Entre diciembre y enero de 1952, luego del fallido golpe del general Menéndez y las elecciones que consagraron a Perón reelecto en la presidencia de la Nación, el ex coronel José Francisco Suárez comando un nuevo movimiento que se proponía el asesinato de Perón y de Eva Duarte.
Los comicios electorales del 11 de noviembre de 1951 habían dado como ganador a Perón con el 63,51% de los votos, cerca de 4.700.000 votos, y en segundo lugar había quedado Ricardo Balbín, principal opositor, con el 32,33%, 2.400.000 votos.
El Partido Peronista lograba el control absoluto del Senado una vez más, elegido por primera vez por voto popular directo; también obtuvieron casi todas las bancas de la Cámara de Diputados (salvo catorce), y ganaron las gobernaciones de todas las provincias.
La campaña electoral, que estuvo marcada por el intento de golpe encabezado por el general Menéndez, fue difícil para la oposición ya que no les era permitido el acceso a las radioemisoras, y los diarios se manifestaban abiertamente partidarios de los candidatos peronistas.
Sólo por medio de reuniones al aire libre la oposición podía exponer sus programas, y aún para ello dependían de las autoridades policiales para obtener autorización para el lugar y la fecha que tendrían que llevarse a cabo.
Aún cuando las reuniones eran permitidas por la policía, estos opositores eran blanco de ataques físicos, como ocurrió con el candidato comunista Rodolfo Ghioldi, quien fue baleado por la espalda en un acto electoral de su partido.
Otra desventaja que tuvieron fue que una gran parte de los candidatos opositores estaban detenidos al momento de la campaña electoral y de la elección. Por ejemplo los candidatos del Partido Socialista a la presidencia y vicepresidencia, Alfredo Palacios y Américo Ghioldi,
así como la mayoría de los nominados para integrar el Congreso, estaban en presión o permanecían ocultos de la policía. Reynaldo Pastor, candidato a presidente por el Partido Demócrata, también estaba detenido, al igual que otros dirigentes conservadores y también radicales.
Luego de esa campaña, los opositores descartando la lucha electoral como medio para destituir a Perón, y a pesar de la gran dispersión que siguió al fracaso intento de Menéndez, se lanzaron abiertamente a la conspiración como medio de lucha opositora.
A principios de 1952, estos dirigentes se unieron con el ex coronel, recientemente eliminado de la lista de retirados y privado de su derecho a pensión, José Francisco Suárez, quien empezó a liderar el próximo intento de golpe de estado, pero más violento que los otros intentos.
Se habían unido a él varios cientos de civiles, oficiales en retiro, un ex funcionario policial y unos pocos oficiales del Ejército y la Marina, que habían logrado continuar en servicio activo luego de la purga en las Fuerzas que se sucedieron al fallido golpe de septiembre.
El plan contemplaba la toma simultánea de la Casa Rosada, el Correo Central y el Departamento Central de la Policía, pero su objetivo principal era la residencia presidencial en la avenida Libertador. Allí se utilizarían camiones pesados para derrumbar la reja de entrada,
permitiendo así que fuerzas de choque bien armadas entraran en el edificio y liquidaran a sus habitantes. La conspiración de Suárez se planeó para que coincidiera con el centenario de la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1952.
Por desgracia para los conspiradores, en su ansiedad para que el golpe ocurriera el 3 de febrero, resultaron víctimas de su propio descuido; habían incluido en sus filas a un agente del Servicio de Informaciones de Aeronáutica, que los traicionó ante las autoridades.
Antes que pudieran actuar, la policía se movilizó, apresó a Suárez y a sus principales colaboradores, con el subsiguiente arresto de cientos de miembros de la Unión Cívica Radical, y de otros grupos de oposición.
La censura impidió que las noticias llegaran a los diarios, pero informes sobre los arrestos y las torturas al coronel Suárez, y otros prisioneros, circularon pronto, tanto en la Argentina como en el exterior. Solo en mayo, cuando el juez que intervenía en la causa presentó sus
cargos en audiencia pública, el pueblo pudo enterarse de los detalles del complot, el nombre de los principales participantes y sus planes para el futuro del país.
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El 30 de abril de 1953, el exgobernador bonaerense Domingo Mercante fue expulsado del Partido Peronista bajo las acusaciones de “inconducta partidaria y actos graves de deslealtad”, además de diversos cargos de corrupción que se le imputaron. Los hombres que colaboraron con su gobierno fueron también expulsados del peronismo y comenzaron a ser perseguidos, muchos terminando en prisión o exiliados del país.
En 1946/47, Mercante esperaba ser el sucesor de Perón en la presidencia para 1952, por lo que comenzó a armar un esquema político propio, dentro del Partido Peronista, principalmente en en la provincia de Buenos Aires pero también a nivel nacional. Esa puerta se le cerró debido a la reforma Constitucional de 1949, que permitía la reelección de Perón a la presidencia. A partir de 1950, temiendo que Mercante pudiera presionar para ser el sucesor, se prohibió que se hablara del gobernador en los diarios, revistas y radios.
