Thread by @JMVivancoHRW

Hemos realizado decenas de entrevistas con periodistas, activistas y víctimas en Cuba.

Estos son nuestros hallazgos preliminares sobre la represión a las protestas:

Los listados preliminares de detenidos ya incluyen a cerca de 400 personas.

Se desconoce el paradero de muchos de ellos.

Listado de @CubalexDDHH: bit.ly/3wDxgR4

En muchos casos, el régimen ha detenido a activistas y periodistas reconocidos con el aparente propósito de impedir que participen en las manifestaciones o que reporten sobre estas.

Varios han sido detenidos al salir de sus casas o cuando caminaban por la calle.

Hasta ahora, hemos documentado la detención de 7 periodistas:

1. Henry Constantín
2. Neife Rigau
3. Iris Mariño
4. Niober García (liberado)
5. Rolando Rodríguez (liberado)
6. Orelvis Cabrera
7. Camila Acosta (liberada)

En otros casos, las fuerzas de seguridad han detenido de forma arbitraria a personas de a pie que participan pacíficamente en las protestas, así como a transéuntes.

También han ido a buscar a manifestantes a sus casas luego de supuestamente reconocerlos en fotos o videos.

Hemos recibido denuncias creíbles de golpes a personas tanto durante la detención como una vez que ya estaban en detenidos.

En la enorme mayoría de las detenciones arbitrarias que hemos documentado, los detenidos se encuentan incomunicados.

No les permiten llamar a su familia o a sus abogados, ni recibir visitas.

Muchas personas en Cuba aún no saben dónde se encuentran sus familiares detenidos.

Muchas madres van de estación de policía en estación de policía preguntando por ellos.

Muchos cubanos han superado el miedo pero otros siguen atemorizados ante los enormes riesgos de sufrir abusos o represalias.

Hemos hablado con personas que están escondidas por temor a ser detenidas o que no quieren denunciar detenciones por temor a perder su empleo.

Algunas personas han sido liberadas en los últimos días.

En muchos casos, agentes de policía o inteligencia les imponen una medida de prisión domiciliaria o restricción de movimiento. Pero nunca los presentan ante un juez o fiscal ni les dan posibilidad de objetar esta medida.

Simplemente se aparece un policía frente a sus casas y les dice que no pueden salir. Y les cortan internet.

Mientras tanto, muchos están siendo investigados por supuestos delitos de "desacato", "instigación a delinquir" o "desorden público": todas figuras amplias y abusivas.

Todo esto ocurre en un país donde el poder judicial está subordinado al ejecutivo, la prensa libre está prohíbida, la defensa de DDHH no es reconocida como una actividad legítima, las garantías de debido proceso se violan constantemente y el régimen controla el acceso a internet.

Sin una presión internacional concertada e inteligente que obligue a Díaz-Canel a poner freno a los abusos y la censura, es probable que nunca conozcamos plenamente la represión que ha ocurrido estos días.