En Chile existen tres sectores económicos que pueden acogerse al sistema de renta presunta, donde la base del impuesto, a diferencia del resto de las empresas en el país, no son sus utilidades: agricultura, minería y transportes
Los agricultores con ventas anuales menores a 8000 UTM, pagan impuestos considerando el 10% del avalúo fiscal de la propiedad como su único ingreso. Alguien con utilidades por 200 millones y un terreno que vale 100 millones, paga impuestos como si sus ingresos fueran 10 millones
De igual forma, las empresas de transporte de carga pagan impuesto considerando el 10% valor de vehículos como su único ingreso.
Las empresas mineras pagan impuestos en base a un porcentaje de sus ventas netas dependiendo del valor del precio del cobre
El objetivo de un impuesto en base a renta presunta es disminuir los costos de cumplimiento y los costos de fiscalización, pero no la carga tributaria de los contribuyentes (Tekper (2003), Bird (1974, 1992)).
Por eso que tiene sentido usarlo sólo cuando las autoridades tributarias tienen dificultades para medir, verificar y fiscalizar la base tributaria de algunos contribuyentes (Slemrod y Yitzhaki (2002)).
Si la carga tributaria bajo renta presunta es menor a la de régimen general, se generan fuertes incentivos para que las empresas no crezcan o no reporten su crecimiento (Engelschalk (2004)).
Si la diferencia es muy grande incluso incentiva a los contribuyentes a salirse del régimen general y cambiarse a renta presunta, informalizando su actividad económica, por esta razón las tasas de impuesto bajo renta presunta debieran ser lo más altas posibles (Thuronyi (2004)).
La evidencia existente es que en la práctica los impuestos en base a renta presunta producen inequidades tributarias grandes y recaudan poco (Bird y Wallace (2004)). Tributar bajo renta presunta es un privilegio tributario que rompe la equidad horizontal
La evidencia es que además terminan efectivamente incentivando la informalidad en algunos sectores económicos (Bird (2007)) y se usan para esconder ingresos y evadir o eludir impuestos (Tekper (2003), Bird (1974, 1992))).
En Chile el 2013, 48% de las utilidades de empresas bajo renta presunta pertenecían al 1% de más altos ingresos (72% al 5% de más altos ingresos). De las personas que pertenecían al 1% de más altos ingresos, un 67% tenía al menos una empresa de renta presunta.
La factura electrónica empezó a ser obligatoria desde el 2014, la exigencia fue gradual dependiendo del tamaño de la empresa. En Marzo de 2018 el SII dio por terminado el proceso al haber logrado incorporar, en la última etapa, a las microempresas rurales.
Esto hace que sea completamente innecesario tener que usar los activos de una empresa (número de camiones o hectáreas de tierra) para estimar sus ingresos y facilitar el cumplimiento tributario.
Hoy es posible declarar y pagar impuestos en base al flujo de caja de una empresa, en forma automática y simple, el mismo SII lo hace por el contribuyente con sus datos de compras y ventas.
No hay ninguna justificación para mantener el régimen de renta presunta en Chile

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3 May
En Chile existe desde 2001 una exención tributaria para las ganancias de capital por venta de acciones con alta presencia bursátil. Eso quiere decir que si alguien gana en un año, por ejemplo, $1.000 millones vendiendo acciones pago cero impuestos
La literatura académica, en general, muestra que los regímenes especiales y exenciones al impuesto al ingreso rompen la equidad horizontal y generan ineficiencias importantes (Zee (1998); Auerbach y Hasset (1999); McLure (1999)).
Tratamientos tributarios preferenciales a las ganancias de capital generan elusión tributaria y distorsionan decisiones de inversión, elección ocupacional y estructura organizacional de las actividades económicas (Slemrod y Yitzhaki (2002), Burman (2010), Boadway y Keen (2003)
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2 May
El IVA es un impuesto que tiene ventajas desde el punto de vista de su administración y fiscalización. Sin embargo, tiene una desventaja en términos de equidad porque en general es un impuesto regresivo
Por ejemplo, en el caso de Irlanda, un análisis más detallado realizado por Leahy, Lyons y Tol muestra que el 10% más pobre paga en IVA 16% de sus ingresos, mientras que el 10% más rico paga el 6% de sus ingresos.
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