Esto, sencillamente, *no puede ser*. Impacta en la productividad de los miles de personas que desde dentro de las AAPP utilizan este tipo de servicios. Y obstaculiza el acceso de las personas a los datos y documentos públicos.
¿Cómo es posible que un servicio público digital sea puesto a disposición de la ciudadanía en estas penosas condiciones sin óbice, sin que nadie en ningún despacho oficial advierta que, llanamente, es vergonzoso no poder hacer algo tan esencial como enlazar a sus contenidos?
¿Alguien imagina no poder enlazar a una canción de Spotify o a un mueble de IKEA?
Entonces, ¿por qué los ciudadanos como Álvaro, tú y yo tenemos que padecer estas experiencias digitales que frustran, y que serían inconcebibles en servicios desplegados por compañías privadas?
¿Qué podemos hacer quienes padecemos estas experiencias, si no es resignarnos?
Aunque esté todo perdido, creo que sí podemos hacer algo: y es visibilizar este drama aquí, EN ALTA VOZ, para el escarnio de los gestores públicos responsables de estos proyectos-basura.
Y si queda algún periodista verdaderamente independiente y con vocación de servicio público, que recoja el clamor unánime de una ciudadanía atrapada en una brecha que se ensancha: la que separa los servicios digitales públicos y las expectativas del país que los padece.
El modelo público de desarrollo de servicios digitales está roto de raíz. La industria nacional del software que puede, no quiere ni oír de contratar con la Administración.
‼️ Una dificultad que encuentro al analizar la contratación pública: las UTE. Es algo a lo que ya me enfrenté cuando hice esto en Cantabria, pero no di con ninguna solución buena.
Lo explico en este hilo, por si me lee algún gurú de estas cosas y puede iluminarme la senda… 🧵👇
✅ A efectos del análisis informático que estoy programando, ACME SA y la UTE entre ACME e IKEA son dos contratistas distintos e independientes. Esto es formalmente correcto, pues en el fondo son dos empresas diferentes, con personalidad jurídica independiente. De acuerdo.
Pero desde la óptica del ciudadano o el investigador que escudriña los datos —que son los ojos que me interesan y para los que hago todo esto— la realidad no es así. Una UTE es una unión temporal de empresas. Y quien investigue ACME querrá investigar las UTE de ACME con terceros.
2️⃣ El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (@CIEMAT_OPI), ha contratado la semana pasada a НТЦ ИНМАРКОН, compañía domiciliada en Moscú. Constan dos contratos que suman 62.710 €.
3️⃣ El Centro Superior de Investigaciones Científicas (@CSIC) es cliente de la compañía informática rusa ДЕКО Геофизика, que licencia un software por la cantidad de 11.138 €.
Tras unas semanas avanzando en la limpieza de datos y su cruce con otras fuentes, ayer retomé el trabajo en el interfaz web de mi explorador de contratos públicos.
Que no solo busca contratos: también muestra empresas y organismos, y calcula en tiempo real sus cifras. 💰
[WIP]
…y sí, sale también *ese* contrato. 😅
Voy a seguir trabajando en esto. Creo que será algo bueno y útil para muchas personas.
Como curiosidad, la ficha-resumen de cuatro empresas cualquiera. Lo chulo es que sale en menos de un segundo y para cualquier empresa con solo teclear su nombre. Y al hacer clic se abre ya el detalle. Es lo mismo que hice en contratosdecantabria.es, pero nacional.
🤖 ¡Hola! ¿Sacamos la pasta que se llevan los diarios españoles de los organismos públicos? 💸
Venga, ¡vamos a sacarlo!
Empiezo por LA RAZÓN. 👇
1⃣ La Razón tiene al menos dos sociedades: «AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SA», con NIF A82031329, y «AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 EDICIONES SL», con NIF B85049021.
La primera se ha llevado 295 contratos de organismos públicos, que suman 3.303.577,37 euros.
El principal cliente público de La Razón es RENFE. Desde 2014 la empresa pública ha pagado 2,13 millones por el suministro de este diario. Supongo que para los trenes. Son adjudicaciones directas o negociados sin publicidad.
La palabra «resilencia» no existe. Se escribe «resiliencia». Y esta palabra está muy de moda… ¿En cuántos contratos está mal escrita? ¿Cuáles son los organismos públicos que más frecuentemente lo escriben mal?
Me remango y vamos allá. ¡Dentro hilo sillón jota mayúscula! 👇
Esta palabra aparece mal escrita en exactamente 137 expedientes. Los organismos públicos en los que más veces aparece mal escrita la palabra «resiliencia» son:
🥇 Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE). 41 veces mal.
🥈 La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 31 veces mal.
🥉 La Organización Nacional de Trasplantes (14).
🏅 La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha (11).
Estoy ayudando a un periodista a obtener los contratos públicos que busca. A él le viene bien porque en el portal oficial es misión imposible sacar nada. Y a mí me viene bien porque me permite probar en un escenario real la herramienta que estoy haciendo.
Si eres periodista y necesitas datos, envíame un DM y trato de ayudarte. Tengo indexados casi dos millones de contratos de miles de AAPP, y he hecho una herramienta que cruza los datos y analiza las compras y las ventas con dinero público.
Publicaré mi herramienta dentro de poco, cuando termine de perfeccionarla. Será gratuita y muy fácil de utilizar para todo el mundo. Sin publicidad, ni «cookies» ni nada de eso… Es como mi contratosdecantabria.es, pero nacional.