Thread by @energiaadebate

Inicia el Foro 22: Electricidad como derecho humano de rango constitucional, del #ParlamentoAbierto de la Reforma Eléctrica. Abrimos hilo con nuestra cobertura:

Claudia Aguilar Barroso, directora del Despacho Aguilar Barroso y Asociados, aseguró que el acceso a la energía eléctrica es un Derecho Humano que está interrelacionado con otros derechos.

Dijo que la garantía del acceso a electricidad es clave para el desarrollo humano y es necesario desarrollar tarifas sociales de acuerdo con las posibilidades de pago.

La abogada recordó que 1.38% de la población mexicana no tenía acceso a la electricidad con corte a 2018.

Por ello, el Estado tiene que garantizar el derecho a la electricidad a través de la adopción de medidas eficientes. Dijo que se ha demostrado la ineficiencia del Estado para cumplir este derecho si no existe coordinación adecuada con el sector privado.

Claudia Aguilar Barroso dijo que no se puede garantizar este derecho si se viola el derecho a un medio ambiente sano.

Consideró que la iniciativa como está planteada es violatoria a la asequibilidad, pues el criterio de despacho propuesto no es económico ni eficiente, lo que se traducirá en mayores tarifas o con más subsidios.

La iniciativa no garantiza el acceso al servicio eléctrico, porque centraliza el control de la energía en la CFE, argumenta Aguilar Barroso.

Sería incorrecto considerar que si el servicio eléctrico es un derecho fundamental, debe estar controlado por el Estado, porque no garantiza el acceso a un servicio más eficiente y de calidad, a menor precio.

Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, dijo que, a nivel mundial, 20 millones de humanos no tienen acceso a la electricidad.

Aseguró que en las últimas legislaturas se ha bloqueado la elevación del acceso a la electricidad como un derecho humano.

Martín Esparza aseguró que la única forma de que los mexicanos accedan a la electricidad es frenar la privatización del sector en el país. Recordó que el 11 de octubre de 2009, el gobierno federal desapareció con violencia a Luz y Fuerza del Centro.

Martín Esparza dijo que el Sindicato Mexicano de Electricistas está a favor de la iniciativa de Reforma Eléctrica del Ejecutivo.

Recordó que los mexicanos tienen la obligación de recuperar las áreas estratégicas para el país. Dijo que si hoy consultamos a la mayoría de los mexicanos, están a favor de recuperar la rectoría del Estado en el servicio eléctrico.

Consideró que la iniciativa es muy benevolente, porque deja hasta 46% de la generación de electricidad en manos del sector privado.

Martín Esparza añadió que con las reformas neoliberales, los gobiernos anteriores traicionaron a la Constitución y a todos los mexicanos.

Santiago Arroyo, director y fundador de Ursus Energy, @SarroyoSi, dijo que la CFE es la empresa con más quejas ante Profeco.

Dijo que la seguridad energética es un derecho humano y esto no se cumple, porque hay 12 mil 300 comunidades sin acceso al servicio, lo que representa 1% de la población que vive en pobreza energética extrema.

Aseguró que hay 36 millones de mexicanos que no tienen acceso a ningún tipo de combustible. Dijo que con las políticas energéticas actuales el recibo de luz se ha encarecido 9%.

Dijo que con la iniciativa de reforma, el director de la CFE y el sindicato pueden tener mayor poder que el propio presidente y se corre el riesgo de que la electricidad se convierta en una moneda de cambio electoral.

Santiago Arroyo dijo que se pueden crear programas sociales, fondos y apoyos para promover la generación distribuida para democratizar la electricidad.

“Esta iniciativa solo representa a hombres canosos con ideas del pasado”, dijo Santiago Arroyo.

Pidió colocar la mirada en un futuro con inclusión y que tome en cuenta a todos los participantes de la sociedad.

Berenice Salazar Sánchez, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró plausible que se lleve al Artículo 25 constitucional la obligación de que el Estado lleve la electricidad a todos los mexicanos.

Salazar Sánchez mencionó que no se trata de crear electricidad y que todos tengamos acceso a la misma, se trata de que no sea contaminante.

Aseguró que se debe buscar garantizar más el derecho al acceso a energías limpias, en lugar de buscar un retroceso.

Salazar Sánchez mencionó que no se puede perseguir una reforma eléctrica tratando de subordinar a otros derechos o señalando que son menos importantes.

Dijo que el texto de la iniciativa de reforma propone soluciones que no están centradas en un tema de Derechos Humanos, sino darle el poder total a la CFE.

Advirtió que no es incluyente, bloquea el acceso como ciudadanos a la transición energética, no habla de los derechos de las comunidades indígenas.

Resaltó que no se debe caer en el falso dilema de las libertades fundamentales contra los derechos humanos. Salazar Sánchez dijo que se debe construir una iniciativa que refleje una visión inclusiva.

Jesús Zendejas Macías, integrante del Comité Nacional de Estudios de Ingeniería, dijo que los gobiernos neoliberales convirtieron el sector eléctrico en un negocio lucrativo.

Acusó que la reforma energética de 2013 dejó desorden en el sistema eléctrico nacional, al fragmentar y limitar las atribuciones de la CFE para desaparecerla paulatinamente.

Recordó que este esquema causa pérdidas por más de 400 mil millones de pesos anuales a la CFE.

Zendejas Macías dijo que no ha habido coordinación entre la CRE y la Sener para dar orden al mercado.

Dijo que el 54% de la generación no es un dato al azar, pues en caso de una situación de emergencia este porcentaje garantizaría la continuidad del servicio.

David Peña Rodríguez, defensor de Derechos Humanos, dijo que desde 2005, la CFE empezó a hacer cobros excesivos a la población.