En 1951 se intervino el Partido Peronista de la provincia de Buenos Aires y se expulsó a los dirigentes mercantistas del Consejo Superior del PP, luego de la puja con Eva Perón por lograr la candidatura a vicepresidente para las elecciones de ese año. Para 1952, el mandato de Mercante finalizó y fue sucedido por el mayor Carlos Aloé. Durante el mandato de Aloé se eliminó toda referencia a la administración anterior, borrando su nombre de todas las placas de bronce o de mármol en las obras públicas inauguradas en su mandato, mientras Mercante se fue del país con destino a Europa.
En 1885, con motivo de la crisis financiera de aquel año, Argentina volvió al régimen de inconvertibilidad de la moneda, aunque con la expresa salvedad de que la medida era de carácter transitorio y destinada a durar dos años. El flujo de capitales externos se reactivó sensiblemente en los años siguientes, alcanzando niveles sin precedentes en 1887 y 1888.
Ante la nueva ola de confianza que emergía en los mercados de capital, Juárez Celman bien pronto dejó de lado las sugerencias de Roca para facilitar el retorno a la convertibilidad. La nueva administración se embarcó en una decidida política de atracción de fondos externos, a la par que autorizaba nuevas emisiones por parte de los bancos Nacional y de la Provincia. En setiembre de 1887 esta política se refuerza con la creación de los Bancos Garantidos que extendieron el derecho de emisión a 20 nuevas instituciones, muchas de ellas situadas en el interior del país.
A pesar de la política bancaria del gobierno el oro se mantuvo estable durante aquellos años. La estabilidad en las fluctuaciones del oro se debió fundamentalmente al ingreso masivo de divisas provenientes de los préstamos externos. En 1887 las condiciones eran propicias para un retorno a la convertibilidad. Fue la ley de Bancos Garantidos la que, recogió la decisión del gobierno de optar por otros caminos.
El 70% de todos los inmigrantes que llegaron a la Argentina durante la década de 1880 eran de origen italiano, mientras que recién el 15% eran de origen español. Entre el 60 y el 70% tenían como profesión la de agricultores, seguidos, con gran diferencia, a los jornaleros.
La inmigración europea alteró radicalmente la estructura demográfica de la Argentina y la tasa anual de crecimiento poblacional fue del 4,9%. Las regiones donde más creció la población fueron: Santa Fe, Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.
Cuadro de inmigración y emigración entre los años 1874 y 1891.
En una entrevista para Panorama en marzo de 1971, pocos meses antes de fallecer, Federico Pinedo, dialoga sobre el pueblo inglés, sus inicios en el socialismo, sus visitas a Karl Kautsky, Rosa Luxemburgo y Eduard Bernstein, su admiración por Karl Marx y opina sobre Juan B. Justo.
Pinedo da su opinión acerca que la nación Argentina fue hecha gracias a los capitales extranjeros, y que el país les debe gratitud. Prosigue criticando las declaraciones de Óscar Alende y Aldo Ferrer sobre que el capital extranjero eran un lastre para el país.
Pinedo defiende a Krieger Vasena de las acusaciones que se le hacen por trabajar en el banco Deltec, y cree, que salvo algunos errores, tiene saldo a favor, al igual que Alsogaray. Aunque advierte que él cree que el problema argentino es político más que económico.
La reforma electoral incorporada a la Constitución Nacional con la reforma de 1994 tuvo su origen en el Estatuto Fundamental Temporario y las leyes sancionadas con referencia al sistema electoral que sancionó la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse en 1972.
Bajo el Estatuto Temporario se redujeron los mandatos del presidente, vicepresidente y senadores a cuatro años; se estableció la reelección del presidente por un periodo más; se eliminó el Colegio Electoral estableciéndose la elección directa del presidente, vice y senadores.
Se eliminaban las elecciones de medio termino; se estableció la simultaneidad de las elecciones para cargos nacionales; se creó el cargo de tercer senador por la minoría; entre otras reformas que se establecían a partir del estatuto.
En marzo de 1826, el presidente Bernardino Rivadavia sancionó dos decretos: la Ley de Capitalización, dispuso que la ciudad de Buenos Aires quedara bajo la jurisdicción de la Nación y otro que anulaba a la provincia de Buenos Aires como entidad política, dejando de existir.
La Ley de Capitalización decretaba que correspondía a la nueva Capital Federal los actuales territorios de la Ciudad de Buenos Aires, partes de las zonas oeste, norte y sur del Gran Buenos Aires, y el actual Gran La Plata.
La provincia de Buenos Aires dejaría de existir como tal y sería administrada por la Nación hasta la conformación de dos nuevas provincias en su territorio: la de Paraná al norte, con capital en San Nicolás de los Arroyos, y la del Salado al sur, con capital en Chascomús.