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Arranca el décimo tercer foro del Parlamento Abierto de la #ReformaEléctrica en la Cámara de Diputados, titulado “Constitucionalidad y Legalidad de la Reforma Eléctrica”. Iniciamos 🧵

Georgina Velasco Zanella, coordinadora de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado General de la CFE, dijo que la reforma de 2013 generó un peligro de la balcanización de las redes eléctricas.

La abogada aseguró que las condiciones de competencia son asimétricas, porque tiene que comprar la energía a sus competidores y no puede emitir Certificados de Energía Limpia.

Carlos Rodríguez Sámano, secretario del Consejo de Directores de la Asociación Mexicana de Energía, aseguró que el trabajo conjunto de los privados con la CFE permite ahorrar recursos y generar energía más limpia.

Rodríguez Sámano aseguró que un porcentaje significativo de la electricidad que recibimos proviene de CFE y privados, y alcanza 69%.

La iniciativa de reforma habla de la cancelación de permisos de generación y otorga discrecionalidad a la CFE para tomar decisiones sobre el mercado sin la oportunidad de una defensa legal, considera el representante de la Asociación Mexicana de Energía.

Eduardo Andrade Sánchez, profesor de Derecho Constitucional, aseguró que el Estado debe regir los servicios públicos, y el abasto de electricidad no debería estar en un esquema de mercado.

Dijo que en este momento hay dos visiones constitucionales sobre el sistema eléctrico: la de mercado, que se dedica a impulsar las ganancias y la de beneficio social.

El especialista consideró que los Certificados de Energía Limpia son “certificados de estafa limpia”, porque no se otorgan a las hidroeléctricas de la CFE.

Andrade Sánchez acusó que hay un acuerdo de los particulares para establecer precios en el mercado eléctrico, lo que lo hace anticompetitivo.

Raul Pérez Johnston, representante del Instituto Mexicano por el Estado de Derecho, aseguró que la rectoría del Estado nunca ha estado comprometida.

El cambio constitucional propuesto, dice, puede generar más daños que beneficios al sector energético, pero nadie se opone a mejorar las condiciones de la CFE para que tenga una mejor situación financiera y sustentabilidad.

“Sin embargo, el hecho de pensar que una reforma constitucional puede justificar la afectación de derecho no es viable”, asegura Pérez Johnston.

Nadie piensa en el agua que se tiene que desperdiciar para echar a andar las turbinas de las hidroeléctricas, mencionó el especialista legal.

Georgina Velasco Zanella reconoció que echar a andar las plantas de ciclo combinado genera contaminación, pero se echan a andar para respaldar la intermitencia, porque hay nodos donde hay una gran concentración de generadores.

Dijo que no se puede permitir que haya apagones, por lo que CFE tiene la necesidad de subir a la red el respaldo para las energías limpias.

Carlos Rodríguez Sámano consideró que México camina hacia un futuro que requiere satisfacer la demanda con la energía más limpia posible, con un sistema confiable, pero eso no se revuelve con otorgar discrecionalidad a la CFE.

No debemos usar la constitución para cancelar contratos o revocar permisos, mencionó Rodríguez Sámano.

Dijo que la misión no es solo fortalecer a la CFE, sino a todo el país y coordinar un sistema eléctrico confiable.

Reconoció que el sector seguramente necesita mejoras, pero no se debe violar el Estado de derecho.

El despacho de las centrales está ordenado por el Cenace y los privados no se salen del sistema por su propia voluntad.

Zanella aseguró que el Cenace regula la interconexión, pero no se le puede negar a un privado establecer una planta en una zona donde no haya infraestructura.

Comentó que lo que reclama la CFE es que el sector privado permita hacer las planeaciones necesarias para dar confiabilidad al sistema.

Eduardo Andrade Sánchez comentó que “ojalá, en algún momento se le diera la exclusividad” a la CFE.

Consideró que los compromisos internacionales tienen cláusulas de salida, como el T-MEC, que establece la reserva de que el país modifique la ley en beneficio del país.

“El modelo consistía en partir en pedazos a la CFE para que compitiera con privados, pero en realidad está cediendo recursos públicos”, dijo Andrade Sánchez.

Raul Pérez Johnston dijo que un órgano legislador sin límites puede dañar los intereses del país, y eso no es concebible en el siglo XXI.

Andrade Sánchez mencionó que cuando la constitución se reforma es la base del Estado de derecho.

Pueden existir condiciones que establezcan una limitación de los legisladores, pero “será la realidad política” la que determine las acciones del constituyente.

