campezo entre 2005 y 2013, es la actual Directora General de Atención a la Dependencia y la Discapacidad de la Diputación de Gipuzkoa.
Entre 1995 y 2005, Txaro Rodrigo fue directora de recursos humanos en Aztertzen y en Biharko: empresas del sector de las residencias por cuyos consejos han desfilado exburukides del PNV y los hijos del expresidente del Parlamento vasco Juan Mari Atutxa.
Campezo es cliente de Itsak SL, empresa dirigida por la hija del expresidente de la fundación Sabino Arana y exconsejero de Iberdrola Juan Mari Atutxa. Itsak promovió la creación de una fundación presidida por un exdiputado del PNV condenado por corrupción e indultado por el PP.
El PNV vulneró la financiación legal de partidos al cobrar de Sacyr (adjudicataria del tramo Miraconcha-Easo) 13.000 euros en cheques entre 2008 y 2009 a través de una empresa del partido.
Sacyr ha estado implicada en los papeles de Bárcenas sobre donaciones al PP.
Entre 1987 y 2007, fecha en la que se prohíben las donaciones anónimas, el PNV había recibido 27,5 millones de euros por este concepto en el citado periodo.
Los servicios de redacción del proyecto de construcción del tramo Altza-Galtzaborda del Metro Donostia fueron adjudicados a Eptisa por más de medio millón de euros.
Desde marzo de 2008, el presidente del Consejo de Administración de Eptisa es Josu Bergara, exdiputado general de Bizkaia y exconsejero de Obras Públicas del Gobierno vasco.
Entre 2009 y 2011, Joseba Andoni Leizaola, expresidente del Parlamento vasco, fue consejero de Eptisa.
La adjudicación del tramo La Concha-Morlans no llegó a finalizarse.
En abril de 2014, de mutuo acuerdo, la Viceconsejería de Administración acordó indemnizar a la UTE adjudicataria con cerca de 1,5 millones de euros.
El citado tramo fue adjudicado por 50 millones a la UTE formada por Altuna y Uría, Corsan-Corviam y Cycasa Canteras y Construcciones.
El asunto motivó un expediente del Tribunal de Cuentas.
El entonces secretario de la alcaldía en Eibar de Iñaki Arriola, ahora consejero de Transportes y exconsejero de Medio Ambiente del Gobierno vasco, era representante del vertedero de Zaldibar y ahora ejerce de consultor en Altuna y Uría.
En la firma del contrato por la incineradora de Zubieta, el representante de Altuna y Uría era un exalto cargo del Gobierno vasco, Martín Ascacibar, condenado en 2018 por el fiasco de la planta de purines de Karrantza.
Una de las firmas de la citada UTE, Corsán, había sido adjudicataria del tramo Amorebieta Etxano Lemoa del AVE.
El tramo figura en una investigación sobre sobornos en las obras del AVE. Formó UTE con Urazca: implicada en los papeles de Bárcenas y en la trama del caso De Miguel.
En octubre del 2018, la CNMC expedientó a Corsán (filial de Isolux) por amañar licitaciones públicas.
Caja Navarra llegó a adquirir el 11,4% del grupo Isolux en 2004.
A partir de 2005, Isolux comenzó a ser adjudicataria en Euskadi.
Entre 2005 y 2017, Isolux se hizo con 550 millones en Euskadi.
En Euskadi 4 tramos del AVE y 2 tramos del TAV llevan su sello: vinculado al soborno.
Está vinculada a una investigación sobre financiación ilegal de CDC y uno de sus directivos figura en los papeles de Bárcenas.
Altuna y Uría recibió en el año 2010 un premio de la Fundación Sabino Arana, entidad que llegó a presidir Juan Mari Atutxa.
El tramo del TAV de Hernialde-Zizurkil fue adjudicado a una UTE de Altuna y Uria y Cycasa: 934.326 euros.
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Las relaciones de burukides del PNV con los propietarios de Asunción Klinika de Tolosa, clínica que acumula 41 contagios por Covid y de los que 35 corresponden a trabajadores.
