Hoy culmina el juicio por supuesta violación de la cuarentena de la activista María Esther Roa, quien se expone a una pena de 1 año y 8 meses o una multa, mientras la Fiscalía sigue sin imputar al gobernador Hugo Javier; caso que va camino al blanqueamiento y el oparei. Hilo 
La activista está acusada por la Fiscalía de encabezar una manifestación ciudadana contra la corrupción exigiendo transparencia en el uso de los recursos destinados a la pandemia del coronavirus y así violar la cuarentena, según lo dispuso el fiscal Juan C. Ruiz Díaz.
María E. Roa, quien lideraba la Comisión Escrache Ciudadano y hace varios meses viene cuestionando y pidiendo la renuncia de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez Roa sostiene que la fiscal general no es idónea para el cargo y que formaría parte del "pacto de impunidad"
Desde el Ministerio Público designaron hasta a dos fiscales para atender el caso de la activista y solicitaron inmediatamente la elevación a juicio oral de la causa, siendo implacable con María Esther Roa, pero complacientes con Hugo Javier, quien todavía no fue imputado.
Roa también fue sometida a medidas cautelares solicitadas por la fiscalía, que incluyen la prohibición de su participación en actos de manifestación violando su derecho de reunirse y manifestarse, libertad consagrada en la Construcción Nacional
Al igual que la activista Roa, también fueron imputados Juan Galeano Grassi y Candidato Brizuela por liderar una caravana contra la corrupción del gobierno de Mario Abdo en el mes de julio de 2020.
Lo más lamentable de todo esto es el actuar del Ministerio Público que es implacable y rápido para procesar a manifestantes, pero condescendiente con autoridades como el caso del gobernador cartista Hugo Javier, quien impune y estaría protegido por la propia fiscalía.
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