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#Hilo | El dilema electoral

En 2015, la oposición venezolana ganó las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Cuatro años después, fue esta legitimidad de origen la que permitió al mundo reconocer la presidencia encargada de Juan Guaidó.

En la actualidad, el liderazgo democrático se enfrenta, una vez más, al dilema electoral: participar o no en un proceso que posee menos condiciones que las de la denunciada elección presidencial de 2018. ¿Qué decisión tomarán? Lo abordamos a continuación.

Hasta diciembre de 2015, el régimen político puede ser catalogado como un “autoritarismo competitivo”. A grandes rasgos, esto significa la existencia de un régimen que, si bien tenía importantes tendencias autoritarias y antidemocráticas, seguía dejando ciertos espacios (...)

donde la competencia (desigual, desventajosa y con todos los recursos del Estado en contra) era posible.

Con la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias, inició la mutación de un régimen político que, en lo sucesivo, no reincidiría en los viejos errores que le hicieron perder poder.

La evolución del régimen político inició el mismo mes de diciembre de 2015, cuando la entonces AN de mayoría chavista designó a los magistrados exprés del Tribunal Supremo de Justicia.

Fue este tribunal, que en la práctica funge como el bufete personal de Nicolás Maduro, quien creo la figura del "desacato": leguleyismo con el que chavismo justificaría, en adelante, el bloque de las leyes emanadas desde la AN

Cinco años después, es este mismo TSJ al que acude la “oposición funcional” que se ha labrado el régimen de Nicolás Maduro en los últimos tres años, conformada por los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional, para solicitarle que designe a los rectores del Consejo Nacional (...)

Electoral, bajo la figura de la “omisión legislativa”.

He aquí el primer elemento para analizar el falso dilema electoral: el régimen político chavista ha mutado. Aprendió las lecciones de las últimas elecciones competitivas que permitió.

Evolucionó a un régimen más cerrado y que, como demostró con la instauración de facto de una Asamblea Nacional Constituyente, está dispuesto a incurrir en elevados costos con el objetivo de mantenerse en el poder.

Una de las ofertas electorales del programa de la oposición en 2015 incluía nombrar a los Magistrados del TSJ y a los nuevos Rectores del CNE.

En 2016, primer año de la legislatura, se dedicó a activar la figura del referéndum revocatorio. No es el espacio para evaluar esta decisión estratégica.

A tal efecto, solo nos interesa mencionar que, en la medida en que se concentraron energías en este no se dedicó la atención necesaria a la renovación de poderes.

Uno de los factores que obstaculizó la renovación de los poderes fue la amenaza de persecución del chavismo

En un país con cientos de presos políticos torturados, la amenaza oficial de cárcel hizo que profesionales venezolanos que cumplían con los requisitos no mostrarán ningún interés en formar parte de estos entes.

Luego de observar como los Magistrados del TSJ designados por la AN debían huir al exilio producto de la persecución, esto terminó de disuadir tanto a los diputados como a la sociedad civil de desistir del nombramiento de un nuevo CNE.

La figura del desacato, que evitaba la posibilidad de que estos miembros pudiesen ejercer su función real, añade complejidad a la designación.
Finalmente, llega 2019 y la presidencia encargada. A finales de año, se anunció la decisión de iniciar el proceso de renovación del CNE

En su momento, pareció un espacio para propiciar una negociación con moderados del régimen chavista que se inclinaran pro la vía electoral. No se avanzó más allá de la lista de postulados por las organizaciones de la sociedad civil.

Hoy, las dos recientes sentencias del TSJ esclarecen la situación: será este bufete personal del chavismo quien designará un nuevo CNE.
Ante esto, lo electoral se despeja como lo que siempre fue: un falso dilema.

Quienes abogan por aprovechar el proceso para movilizar a la población, parecen ignorar el efecto de la diáspora en la movilización social, la precaria situación de supervivencia del venezolano y la pérdida de credibilidad del liderazgo.

Quienes abogan porque esta es la oportunidad para “mantener los espacios”, parecen ignorar las lecciones del pasado reciente. El chavismo construye su oposición funcional para que le otorgue la mínima legitimidad que necesita el proceso.

Para la coalición dominante está claro: el chavismo prefiere repetir el proceso del 20 de mayo de 2018 y cerrar la vía a la AN, que el error del 06 de diciembre de 2015.

La presidencia encargada ha sugerido que continuará el proceso del Comité y que no se prestarán para “farsas electorales”.
Las posibilidades de acuerdo con el chavismo en la AN para elegir un nuevo CNE son improbables.

Las sentencias del TSJ lo dejan claro. El chavismo apuesta a la omisión legislativa.

La gran decisión estratégica queda de lado de la presidencia encargada:

¿Qué sucederá el 05 de enero de 2021? ¿Se continuará la narrativa del interinato en base al Estatuto de Transición? ¿Se limitarán a la denuncia internacional sobre la ilegitimidad de un régimen que el mundo ya conoce?

El dilema, en tanto, no es electoral, sino estratégico. Sin embargo, preocupa sobremanera que se haya llegado al último semestre de la legislatura sin haber previsto este escenario.

En el futuro, la reseña de este periodo parlamentario podrá ser resumida en una frase: el chavismo se negó la salida institucional.

En el 2021, con la institucionalidad del Estado totalmente copada por la coalición chavista, es probable que el liderazgo democrático se incline a plantear más explícitamente una salida de fuerza