Jesús María Gómez, propietario de la clínica, fue presidente de la Asociación de Centros Gerontológicos de Gipuzkoa, perteneciente a la patronal Adegi.
Junto a Iñigo Lasuen, exalcalde del PNV de Otxandio, ha venido administrando Pro Maiorem Zaindu y Zurekin Bus.
Gómez y Lasuen han impulsado la asociación de empresarios Garen, asociada bajo las siglas ACGG a la Asociación de Centros Gerontológicos de Gipuzkoa en la patronal de las residencias .
ACGG representa el 10% de la patronal de residencias en Gipuzkoa.
Iskander Atutxa (entonces arquitecto del ayuntamiento) y Javier Aldamiz-Etxebarria (más tarde asesor urbanístico del ayuntamiento) crearon una empresa para promover el fallido proyecto de Txupetxa (tumbado por el TSJPV) en terrenos de la familia de la alcalde de Lezama.
Atutxa y Aldamiz-Etxebarria crearon Euskaser para promover el proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución 2 denominada Txupetxa de Lezama en terrenos de la familia de la entonces alcalde y tumbado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo.
A finales del 2019, el alcalde de Mundaka decidió no prorrogar el contrato que prestaba Aldamiz-Etxebarria Gabinete Jurídico y poco después se desató una campaña contra el regidor que ha acabado con el anuncio de la presentación de una moción de censura por parte del PNV.
Pedro Altamira, exdirector de la UTAP de la Ertzaintza conocido por los alias de El cajas y El ladrón de Bagdag, dirige dos de las investigadas 97S&F y Gizarpro con la ayuda de Leandro Ardanza.
Pedro Altamira y Carlos Lambarri (exviceconsejero de Hacienda del Gobierno vasco y primer director de Euskaltel) constituyeron en 2003 la sociedad panameña Hub de las Américas SA con la ayuda de Leandro Ardanza.
El Gobierno vasco pagó a Nueva Sibol 1.074.316 euros para hacerse con mascarillas tipo FFP2 (194.560 unidades, a 2,72 euros la unidad) y FFP3 (192.000 unidades, a 3,32 euros la unidad).
Osakidetza compró el 2 de marzo 500.000 máscaras que la empresa Nueva Sibol se comprometió a entregar entre marzo y junio.
Hay dos contratos publicados por Lakua en torno a Sibol. El primero, de abril, asciende a 331.009 euros. El segundo, de mayo, asciende a 1.074.316 euros.
El primer contrato es para mascarillas autofiltrantes FFP3 (número de unidades no especifica), a 3,32 euros la unidad.
La Xunta invirtió más de 230.000 euros para adquirir parte de estas mascarillas (70.000 unidades) tras la firma de un convenio en marzo con Osakidetza.
Empresas, asociaciones y fundaciones conectadas a excargos del PNV gestionan residencias para mayores y representan el 53% de la patronal de residencias en Bizkaia y el 37% en Gipuzkoa.
Al menos el 19,4% de las residencias para mayores, 61 de las 314 que operan en Euskadi, está en manos de esta red creada por excargos del PNV y con puerta giratoria para miembros del partido.
Seis de sus residencias figuran en las 14 denuncias presentadas por el sindicato ELA en torno a la gestión frente a la crisis sanitaria del Covid en las residencias.
El arquitecto de Zaldibar (más tarde vinculado a una denuncia contra un exalcalde de Bakio); el alcalde (más tarde socio del arquitecto); y un Diputado (inhabilitado para ejercer de alcalde de Galdakao) aprobaron una modificación de normas que permitió instalar el vertedero
El responsable del Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo de la Diputación de Bizkaia, el exalcalde de Galdakao Patxi Sierra-Sesumaga, inhabilitado en 2001 para ejercer de alcalde, aprobó a finales del 2002 la "Modificación de las Normas Subsidiarias de Zaldibar".
La "Modificación de las Normas Subsidiarias de Zaldibar" consistía en "la regulación del uso de rellenos, vertederos y acondicionamiento de terrenos”.