Entre diciembre y enero de 1952, luego del fallido golpe del general Menéndez y las elecciones que consagraron a Perón reelecto en la presidencia de la Nación, el ex coronel José Francisco Suárez comando un nuevo movimiento que se proponía el asesinato de Perón y de Eva Duarte.
Los comicios electorales del 11 de noviembre de 1951 habían dado como ganador a Perón con el 63,51% de los votos, cerca de 4.700.000 votos, y en segundo lugar había quedado Ricardo Balbín, principal opositor, con el 32,33%, 2.400.000 votos.
El Partido Peronista lograba el control absoluto del Senado una vez más, elegido por primera vez por voto popular directo; también obtuvieron casi todas las bancas de la Cámara de Diputados (salvo catorce), y ganaron las gobernaciones de todas las provincias.
La campaña electoral, que estuvo marcada por el intento de golpe encabezado por el general Menéndez, fue difícil para la oposición ya que no les era permitido el acceso a las radioemisoras, y los diarios se manifestaban abiertamente partidarios de los candidatos peronistas.
Sólo por medio de reuniones al aire libre la oposición podía exponer sus programas, y aún para ello dependían de las autoridades policiales para obtener autorización para el lugar y la fecha que tendrían que llevarse a cabo.
Aún cuando las reuniones eran permitidas por la policía, estos opositores eran blanco de ataques físicos, como ocurrió con el candidato comunista Rodolfo Ghioldi, quien fue baleado por la espalda en un acto electoral de su partido.
Otra desventaja que tuvieron fue que una gran parte de los candidatos opositores estaban detenidos al momento de la campaña electoral y de la elección. Por ejemplo los candidatos del Partido Socialista a la presidencia y vicepresidencia, Alfredo Palacios y Américo Ghioldi,
así como la mayoría de los nominados para integrar el Congreso, estaban en presión o permanecían ocultos de la policía. Reynaldo Pastor, candidato a presidente por el Partido Demócrata, también estaba detenido, al igual que otros dirigentes conservadores y también radicales.
Luego de esa campaña, los opositores descartando la lucha electoral como medio para destituir a Perón, y a pesar de la gran dispersión que siguió al fracaso intento de Menéndez, se lanzaron abiertamente a la conspiración como medio de lucha opositora.
A principios de 1952, estos dirigentes se unieron con el ex coronel, recientemente eliminado de la lista de retirados y privado de su derecho a pensión, José Francisco Suárez, quien empezó a liderar el próximo intento de golpe de estado, pero más violento que los otros intentos.
Se habían unido a él varios cientos de civiles, oficiales en retiro, un ex funcionario policial y unos pocos oficiales del Ejército y la Marina, que habían logrado continuar en servicio activo luego de la purga en las Fuerzas que se sucedieron al fallido golpe de septiembre.
El plan contemplaba la toma simultánea de la Casa Rosada, el Correo Central y el Departamento Central de la Policía, pero su objetivo principal era la residencia presidencial en la avenida Libertador. Allí se utilizarían camiones pesados para derrumbar la reja de entrada,
permitiendo así que fuerzas de choque bien armadas entraran en el edificio y liquidaran a sus habitantes. La conspiración de Suárez se planeó para que coincidiera con el centenario de la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1952.
Por desgracia para los conspiradores, en su ansiedad para que el golpe ocurriera el 3 de febrero, resultaron víctimas de su propio descuido; habían incluido en sus filas a un agente del Servicio de Informaciones de Aeronáutica, que los traicionó ante las autoridades.
Antes que pudieran actuar, la policía se movilizó, apresó a Suárez y a sus principales colaboradores, con el subsiguiente arresto de cientos de miembros de la Unión Cívica Radical, y de otros grupos de oposición.
La censura impidió que las noticias llegaran a los diarios, pero informes sobre los arrestos y las torturas al coronel Suárez, y otros prisioneros, circularon pronto, tanto en la Argentina como en el exterior. Solo en mayo, cuando el juez que intervenía en la causa presentó sus
cargos en audiencia pública, el pueblo pudo enterarse de los detalles del complot, el nombre de los principales participantes y sus planes para el futuro del país.
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En 1916, Yrigoyen asumió la presidencia de la República bajo un programa que denominaba de "reparación nacional". El concepto de reparación incluyo al propio Ejército, que el yrigoyenismo concebía como una forma de compensación por quienes habían participado en las revoluciones radicales, tuvo efectos profundamente perturbadores sobre una oficialidad que, hasta entonces, concebía la carrera militar en términos estrictamente profesionales y reglamentarios.
La política de ascensos y promociones aplicada durante la primera presidencia de Yrigoyen fue interpretada por amplios sectores del Ejército como una forma de favoritismo a los oficiales que demostraban su lealtad al radicalismo, lo que dejó un saldo persistente de descontento y de aspiraciones de progreso profesional no satisfechas. Esto se sumaba al uso recurrente del Ejército en tareas de mantenimiento del orden interno, particularmente durante las numerosas intervenciones federales en las provincias, que expuso a los oficiales a funciones policiales y políticas que erosionaban la autonomía profesional de la institución.
