La provincia de Guayana se estableció por Real Cédula del 18 de noviembre de 1568, mediante la cual se ordenó a la Audiencia de Santa Fe que se otorgase Capitulación a Gonzalo Jiménez de Quesada para descubrir y poblar los llanos, provincias y tierras al oriente del Nuevo Reino de Granada desde el Orinoco hasta el Amazonas. Esto se hizo efectivo en 1569 y lo ejecutó Antonio de Berrío, quien en 1582 asumió la Gobernación de Guayana. Esta província quedó bajo la jurisdicción del Virreinato de Nueva España y de la Audiencia de Santa Fe, llegando por el oriente hasta Trinidad (en 1733 hasta 1762 esta isla formó parte de la Providencia de Nueva Andalucía). En 1762 la Provincia de Guayana adquirió autonomía y pasó a estar bajo la jurisdicción de la Audiencia de Santa Fe, hasta 1776, cuando pasó a depender nuevamente de la Audiencia de Santo Domingo a través de la jurisdicción militar que sobre ella se había otorgado a la Gobernación de la Provincia de Venezuela. En 1778 se agregó a la Provincia la Comandancia General del Orinoco y Río Negro, cuyos linderos llegaban por el Sur hasta el Amazonas. En 1771 por Real Cédula se ordenó el cese de la sujeción de la Provincia de Guayana a las órdenes del Gobernador y Capitán General de Venezuela, subordinado al Virreinato de Nueva Granada y su Real Audiencia.

Sobre el delito de #boicot que usa el fiscal de la dictadura: Está previsto en el artículo 53 de la Ley de Precios Justos, requiere que el autor impida la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes. Es un tipo doloso en el que el sujeto activo tiene un ánimo que trasciende, esto es, pretende que el objeto material (bien), esté fuera de la circulación económica. Los productores que han protestado desechando sus productos por falta de gasolina, al contrario han ejecutado todo lo que está al alcan-

Que ocurre frente a una orden de detención dictada por la #CPI: la orden se dicta a solicitud de la fiscalía ante la Sala de Cuestiones Preliminares, si se llenan los extremos del artículo 58 del Estatuto de Roma de CPI. Esta orden es comunicada a los Estados parte, pero también al Estado donde se encuentra el solicitado. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 el Estado que haya recibido la orden, debe tomar de forma inmediata las medidas para practicar la detención, en los términos que lo dicta su derecho interno y la parte IX del Estatuto. Una