Thread by @Eliseirena

El 22 de diciembre de 2003, un amigo y yo visitamos Acteal con motivo del sexto aniversario de la conmemoración de la masacre de 45 tzotiles a manos de un grupo paramilitar indígena respaldado por los tres niveles de gobierno. Nunca he podido verbalizar lo que vi ese día.

La matanza de Acteal es uno de los peores crímenes de lesa humanidad que se han cometido en un país acostumbrado a las masacres. La sevicia contra civiles vulnerables y desarmados ha sido el sello de esta violencia desde la matanza de la familia de Rubén Jaramillo en 1962.

Como parte de su modus operandi característico, el sistema de justicia buscó chivos expiatorios. Un grupo de 70 presuntos culpables fueron detenidos y torturados para autoinculparse. El debido proceso se violó a cada paso. Sólo las comunidades de Chenalhó sabían la verdad.

Ellos determinaron que entre los presos había gente culpable pero también inocentes. El hecho de que la mayoría de los inculpados fueran evangélicos, despertó el interés de esta iglesia por el caso. Por mis contactos, supe del activismo de Estela por liberar a su padre inocente.

Los evangélicos, por conducto de Hugo E. Flores, lograron que la Clínica de Interés Público del CIDE tomara la defensa de los inculpados. La argumentación jurídica fue formalmente correcta: cuando se comprueba que se violó el debido proceso, los condenados deben ser liberados.

Es la misma argumentación que se usó para liberar a Florence Cassez. Claro, el sistema de justicia está tan corrompido que sólo funciona ante casos muy mediáticos o que tienen muchos actores externos presionando. Hay miles de inocentes presos que no son liberados a pesar de todo.

En Chenalhó, unos celebraron la liberación de inocentes y otros vieron con horror cómo sus asesinos se reintegraban a sus comunidades. Sin duda, la SCJN contribuyó a revictimizar a las víctimas. Lamentablemente, no podían reponer el proceso.

De acuerdo con las leyes mexicanas, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen. Ahí radica la falla moral de los abogados que defendieron a los inculpados. Les resultó indiferente si eran culpables o inocentes, les importaba demostrar que se violó el debido proceso.

Es un caso muy ambiguo y complejo debido a la rigidez y estrechez de las leyes y su mala aplicación, pero ante la posibilidad de que criminales de lesa humanidad fueran liberados, creo que el centro del debate jurídico no debió ser la violación al debido proceso.

Debieron agotarse todas las herramientas jurídicas para distinguir a inocentes de culpables. No soy abogada y me dirán que esto era imposible, pero sé a la perfección que hay casos judiciales que se resuelven en la arena política.

Por respeto a las víctimas y al dolor que me convocan, rechazo que se les use para justificar agendas del presente, pero sí hay dos cosas que me generan mucho ruido en el debate que suscitó la publicación de Luis Hernández Navarro.

Por un lado, que no se reconozca que entre los liberados había gente inocente y que el activismo de sus familiares fue el que desencadenó el fallo de la SCJN.

Por el otro, decir "el CIDE defendió asesinos" es falaz en términos lógicos y técnicos porque la verdad jurídica nunca se demostró, al violarse el debido proceso no se esclareció quiénes de los presos eran inocentes o culpables.

Finalmente, el hecho de que se insista en tomar a la parte por el todo (los abogados de la Clínica de Interés Público con todo el CIDE) al mismo tiempo que no se cuestiona el poder que AMLO le dio a Hugo Eric Flores me parece, por decir lo menos, incongruente.

La razón por la que la matanza de 45 winik y anseltik sigue en la impunidad total 24 años después es justo porque fuera de las víctimas a nadie le importa seriamente la verdad y la justicia, sólo quieren llevar agua a sus molinos politiqueros. Todo esto me llena de indignación.

Véase la postura contudente de Estela Luna Pérez: jornada.com.mx/2014/11/13/pol…