Diputados solicitaron a @arnaldogiuzzio un informe sobre la licitación de "vaka'i de oro" en el Ministerio del Interior. Giuzzio había pagado G. 18.250 por lata de vaka'i, superando incluso al precio minorista de "Casa Rica" dónde sólo cuesta G. 12.800 de la misma marca.
En este hilo pueden leer un informe especial detallados sobre la compra de vaka'i oro adquiridos por @arnaldogiuzzio
También los diputados solicitaron informe a la SENAD sobre compras de "pate de oro" cuando Arnaldo Giuzzio era ministro de la Secretaría Antidrogas en el 2019.
En este hilo pueden leer un informe especial sobre compras de pate de oro de @arnaldogiuzzio
Giuzzio sobrefacturó G. 1.200 millones en compras de pistolas de oro, superando ampliamente el precio histórico que paga el Estado. El atraco se realizó a plena luz del día, cuando el propio @arnaldogiuzzio eliminó la empresa con mejor oferta y adjudicó a una empresa amiga. Hilo
Mientras organizaciones criminales avanzan y los hechos delictivos no dan tregua a la ciudadanía; Arnaldo Giuzzio apuró una licitación pagando G. 2.472.315 más por cada pistola glock, según documentaciones de importación de la aduana. Seguí el hilo y te explico en detalles:
Lo primero que hizo GIuzzio fue eliminar a la empresa Trans Center SRL que ofertó G. 6.400.000 por pistola y adjudicó a la oferta más cara G. 7.799.000 hecha por la empresa DSR S.A. Esta es la que estaría pagando comisión y por eso es la más mimada en el Ministerio del Interior.
Arnaldo Giuzzio compró "vaka'i de oro" para el personal de la Policía a G. 18.250, aumentando el precio histórico del Ministerio del Interior hasta 127% más caro. Inclusive superó al precio del local "Casa Rica" dónde sólo cuesta G. 12.800 por unidad y de la misma marca. Hilo
La sobrefacturación de la peculiar lata de carne conocida popularmente como "vaka'i" figura en contrataciones públicas. Según el portal, el 10/08/21 fue adjudicada a la empresa Samal, con un monto de G. 109.500.000 por 6.000 unidades de vaka'i marca norte de procedencia brasileña
La grosera sobrefacturación de vaka'i se puede ver comparando el precio adquirido por Giuzzio en el 2021, con otras licitaciones del Ministerio del Interior entre 2018 y 2020, donde se puede encontrar un sobrecosto que llega a 127% más que los precios históricos.
Hoy culmina el juicio por supuesta violación de la cuarentena de la activista María Esther Roa, quien se expone a una pena de 1 año y 8 meses o una multa, mientras la Fiscalía sigue sin imputar al gobernador Hugo Javier; caso que va camino al blanqueamiento y el oparei. Hilo
La activista está acusada por la Fiscalía de encabezar una manifestación ciudadana contra la corrupción exigiendo transparencia en el uso de los recursos destinados a la pandemia del coronavirus y así violar la cuarentena, según lo dispuso el fiscal Juan C. Ruiz Díaz.
María E. Roa, quien lideraba la Comisión Escrache Ciudadano y hace varios meses viene cuestionando y pidiendo la renuncia de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez Roa sostiene que la fiscal general no es idónea para el cargo y que formaría parte del "pacto de impunidad"
En la zona urbana cerca de 145.000 siguen quemando sus basuras y más de 1.413 tiran sus basuras en arroyo, río o laguna. ¿Cómo carajos se puede tirar basuras en arroyos?
En la zona rural 454.000 hogares queman su basura y 106.356 hogares "eliminan" su basura enterrando en un hoyo. 🤔
Finalmente la Contraloría ratificó lo que ya sabíamos sobre la deuda ilegal en Itaipú, que contó con la complicidad de los representantes paraguayos de ese momento. El atraco se gestó durante la administración de Enzo Debernardi quien sería el principal responsable. HILO
Hago la aclaración que el informe de la contraloría sobre la deuda de Itaipú tiene muchas limitaciones, ya que no fue una revisión integral de todas las operaciones. En el mismo los propios auditores reconocen que existen limitaciones y deficiencias en el informe final.
Revisando algunos libros sobre Itaipú, encontré que en el año 2000, Aníbal Miranda en su libro Los Dueños de Grandes Fortunas ya hizo mención a un informe de la Contraloría donde concluyeron que las autoridades de Itaipú aplicaron tarifas por debajo del costo, violando el tratado