Ayer estuve trabajando en la exportación a XLSX (Excel…) de los resultados de las búsquedas de contratos y contratistas.
Hubiera bastado con exportar a CSV, pero he implementado la generación de una tabla con autofiltros, enlaces, formatos… Está quedando guay™️. 😃
El interfaz web que estoy programando es suficiente para explorar los datos. Pero las búsquedas están paginadas. Al darle al ciudadano un botón de descarga XLSX, puede bajarse todo de golpe. Y utilizar Excel o LibreOffice o lo que quiera… para hacer el análisis que desee.
Para el caso de Cantabria ya implementé un botón de descarga directa con el que quien quiera puede bajarse todo y trabajarlo plácidamente desde la intimidad de su hogar 😂. El Gobierno no ofrece tal opción… Fue un placer programarlo; especialmente si molesta a algún político. 👌🏼
La descarga de datos es un clic. Sin embargo, la versión oficial de esto mismo requiere de la instalación de un programa Java que viene con un manual PDF de 32 páginas. Y no es que sea viejo: es del año pasado. Cutre y caro.
Es la transparencia de Schrödinger: transparente y opaco a la vez. 🤷
El art. 344 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece que el ROLECE «será público y se podrá acceder de forma abierta previa identificación». Y que un reglamento «determinará modalidades y requisitos para la publicidad del Registro».
Esto, sencillamente, *no puede ser*. Impacta en la productividad de los miles de personas que desde dentro de las AAPP utilizan este tipo de servicios. Y obstaculiza el acceso de las personas a los datos y documentos públicos.
‼️ Una dificultad que encuentro al analizar la contratación pública: las UTE. Es algo a lo que ya me enfrenté cuando hice esto en Cantabria, pero no di con ninguna solución buena.
Lo explico en este hilo, por si me lee algún gurú de estas cosas y puede iluminarme la senda… 🧵👇
✅ A efectos del análisis informático que estoy programando, ACME SA y la UTE entre ACME e IKEA son dos contratistas distintos e independientes. Esto es formalmente correcto, pues en el fondo son dos empresas diferentes, con personalidad jurídica independiente. De acuerdo.
Pero desde la óptica del ciudadano o el investigador que escudriña los datos —que son los ojos que me interesan y para los que hago todo esto— la realidad no es así. Una UTE es una unión temporal de empresas. Y quien investigue ACME querrá investigar las UTE de ACME con terceros.
2️⃣ El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (@CIEMAT_OPI), ha contratado la semana pasada a НТЦ ИНМАРКОН, compañía domiciliada en Moscú. Constan dos contratos que suman 62.710 €.
3️⃣ El Centro Superior de Investigaciones Científicas (@CSIC) es cliente de la compañía informática rusa ДЕКО Геофизика, que licencia un software por la cantidad de 11.138 €.
Tras unas semanas avanzando en la limpieza de datos y su cruce con otras fuentes, ayer retomé el trabajo en el interfaz web de mi explorador de contratos públicos.
Que no solo busca contratos: también muestra empresas y organismos, y calcula en tiempo real sus cifras. 💰
[WIP]
…y sí, sale también *ese* contrato. 😅
Voy a seguir trabajando en esto. Creo que será algo bueno y útil para muchas personas.
Como curiosidad, la ficha-resumen de cuatro empresas cualquiera. Lo chulo es que sale en menos de un segundo y para cualquier empresa con solo teclear su nombre. Y al hacer clic se abre ya el detalle. Es lo mismo que hice en contratosdecantabria.es, pero nacional.
🤖 ¡Hola! ¿Sacamos la pasta que se llevan los diarios españoles de los organismos públicos? 💸
Venga, ¡vamos a sacarlo!
Empiezo por LA RAZÓN. 👇
1⃣ La Razón tiene al menos dos sociedades: «AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SA», con NIF A82031329, y «AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 EDICIONES SL», con NIF B85049021.
La primera se ha llevado 295 contratos de organismos públicos, que suman 3.303.577,37 euros.
El principal cliente público de La Razón es RENFE. Desde 2014 la empresa pública ha pagado 2,13 millones por el suministro de este diario. Supongo que para los trenes. Son adjudicaciones directas o negociados sin publicidad.