Alberto Ayala Cantalicio, el “histórico líder ultra” que dirige la asociación vecinal que convocó la marcha anti-LGTBI en Chueca autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid.
Ejerce de portavoz de la asociación de vecinos San Blas-Canillejas.
Fue cabecilla del grupo Juventudes Canillejas, considerada en su día “una de las facciones más violentas de Ultrasur” integrada en “la red Hammer Skin, uno de los grupos más violentos, xenófobos y racistas”.
También lideró Combat España, “para renacer de sus cenizas a Bases Autónomas”.
Exmiembro del Movimiento Social Republicano, Movimiento Patriota Socialista, Acción Nacional Revolucionaria y Mesa Nacional por la Revolución, en la última con el ultra Ricardo Saénz de Ynestrillas.
Entre 1995 y 2003, detenido en 6 ocasiones por delitos contra los derechos fundamentales; agresiones a reporteros gráficos y a ciudadanos de origen marroquí y rumano; atentado a agentes de seguridad; intento de quema de un bar; exhibición de símbolos franquistas en Bonn;…
Además, fue detenido junto al responsable informático de los grupos neonazis y xenófobos en el Estado español.
En los últimos años ha ejercido de acusación particular en el juicio en torno a una razia ultra contra MENAs en la que resultaron lesionados dos presuntos miembros del grupo Bastión Central.
También ha ejercido de tertuliano en Radio Intereconomía junto a un exinspector jefe del CNP y el presidente de la Asociación de Militares de Tropa.
También ha sido uno de los convocantes de manifestaciones junto a miembros de VOX y Democracia Nacional.
En la marcha de Chueca también ha participado José Luis Roberto Navarro, conocido ultra valenciano que lideró reuniones con miembros de Falange Vasca.
Una exdirectiva de Falange Vaca ha sido fichada por el PP vasco.
En las reuniones de José Luis Roberto Navarro con Falange Vasca también participó un fundador de Falange y Tradición, condenado en firme en 2016 por el Tribunal Supremo por cometer atentados en Euskal Herria.
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La esposa del presidente de la CEOE preside Tamar Las Arenas, sancionada por pertenecer al cártel de los comedores.
El propio Antonio Garamendi fue vicepresidente de una consultora en cuyo consejo figuraba la actual directora del gabinete del Diputado General de Bizkaia.
María Acha, esposa de Antonio Garamendi, preside Tamar Las Arenas.
Esta empresa, controlada por familiares de María Acha, fue sancionada por el TSJPV con una multa de 443.339 euros por participar en el cártel de los comedores.
El TSJPV decidió rebajar la multa que le impuso la Autoridad Vasca de la Competencia.
El Gobierno vasco adjudicó año tras año a las mismas empresas, sin que tuvieran competencia alguna en sus lotes.
Josu Jon Imaz, expresidente del PNV y exconsejero de Industria del Gobierno Vasco, pasó a ser presidente de Petronor y ahora es el número dos de Repsol.
Jon Azua, exvicelehendakari, es ahora socio del fundador de Gamesa en la sociedad Fenix Oil & Gas.
Joseba Andoni Aurrekoetxea, número dos del PNV, ha venido ejerciendo de representante de Enagás, de consejero en Bahía de Bizkaia Gas y ahora preside Bahía de Bizkaia Fotovoltáica.
Iñaki Alzaga, presidente del Grupo Noticias y exconsejero de Edit. Iparraguirre, preside Nortegas.
Emiliano López Atxurra, exmiembro del consejo económico asesor de Lehendakaritza, preside Ibil y Petronor.
Juan Mari Atutxa, expresidente del Parlamento Vasco y exconsejero de Interior, fue fichado por Iberdrola y pasó al consejo de Bahía de Bizkaia Gas.
¿Quién se mueve detrás de las relaciones societarias del "histórico narco bilbaíno" detenido junto a un ertzaina por su implicación en un alijo de 862 kilos de cocaína procedente de cárteles mexicanos y colombianos?
La atribución de "histórico narco" podría ser exagerada y solo está fundamentada en los 11 meses de prisión que pasó en una cárcel de Bolivia.
A su llegada a Bilbao en 2013, el ahora denominado "histórico narco" fue entrevistado por varios medios, incluyendo La Sexta y ETB.
El "histórico narco", declarado en rebeldía por un juzgado de Bolivia y acusado de tráfico de cocaína, afirmó haber sido extorsionado por un fiscal y denunció la dejadez del consulado y del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Gonzalo Sánchez, presidente de PwC España, afirmó en 2017 que la consultora no estaba entre las investigadas por formar un cártel, “jamás se nos ocurriría hacer algo así”.
Gonzalo Sánchez fue responsable de “zona norte” de PwC hasta el año 2015 y en junio del 2018 fichó como responsable de “zona norte” al exburukide Asier Atutxa, hijo del exconsejero de Interior del Gobierno vasco.
En enero del 2017, la Autoridad Vasca de la Competencia y varios inspectores de la Autoridad Catalana de la Competencia registraron las sedes de varias consultoras del cártel, pero entre ellas no se encontraba PwC.