Hoy he escrito el programa que descarga y procesa el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3). Se trata de un inventario común de organizaciones públicas.
No todas estas unidades organizativas se corresponden con un organismo público. En el DIR3 aparece también oficinas, entidades menores (los pueblos que componen algunos ayuntamientos)…
El DIR3 tiene una estructura jerárquica. Por ejemplo, la empresa pública XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL depende de la Diputación de Barcelona. Estas dependencias a veces tienen más niveles:
Subdirección de Tiranosaurios 👉 Dirección general de Dinosaurios 👉 Ministerio de Fósiles
He aprendido sobre el baile 💃 de códigos que solía pasar cuando hay cambios organizativos. Por ejemplo, la Agencia Tributaria ha pasado del Ministerio de Hacienda y AAPP, al Ministerio de Hacienda y Función Pública, y de ahí al Ministerio de Hacienda…
Hago esto para cruzarlo con los expedientes de contratación pública y tener así mas datos para analizar y entender. Y es que estos expedientes a veces identifican al organismo público de una forma muy parca. De ahí mi interés en «aumentarlos» con los datos del DIR3.
Esto me proporciona algo más información de los organismos públicos. Porque en los datos abiertos de la PLCSP solo salen aquellos órganos con perfil del contratante en la PLCSP, que son solo una parte del total.
Todavía no lo he acabado y no sé cómo de útil será. Ya veremos…
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¿Por qué la imagen digital de las más altas instituciones del Estado es cutre? Estoy en el portal del Ministerio del Interior. Los logos aparecen pixelados y borrosos. Incluso el del Plan de Resiliencia, que está recién puesto.
En Francia, Italia u Holanda la imagen es buena.
La frutería de mi barrio tiene un certificado de seguridad. Cuando accedo al Ministerio del Interior de mi país, en cambio, el navegador me advierte de que es un sitio inseguro y de que la información que dé podría ser robada.
¿Tanto cuesta poner un certificado de seguridad?
Esto no es solo un problema técnico. Es un torpedo a la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La primera impresión al entrar al portal ministerial es de desconfianza: un riesgo de seguridad, unos logos cutres y borrosos…
Hoy he dedicado mi día a perfeccionar el método de extracción del NIF de los contratistas que encuentro en los datos oficiales. A priori parece fácil. Basta con utilizar el dígito de control (o la letra) para comprobar la validez de cada NIF.
Chupado, ¿verdad? Pues no.
El problema es bastante más complejo. Y, algorítmicamente, muy interesante.
La primera vuelta de tuerca viene cuando el funcionario aplica la imaginación a la hora de escribir el NIF en el expediente. Pero tiene fácil solución 🎉.
Pero con tantísimos contratos públicos, tarde o temprano te encuentras con casos más exóticos, como estos de la imagen. Porque las herramientas informáticas de algunas administraciones no validan los datos al introducirlos, así que pueden escribir cualquier cosa…
❗️ Lo que dice Mikel es para reflexionar. ¿Qué transparencia es esta si para utilizar los datos públicos hay que ser un supermán o darse la paliza que me estoy dando? Las AAPP tienen que publicar datos que tengan un mínimo de calidad.
Y la calidad del dato no es solo que estén libre de errores (los que me leéis os lo estaréis pasando pipa con la cantidad de ellos que estoy cazando y comentando). Es también que los datos sean precisos.
Sigo revisando los trillones de datos de la Plataforma de Contratación. En los capítulos anteriores os contaba que hay cientos de organismos públicos cuyos datos son manifiestamente erróneos. Es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Centenera…
Hoy he dado un paso más en la validación de los datos de los contratantes y contratistas: he buscado todos los NIF en el censo de contribuyentes de la Agencia Tributaria 🎉.
Así he podido cazar errores difíciles de cazar.
¡Veamos uno muy escurridizo! 👇
Se trata de los datos erróneos de la empresa pública HOSTELERÍA ASTURIANA, S. A. (HOASA). En el portal de contratación del Estado, y si te fijas mucho, puedes ver dos NIF diferentes para esta empresa, lo cual ya es un cantazo…
Qué curioso esto. Entre los órganos de contratación del Estado encuentro RUMASA. La empresa original, la de 1961 que fue expropiada en 1983. Está aún en liquidación.
Por cotillear, me he bajado el último informe de auditoría y las cuentas anuales, donde se resume la historia. 👇
No puedo enlazar el documento porque es uno de esos enlaces mágicos del Estado que desaparecen… ☹️. Ni siquiera Google llega a ellos, y por lo tanto no aparecen en buscadores.
Documentos públicos que no se publican.
La transparencia de Schrödinger.
La historia de siempre.
La memoria dice que el culebrón de RUMASA provocó MÁS DE 1.500 JUICIOS y procedimientos.
📄 Anoche explicaba que hay miles de expedientes oficiales de contratación con datos erróneos de empresas, y ponía ejemplos. Bueno, ¡pues también en los órganos de contratación hay errores!
De verdad, alucino con la pésima calidad de los datos públicos. Me explico… 👇
El órgano de contratación es la entidad pública que contrata. El pagano (el que paga, vamos). Cuando este órgano es una corporación local (un ayuntamiento), su NIF comienza por la letra «P».
Es lo que sucede, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria). 👇
Sin embargo, hay entes públicos cuyos datos están mal en la Plataforma de Contratación del Sector Público 🤦♂️. Es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Vierlas (Zaragoza). Han puesto un DNI en lugar del NIF del ayuntamiento. Y eso no puede ser. 👇