Además, me anima a participar. Entonces, aquí voy.
La responsabilidad sería de las provincias y ya.
Con la Ley de Financiamiento Educativo el Estado nacional tuvo un rol activo fijando pautas (con la Paritaria, etc.) para la discusión salarial.
Pero en los últimos años, el gobierno central se había declarado prescindente de esa discusión.
Por eso, las autoridades nacionales sostenían que es ahí a donde debían ir los reclamos.
Pero esos mayores recursos no fueron a Educación. Incluso, disminuyeron.
Para adicionar complejidad al asunto, viendo la trayectoria del gabinete educativo, esperaríamos un intento de mayor incidencia en la política pública.
Y los recursos son bien escasos.
Con la Ley de Financiamiento el aumento había sido por una doble vía. Por el crecimiento:
a) del PIB y
b) del porcentaje del PIB para el sector (hasta llegar al 6%).
En este contexto, volvemos a la inquietud original: ¿con qué medios cuenta el Estado nacional para hacer que las provincias asignen los mayores recursos que tienen a Educación?
Y el Estado nacional no cuenta con muchos instrumentos para hacer que lo hagan.
Por eso la Paritaria será, sobre todo, una discusión política. Tanto o más que financiera (la educación nunca está presente).
Pero tampoco se sostiene la indiferencia por lo que suceda en las provincias.
Dada la experiencia reciente, habrá que comenzar a pensar los instrumentos que permitan navegar entre esos dos extremos.