De ahí se formó una Red de Resistencia Civil para evitar el exceso en los cobros de la CFE.

Recordó que tres integrantes de la resistencia fueron aprehendidos en Campeche por denuncias de la CFE.

Mencionó que los tres ejes de la red son el borrón y cuenta nueva, reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como derecho humano y la creación de tarifas sociales.

Dijo que no es una ocurrencia que se suba a rango constitucional el derecho humano para el acceso a la electricidad.

David Peña Rodríguez añadió que hay antecedentes que ligan el derecho humano de acceso a la electricidad con la disponibilidad, calidad, accesibilidad y asequibilidad económica de la energía.

Consideró que hacer explícitos los derechos hace más fácil la exigibilidad ante las autoridades.

Dijo que hay jurisprudencias que señalan que los mexicanos no se pueden amparar ante la CFE, porque la CFE tiene que funcionar como una empresa privada, lo que permite que las relaciones con los clientes sean entendidas como mercantiles.

Por ello, es necesario que el derecho al acceso a la electricidad sea elevado a rango constitucional, dijo Peña Rodríguez.

Comentó que lo que se busca con la iniciativa de reforma es que se cambie la lógica de que la CFE funcione como una empresa privada y que persiga a los usuarios con demandas mercantiles.

La reforma, dijo, permitiría reestructurar a la CFE, porque no se puede mantener a la CFE con una lógica comercial, y tiene que ser un ente del Estado que garantice el servicio eléctrico.

Miriam Vargas, integrante de la Red Nacional Futuros Indígenas, dijo que esas voces no han sido escuchadas en el debate energético de México.

Dijo que las organizaciones que integran la campaña Luces por las Resistencias reconocen como urgente la transición hacia un modelo eléctrico bajo en carbono, que al mismo tiempo sea equitativo y sostenible.

Miriam Vargas añadió que diversas corporaciones presentan como una falsa solución una transición energética fundamentada a través de proyectos, pero que no cambian los modelos de fondo y mantienen la visión mercantilista.

Propuso incrementar el debate sobre el consumo responsable de la energía, su democratización y su descentralización.

Pidió que los beneficios de las renovables no se centren en los privados o el Estado y se garantice energía limpia en proyectos locales que promuevan el autoconsumo, con visión de justicia socioambiental.

Acusó que los megaproyectos generan despojo y disminución de la diversidad ambiental y cultural.

Miriam Vargas Teutle dijo que las industrias de sector cementero, siderúrgico y manufacturero consumen tres veces más energía que el resto de la población.

“Ponemos en duda que una empresa del Estado como la CFE va a garantizar el acceso a la energía sin dañar los derechos de los pueblos”, dijo Vargas Teutle.

“La generación de energía por parte de la CFE también ha violado derechos humanos, como lo hacen las empresas privadas”, mencionó la representante de pueblos indígenas.

Miriam Vargas dijo que la reforma debe revisar el modelo extractivo, como el litio, pues ignora los problemas territoriales como el daño de la minería y la enorme cantidad de agua que requiere.

“No se puede solucionar la crisis ambiental del planeta con el mismo modelo extractivo”, mencionó.

Claudia Aguilar Barroso dijo que el despacho económico garantiza que las energías más baratas se despachen primero y evita daños al medio ambiente, pero no implica que el suministro quede en entredicho.

Añadió que las energías limpias tienen un costo de despacho menor, lo que también beneficia al medio ambiente.

Martín Esparza dijo que las empresas privadas buscan la “usura” en el sistema eléctrico.

Dijo que también es necesario revisar la política tarifaria para establecer tarifas sociales. Esparza dijo que las empresas privadas no van a garantizar tarifas sociales.

Santiago Arroyo dijo que también critica la reforma de 2013, pues hizo a un lado al consumidor.

Consideró que es necesario buscar mecanismos que garanticen la evaluación de impacto social de los proyectos de CFE y privados.

Ni la reforma de 2013 ni la actual contemplan a las personas, los grupos indígenas, mujeres ni jóvenes, dijo Santiago Arroyo.

Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, dijo que la reforma actual resolvería el conflicto de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Dijo que con la reforma, todos los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro recuperarían su trabajo, pero dentro de la CFE.

Martín Esparza dijo que es necesario revisar los esquemas de la CFE para fortalecerla.

Claudia Aguilar Barroso dijo que la iniciativa es violatoria a los derechos humanos, porque hay una parte muy complicada en la redacción, que no puede garantizar el acceso a tarifas bajas.

Dijo que sí hay manera de garantizar precios bajos a las poblaciones en condiciones de pobreza o marginación, pero la solución está en bajar los costos de generación y no en aumentar los subsidios

La abogada confió en que se escuchen los argumentos del Parlamento Abierto y que la iniciativa de reforma no se apruebe sin ajustes.

Martín Esparza dijo que en ningún momento se ha hablado de regalar la energía eléctrica sino la recuperación de recursos.

Pidió revisar los costos de generación de cada fuente para ajustar las tarifas que se cobra a cada sector.

Peña Rodríguez dijo que la reforma no debe fortalecer a “esta CFE” sino buscar una nueva estructura de la empresa.

Santiago Arroyo aseguró que le encantaría ver que el Estado garantice de manera integral el acceso a la electricidad, pero aclaró que el Estado no es la CFE, sino todo los Poderes de la Unión.

Dijo que el debate se debe centrar en encontrar coincidencias, entre las que destaca fortalecer al Estado en su conjunto y no al gobierno federal y la CFE.

Concluye el Foro 22: Electricidad como derecho humano de rango constitucional, del #ParlamentoAbierto de la Reforma Eléctrica. Cerramos hilo🧵.