La Corte Suprema nos deja en la total indefensión frente al uso excesivo de la fuerza policial. Renuncia a usar las atribuciones que la Constitucion le entrega para proteger los DDHH y para eso, recurre a una interpretación restrictiva de la protección constitucional. (1)
La protección judicial es un derecho humano que en Chile no se garantiza efectivamente. Pese a existir acciones constitucionales estas han demostrado no ser eficaces para proteger DDHH (2)
La interpretación restrictiva que formula la Corte Suprema no cumple los estándares internacionales a los que se ha obligado Chile a través de los tratados de DDHH y la jurisprudencia internacional, en particular, la de la Corte Interamericana. (3)
Esta era una buena oportunidad para que la Corte Suprema desarrollara un alto estándar sobre uso de la fuerza por parte Carabineros a la luz de los DDHH. Oportunidad perdida, población desprotegida. (4)
Aquí el párrafo central 👇🏽
Lo más sorprendente es que la Corte Suprema sí considera que la acción de protección sí es la vía adecuada para proteger el derecho de propiedad y confirma la sentencia recurrida en esa materia. (5)
En definitiva, para la Corre Suprema la acción de protección constitucional (art 20 CPR) SÍ procede para proteger la propiedad, pero NO es el recurso adecuado para proteger la integridad y la vida de las personas.
Ministro @jaimebellolio una violación de DDHH se configura cuando el Estado (cualquier poder) infringe una obligación (acción u omisión) en materia de DDHH (consagrados nacional o internacionalmente). 1
De ahí surgen diversas responsabilidades (A nivel nacional e internacional). Las nacionales pueden ser: personales (penales, políticas, administrativas, civiles) o institucionales. Incluso responsabilidades morales e históricas. (2)
Los tribunales determinan las responsabilidades personales (penales, civiles) derivadas de las violaciones de DDHH. La Contraloria las administrativas. El parlamento las políticas. (3)
Vacunas fuera del plan oficial en Peru y Argentina le costaron el puesto a ministra/o de Salud; en Chile, 35.000 vacunados fuera Plan y ... nada.
La impunidad en Chile se ha hecho crónica. Nadie responde de sus actos.
“Los crímenes del poder”, así los llama Ferrajoli.
Denuncias en Panguipulli, Calama, Santiago, Temuco son violencia institucional, esto es, violencia de agencias estatales al entrar en contacto con grupos discriminados o cuando estos están bajo su control. Sin abordar factores institucionales y culturales, seguirán ocurriendo (1)
Por ello, en estos casos no basta investigar y sancionar a los responsables materiales, sino que urgente modificar las estructuras organizativas, procedimientos, culturas institucionales que permiten, fomentan y generan esta violencia (2)
Cuando estas agencias (policías, Min. Público, p. Judicial) el Estado las usa para represión y persecución politica, el problema de violencia institucional se profundiza. De ahí la espiral de violencia que vive Chile (3)
Denuncias de corrupción siempre deben ser seriamente investigadas. El Min. Público tiene el deber de investigar seria y oportunamente.
La lucha c/ corrupción es fundamental, pero esta no debe ser usada para manipular el juego democrático
Ese es el desafío para el estado derecho
El informe Corrupción y Derechos Humanos de la @CIDH dedica un apartado al tema de los estándares mínimos que deben respetar las investigaciones sobre corrupción (pp. 149-144).
Sin respeto DDHH se deslegitima la necesaria lucha contra corrupción 👉🏽 oas.org/es/cidh/inform…
La @CorteIDH también se ha preocupado del tema sobre los estándares mínimos que deben satisfacer las investigaciones sobre corrupción para ser respetuosos de los derechos humanos (pp. 67-88) 👉🏽 corteidh.or.cr/sitios/libros/…
Llegó el momento de comenzar a prestar especial atención al financiamiento de las candidaturas a la constituyente. Terreno muy peligroso ☢️
Hay mucho en juego, actores con malas costumbres y una regulación muy débil. Escenario propicio para una nueva captura institucional (1/2)
Un completo reportaje de @ciper sobre malas prácticas y la impunidad en financiamiento ilegal de la política.
Ha habido cambios, pero insuficientes
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