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¿Quiénes planearon, y cómo, el operativo represor en Jalisco? ¿De dónde salieron las órdenes de usar palos y tubos? ¿Por qué la saña?

Abro HILO con la investigación que presenté esta mañana con @LuisCardenasMx en @MVSNoticias, a partir de testimonios de agentes de Jalisco.
Un llamado urgente sacudió a la Fiscalía del Estado de Jalisco la tarde del jueves 4 de junio, el día en que las protestas por el homicidio de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos amenazaban con quemar Guadalajara.
Fue un orden breve, pero con tono de urgencia: todo el personal operativo de la fiscalía debía presentarse, sin tardanza, a un pase de lista a las 6 de la tarde, en punto, en Casa Jalisco, la sede del Poder Ejecutivo local.
El mandato venía directamente del fiscal estatal Gerardo Octavio Solís, quien, de acuerdo con testimonios de tres agentes distintos, distribuyó una orden tajante a través del mando con clave J1, es decir, el director general de la Policía Investigadora:
TODOS LOS AGENTES DEBÍAN ACUDIR A LA CITA SIN ARMAS DE FUEGO, PERO CON PALOS Y TUBOS.
El personal de la fiscalía jaliscience no lo sabía aún, pero el gobernador @EnriqueAlfaroR estaba lívido de coraje.

Alguien le había contado que un poderoso miembro de Morena en la capital estaba detrás del envío de supuestos infiltrados a la marcha contra brutalidad policiaca.
Según lo que llegó a oídos de Enrique Alfaro, el plan era dañarlo por dos vías: o hacerlo ver incompetente frente a las protestas o como un represor.
Enrique Alfaro, furioso, decidió que respondería a ese rumor con fuerza para enviar un mensaje hasta lo que él llamaría “los sótanos del poder de la Ciudad de México”.
Los agentes fueron llevados por Jaime “Jimmy” Navarro, director general de Seguimiento a Procesos de la fiscalía, hasta el helipuerto de Casa Jalisco. Ahí, se les dieron palos y tubos a quienes no lograron conseguirlos a tiempo.
Y se dio una instrucción final: a golpes, y si era necesario quebrándolos, impedirían que los manifestantes “desestabilizaran” a Jalisco.

Lo que siguió fue seguido en vivo por el país en redes sociales y noticieros:
Jóvenes golpeados con excesivo uso de fuerza y arrestos arbitrarios, como ya admitió el gobernador.

Cuando el día terminó, a todos los mandos se les felicitó y se les pidió que no guardaran palos ni tubos, porque los necesitarían de nuevo.
Al día siguiente, el viernes 5 de junio, ocurrió la segunda manifestación: protestantes irían a la fiscalía por las detenciones ilegales de sus compañeros.
De nuevo, el fiscal ordenó una reunión urgente con el personal, pero ahora en las instalaciones de la Policía Investigadora a las 3 de la tarde. En punto, todos los elementos y se colocaron frente al fiscal general Gerardo Octavio Solís, quien llegó acompañado de sus escoltas.
La orden era repetir la brutalidad policiaca del jueves, pero ahora con mayor complejidad: con los mismos palos y tubos, los agentes deberían impedir que los jóvenes se acercaran a las instalaciones de su jefe.
Se infiltrarían para detectar a protestantes con armas y explosivos, pero también con “letales” cartulinas.

La consigna era que supieran que una cosa es pegarle a Casa Jalisco y otra cosa es la Fiscalía del Estado.
Para ello, el mando con Clave J52 había dispuesto de vehículos no rotulados para subir a los manifestantes a la fuerza, quienes tendrían dos destinos:
Unos a cuartos en la parte trasera de la fiscalía.

Otros, “los más peligrosos”, serían detenidos ilegalmente y llevados a parajes lejanos en la zona metropolitana de Guadalajara para que no pudieran reincorporarse a las manifestaciones.
Una última orden, y amenaza, flotó entre los agentes: hay que demostrar fuerza y quien no lo haga, no le será renovado su contrato. Aquello se entendió como luz verde para golpear y amenazar a los jóvenes detenidos con llevarlos ante un “cártel” que los desaparecería.
Esta es la versión de los agentes, quienes hoy encabezan una callada, pero poderosa, rebelión en la fiscalía local.

Aseguran que es falso que desobedecieron órdenes de sus jefes. Al contrario, dicen: su error fue seguir al pie de la letra los mandatos del gobernador y el fiscal.
Les preocupa la suerte del comandante Salvador Perea, quien fue el elegido por el gobierno del estado como el supuesto culpable de la represión.

El veterano líder de la unidad antisecuestros ahora está detenido por privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y robo.
En las próximas horas, el comandante Salvador Perea podría ser enviado al penal federal de Puente Grande, Jalisco, donde duermen varios hombres que arrestó y donde hay un brote mortal de coronavirus.
Dicen en la fiscalía que, por salvar políticamente al gobernador Enrique Alfaro y al fiscal de Jalisco, se está por encarcelar a un hombre que solo cumplió órdenes.
Dejo acá el link al podcast de hoy para quien guste escuchar la historia como se presentó en @MVSNoticias.

mvsnoticias.com/podcasts/segun…

Y recuerden: nos escuchamos cada miércoles en #NaciónCriminal con @LuisCardenasMx.

Fin del HILO.
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