Georgina Zanella mencionó que lo que se ha podido hacer en materia de regulación secundaria ya se realizó.

Aseguró que la iniciativa de reforma no otorgará discrecionalidad a la CFE y permitirá mejorar la regulación secundaria.

“Estamos generando un problema por posiciones políticas, por desconfianza y porque no estamos dentro del esquema de CFE”, consideró Zanella.

Dijo que en febrero del año pasado se generó la crisis de apagones por el alza en el costo del gas y los privados se salieron del sistema.

Carlos Rodríguez Sámano aseguró que los privados no “huyeron” para atender el apagón de febrero.

Dijo que el Cenace gestionó “de maravilla” el apagón de febrero, en coordinación con la CFE, pero los privados entraron a la red cuando se lo ordenó el Cenace.

Aseguró que el Cenace es quien aprueba o niega las interconexiones de los privados.

Raul Pérez Johnston consideró que una visión moderna del constitucionalismo incluye a los derechos humanos como una limitante a los cambios constitucionales. Previamente dijo que la iniciativa viola el derecho humano a una vida digna.

El artículo 27 de la Constitución señala que México tendrá que pagar indemnizaciones en caso de que haya expropiaciones, recordó Pérez Johnston.

Eduardo Andrade Sánchez dijo que en caso de ser necesario se realizarán indemnizaciones, pero los contratos que violaron la ley pueden ser cancelados por el Estado unilateralmente, sin generar costos para el país.

“El costo que pueda tener la reconversión hacia el sistema bajo el control del Estado está más que justificada”, consideró Andrade Sánchez.

Añadió que no se puede confundir los derechos del mercado con los derechos humanos.

Carlos Rodríguez aseguró que las inversiones del sector eléctrico no se hacen de un día para otro, y que la mayoría de las empresas llegan para quedarse.

Georgina Zanella aclaró que la cancelación de los contratos establecida en la iniciativa de reforma solo se refiere a los contratos que violan la ley.

Andrade Sánchez aseguró que los tratados internacionales no están por encima de la Constitución.

Consideró que el cambio constitucional propuesto por el gobierno federal dará certeza a la rectoría del Estado en el sistema eléctrico.

Carlos Rodríguez Sámano dijo que no hay contratos que hasta el momento se hayan reconocido como ilegales, pero la CRE puede iniciar procesos de revisión para establecer si hay contratos violatorios.

Georgina Zanella aseguró que hay quienes simulan cumplir con los requisitos de la ley, pero establecen un mercado paralelo para comercializar la electricidad, lo que está prohibido por la regulación.

“Queremos un piso parejo, no una reforma que generó una profunda asimetría”, añadió Zanella.

Carlos Rodríguez Sámano dijo que los préstamos de la Banca de Desarrollo otorgados a los privados se tienen que pagar, pues no regalan el dinero para un proyecto.

Georgina Zanella consideró que las licitaciones son una herramienta para otorgar un contrato, pero la CFE no quiere un marco constitucional y legislativo que permita modelos perjudiciales para el país.

Carlos Rodríguez Sámano dijo que México entró tarde a la transición energética en comparación con el resto de América Latina.

“Estamos en la cola de la fila de Latinoamérica en materia de reformas constitucionales”, dijo, al tiempo que consideró que la iniciativa de reforma es regresiva.

Eduardo Andrade Sánchez aseguró que el modelo neoliberal va de salida, por lo que es bueno que México no se haya metido más en él.

Raul Pérez Johnston, preguntó de dónde va a salir el dinero para indemnizar a los privados e invertir lo que necesita el país en infraestructura eléctrica en esta “República austera”.

La implementación de la Constitución de 1917 generó 30 años de litigios, recordó Pérez Johnston, situación que se puede repetir con la aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica.

Carlos Rodríguez Sámano aseguró que el sistema eléctrico debe ceñirse a la modernidad y no están en contra de modificar la normatividad del sector, aunque reiteró que no es necesario una reforma constitucional.

Eduardo Andrade recordó que CFE pudo electrificar a gran parte del país sin necesidad de la iniciativa privada.

Raul Pérez Johnston dijo que el modelo que se propone requerirá una gran cantidad de recursos públicos para invertir, lo que saldrá de impuestos o deuda, pidió revisar que “no nos salga más caro el caldo que las albóndigas”.

Concluye el décimo tercer foro del Parlamento Abierto de la #ReformaEléctrica en la Cámara de Diputados, titulado “Constitucionalidad y Legalidad de la Reforma Eléctrica”. Cerramos🧵.