Thread by @marianodealba

(1/8) A pesar que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú habían solicitado que se investigara crímenes de lesa humanidad en #Venezuela desde el 12FEB2014, Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha decidido enfocarse en crímenes cometidos desde abril de 2017.

(2/8) Examen preliminar se encuentra en fase 3 (admisibilidad), dónde Fiscalía está evaluando dos cosas: (i) si autoridades de #Venezuela han llevado o están llevando a cabo investigaciones y juicios; y (ii) si crímenes cometidos son suficientemente graves.

(3/8) El primer factor explica la visita reciente de Tarek William Saab a la Corte, la presentación de un informe el 30NOV2020 y la promesa de otro informe en ENE2021. Saab tiene demostrar que hay investigaciones y juicios contra los más altos responsables.

(4/8) Si quiere frenar el avance del examen preliminar, en los próximos meses Saab tendrá que concluir investigaciones y los tribunales ordenar detenciones e iniciar juicios, con las implicaciones que ello podría tener en la cohesión de las facciones que sostienen a #Maduro.

(5/8) Investigaciones, detenciones y juicios no tendrían que ser contra Nicolás #Maduro o su círculo más íntimo, pero sí contra los más altos funcionarios/comandantes de la PNB, SEBIN, DGCIM, FAES, CICPC, GNB, CONAS o FANB, especialmente entre los meses de ABR y JUL 2017.

(6/8) Vista la dependencia de los poderes públicos del régimen de Maduro, es improbable que a la Fiscalía le baste con información que envíe Saab de investigaciones y quiera ver detenciones y al menos inicio de juicios contra altos funcionarios de los organismos de seguridad.

(7/8) En cuanto a la gravedad de los crímenes, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional analiza el número de víctimas directas e indirectas, la importancia del daño corporal y psicológico y la difusión geográfica y temporal, como lo es alta intensidad durante un breve período.

(8/8) En aproximadamente 80% de casos que Fiscalía de la CPI ha investigado hasta ahora, número de víctimas es superior a 1.000 personas. Ello quizás explica por qué ha decidido enfocarse en detenciones arbitrarias, que en #Venezuela superaron 5.000 casos entre ABR y JUL 2017.