Thread by @_elfaro_

#ElSalvador | Según la “Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022” del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, El Salvador ha obtenido una puntuación de 4.20, ubicándole en la posición 14 de 17.

➡️La evaluación realizada por el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, considera que #ElSalvador tiene un puntaje de 8.17 en materia de legislación, 2.23 al referirse a autoridades y un 6.99 cuando se refiere a la implementación de de leyes.

➡️Estos punteos derivan de "la segunda edición
de un estudio regional para diecisiete países que
mapea los esfuerzos legales para prevenir y combatir la
corrupción", según dice el informe del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional.

➡️"Este estudio se enfoca desde la práctica jurídica para hacer un diagnóstico de la legislación, autoridades e implementación para prevenir, sancionar y combatir la corrupción", dice el informe publicado desde el 16 de marzo.
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➡️ Dentro de su análisis regional, el informe afirma que: "La falta de voluntad política para combatir la corrupción, ha llevado a hacer inexistentes esfuerzos anticorrupción en países como #Venezuela, o ver políticas regresivas como en #Guatemala, #Honduras o #ElSalvador".

➡️Además, el informe señala que: "En #Venezuela, #Guatemala, #ElSalvador y #México existen límites o acciones de represión como mecanismo de desincentivo para investigar, descubrir o denunciar actos de corrupción".

➡️El informe sostiene que, a pesar de que ElSalvador tiene cuerpos de ley de contraloría y transparencia, "De acuerdo con la comunidad jurídica consultada, el marco normativo anticorrupción es insuficiente". Es decir, no posee leyes o políticas anticorrupción.

➡️"Los principales desafíos para la aplicabilidad del marco jurídico son un control fuerte del poder ejecutivo y un uso político del combate a la corrupción, mecanismos de detección y prevención de corrupción insuficientes, y falta de independencia judicial", señala el informe.

➡️El informe también señala que "la falta de voluntad política del poder ejecutivo actual" se evidencia con "la terminación del acuerdo de cooperación de 2019 con la Organización de Estados Americanos (OEA) para respaldar a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES)".