El punto culminante de esta política fue el proyecto legislativo impulsado en 1921, cuya sanción el presidente Yrigoyen instó, declarando que la participación en las revoluciones radicales de 1890, 1893 y 1905 constituía un servicio a la Nación. Este proyecto proponía la reincorporación al escalafón de retiro y el otorgamiento de beneficios jubilatorios para aquellos ex oficiales que habían sido dados de baja del servicio militar, así como ascensos de un grado para todos los que se encontraban entonces en la lista de retirados y que habían sido postergados a causa de su participación en los intentos golpistas.
Aunque los beneficiarios de la ley, sancionada en forma modificada en 1923, fueron relativamente pocos, el intento de recompensar a quienes "habían antepuesto las obligaciones cívicas al deber militar" fue percibido como un agravio por aquellos oficiales que habían permanecido fieles a este último. Al afirmar la existencia de "obligaciones primordiales hacia la patria y la Constitución por encima de toda reglamentación militar", los partidarios de Yrigoyen introdujeron, aun sin proponérselo, una justificación doctrinaria para futuros levantamientos militares, de los cuales ellos mismos serían luego víctimas. En su afán por reparar agravios del pasado, Yrigoyen terminó así contribuyendo a debilitar la ya frágil tradición de prescindencia política del Ejército y a erosionar la cohesión interna del cuerpo de oficiales.
En este contexto de creciente división interna surgió, en 1921, bajo la inspiración del coronel Luis J. García, una sociedad secreta integrada por oficiales descontentos con la conducción política de los asuntos militares: la Logia General San Martín. García logró nuclear inicialmente, en el ámbito del Círculo Militar, entre veinticinco y treinta tenientes coroneles y mayores. Los primeros núcleos confluyeron en una organización que se dotó de estatutos formales, vigentes desde 1922 y reformados parcialmente en 1924. El ingreso exigía un grado no inferior a capitán y la obligación estricta de mantener el secreto, incluso negando la existencia de la Logia ante cualquier investigación.
La Logia no se concibió inicialmente como una organización política en sentido programático. Su objetivo declarado era erradicar del Ejército la actividad política partidaria, considerada la principal amenaza a la disciplina y la causa estructural de los males de la institución. Sin embargo, a esta motivación profesional se sumaron otros factores decisivos: la tolerancia oficial hacia oficiales politizados; el favoritismo en los ascensos; las deficiencias en la instrucción de los conscriptos; la falta de armamento y equipamiento adecuado; y un deterioro general de la disciplina en todos los niveles jerárquicos.
El 26 de enero de 1951 el diario La Prensa fue clausurado por las autoridades del gobierno nacional luego de una disputa con el Sindicato de Vendedores de Diarios. La Confederación General del Trabajo (CGT), aprovechó este conflicto y exigió la expropiación del diario. La Cámara de Diputados designó una comisión bicameral que debería intervenirlo, ordenando la detención del director, Alberto Gainza Paz, que a las horas se exilió del país con rumbo a los Estados Unidos. Finalmente, la ley de expropación se aprobó el 12 de abril de ese año.
Entre los años 1946 y 1951, el gobierno nacional, mediante la Subsecretaría de Prensa y Difusión, comenzó a controlar casi la totalidad de la prensa en la Argentina, a través de algunas empresas privadas controladas por empresarios cercanos al gobierno, tal como lo fue el grupo Alea, dirigido por Carlos Aloé, jefe del despacho de la Presidencia y luego gobenador de Buenos Aires pero solventado económicamente por Miguel Miranda y Domingo Maroglio con los fondos del IAPI.
Hacia finales de 1946 el grupe Alea se hizo con el diario Democracia y con Radio Belgrano y la Cadena de Azul y Blanca de Radioemisoras. En 1947 fue adquirida la Editorial Haynes (que publicaba el diario El Mundo, las revistas El Hogar y Mundo Argentina, la radio LR1 El Mundo, y su cadena de radioemisoras en el interior del país, y a partir de la compra pasaron a editar Mundo Peronista, Mundo Infantil, Mundo Radial, PBT y Caras y Caretas), después Alea compró el diario La Razón, propietaria también de Radio Splendid y la Red Argentina de Radioemisoras Splendid. Para 1950 se hicieron con los diarios Crítica, Noticias Gráficas y La Época.
Durante la gobernación de Joaquín Argonz en la provincia de Santa Fe se impulsó una importante agenda de reformas en las políticas sociales. Su gobierno promovió la expansión del sistema educativo, creó el Ministerio de Salud Pública y Trabajo (el primero de su tipo en el país) y estableció la Caja de Asistencia Social, destinada a la protección de la vejez, la invalidez, la maternidad y la orfandad. Además del estudio para incorporar una ley de seguro social, cancelada debido a la intervención que sufrió la provincia en 1943.
En ese marco, en octubre de 1941 se sancionó la Ley N.º 2.986, mediante la cual los empleados de la administración pública provincial comenzaron a percibir, además de su sueldo fijo, una asignación familiar. Esta consistía en el pago de cinco pesos por cada hijo legítimo y se extendía también al cónyuge en los casos en que este se encontrara incapacitado. La norma fue reglamentada por el propio Argonz en enero de 1942, lo que colocó a Santa Fe entre las provincias más avanzadas del país en materia de protección social para sus empleados y sus familias, en consonancia con la doctrina social de la Iglesia promovida por los pontífices católicos a través de las encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Anno.
Joaquín Argonz fue médico de profesión, con especialización en clínica, medicina legal y ginecología. Desarrolló una carrera política entre 1932 y 1943, estrechamente vinculado a Manuel de Iriondo, bajo cuya tutela se consolidó como una de las figuras más relevantes del antipersonalismo santafesino.
Su trayectoria política se inició con su elección como diputado nacional por la provincia de Santa Fe para el período 1932–1934. En 1934 fue designado subsecretario del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, cartera que se encontraba entonces bajo la conducción de Iriondo. Posteriormente, ocupó el cargo de ministro de Hacienda y Obras Públicas y de Gobierno, Justicia y Culto en la provincia de Santa Fe entre 1937 y 1941 durante la gobernación de Iriondo. Finalmente, entre 1941 y 1943, Joaquín Argonz ejerció la gobernación de la provincia de Santa Fe, y paralelamente ejercía el cargo de presidente de la UCR Antipersonalista a nivel nacional.
Entre 1946 y 1955, el agro argentino atravesó una de las etapas más difíciles de su historia. Tras décadas de expansión cerealera, el campo entró en una fase de estancamiento profundo: la superficie sembrada con granos cayó a poco más del 60 % de la que existía veinte años antes, y la producción total apenas alcanzaba los niveles de los años treinta.
El IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), creado por el peronismo en 1946, nacionalizó el comercio exterior con la intención de redistribuir la renta agraria. Pero en la práctica, el sistema de precios controlados y la revaluación del tipo de cambio redujeron la rentabilidad del productor. Muchos chacareros cobraban por su trigo menos de lo que costaba importar un dólar, mientras los insumos y maquinarias se encarecían, lo que provocó que muchas maquinarias quedaran obsoletas.
La consecuencia fue inmediata: caída del área sembrada, pérdida de mercados externos y un déficit crónico de divisas. Las sequías de 1949 y 1952 agravaron la crisis, obligando incluso a importar trigo. La cosa comenzó a cambiar cuando Perón anunció el Plan Económico de 1952 en febrero de ese año, anunciando que el gobierno daría prioridad al estímulo de los sectores agrícolas y ganadero, asegurando precios sostén y suprimiendo trabas laborales en los establecimientos agrícolas y los frigoríficos, y a partir del Segundo Plan Quinquenal que daba una prioridad central al sector agrario.
“Credo Houssay”, pequeño consejo escrito por el doctor Bernardo Houssay en octubre de 1943 a sus alumnos luego de ser expulsado de la cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires por el gobierno surgido de la Revolución de 1943, tras firmar un manifiesto solicitando la restauración de un gobierno democrático.
Houssay recuperaría su puesto laboral a principios de octubre de 1945, para ser expulsado nuevamente en marzo de 1946 debido al apoyó que había brindado a la Unión Democrática en los comicios presidenciales. Cuando en 1947 ganó el Premio Nobel de Medicina, el gobierno de Perón, a través de Raúl Apold, subsecretario de Prensa y Difusión, dio la orden de no darle ninguna difusión al acontecimiento. Asimismo, la cátedra que enseñaba en la Facultad de Medicina le fue cambiado el nombre por Fisiología Peronista.
En 1951 estuvo preso por algunos días luego de ser señalado como participante dentro del intento de golpe de Estado comandado por el general Benjamín Menéndez, donde la prensa oficialista informaba que se hubiera desempeñado como ministro de Educación si el golpe hubiera prosperado.
En agosto de 1913, durante el banquete ofrecido al Monseñor Miguel de Andrea, el doctor José Luis Cantilo, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, pronunció un fuerte discurso en el que subrayaba la necesidad de una "reacción nacionalista" definida sobre la base de la defensa de la "Propiedad, Familia, Religión, y Patria", para imponerse al socialismo.
Cantilo declaraba que la adopción de esta política de defensa de "las grandes columnas de la civilización", que había trazado el mismo Monseñor de Andrea, respondía a la necesidad de advertir a la sociedad sobre el peligro que el socialismo traería a la Argentina.
También advertía sobre los políticos conservadores que le hacían el juego a los socialistas en sus objetivos de "clavar el trapo rojo" en el país, como por ejemplo Joaquín V. González y Juan A. García, a los que la Iglesia calificaba como "clerófobos patentados", o Ignacio D. Irigoyen, gobernador de Buenos Aires entre 1906 y 1910, y senador nacional entre 1910 y 1919, quien en el pasado se había abstenido de jurar por Dios o los evangelios al sumarse al Congreso Nacional. Decían que ideas como estas llevarían a la "disolución nacional".