Thread by @fermanpre

Lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela no es tan sencillo como "va un señor y se proclama presidente por la cara". Va hilo exprés.

Nicolás Maduro fue electo el 14 de abril de 2013 para un periodo presidencial que expiraba el 10 de enero de este año.

En el ínterin, la coalición opositora ganó las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, por mayoría cualificada de dos tercios. Mayoría que le permitiría reformar la Constitución.

Antes de la toma de posesión en enero, el parlamento saliente (de mayoría chavista) nombró a nuevos jueces al Tribunal Supremo. Algunos de ellos hasta con carnet del partido de Maduro.

Este tribunal decretó que las elecciones de tres diputados opositores habían sido fraudulentas debido a la compra de votos. Y que debían repetirse. A día de hoy en Venezuela se han celebrado regionales, municipales, presidenciales... sin que se hayan repetido aquellas elecciones.

De este modo Maduro se aseguraba que la oposición no pudiera reformar la constitución y, por ejemplo, limitar su capacidad de volver a presentarse. De este modo obviamente fraudulento.

Durante 2016 convivieron el parlamento bajo control opositor y el gobierno de Maduro. La oposición empezó a recabar firmas para forzar un referéndum contra Maduro, opción que recoge la Constitución venezolana una vez cumplido el tercer año de mandato. Se usó contra Chávez en 2004

Si el referéndum se convoca antes de terminar el cuarto año de mandato, y el presidente lo pierde, se deben convocar elecciones inmediatas. Si se convoca más tarde, termina el mandato el vicepresidente. Las encuestas rondaban el 70-30 contra Maduro.

Tras poner mil y una trabas al proceso, dilatando los plazos de cada trámite, para conseguir que no se pudiera convocar antes del quinto año, Maduro optó por matar el proceso. Oficialmente, lo hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El revocatorio constaba de varias fases. La primera exigía recoger el 1% de firmas del censo (200.000 aprox). Esto se hizo en abril, la oposición presentó 1,8 millones de firmas.

En agosto (cuatro meses nada menos) el CNE anunció que había comprobado 400.000 de ellas y que el proceso podía seguir. Pero en octubre se presentaron varias denuncias por presunto fraude en la recolección de firmas en varios juzgados de Venezuela.

El CNE aprovechó la admisión a trámite de esas denuncias para suspender el proceso "hasta nueva orden". A pesar de que ellos mismos habían admitido que las firmas válidas sobrepasaban ampliamente el 1%. Nunca se permitió reanudar el proceso.

Llegados a 2017, permanecía abierto el conflicto de los tres diputados que mencionábamos antes. El TSJ tomó la determinación de que, dado que el parlamento estaba en "desacato" por haber permitido tomar posesión de sus actas a estos diputados (...)

(...) se atribuía el poder legislativo a sí mismo y se lo asignaba al poder ejecutivo, es decir al gobierno de Maduro. Así, por la cara. Provisionalmente, claro.

Ante las protestas desatadas por esta decisión, Maduro dio marcha atrás y se jugó su mayor carta: convocar una "Asamblea constituyente" para solucionar este impasse.

La constitución venezolana de 1999 prevé la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, plenipotenciaria, con capacidad no sólo de redactar una nueva constitución, sino de imponer su autoridad sobre todos los demás poderes del Estado, incluido el presidente.

Este extraño artefacto fue incluido en el texto constitucional a modo de legitimación "a posteriori" del modo absolutamente irregular en que Hugo Chávez logró aprobar esa misma constitución, ignorando los mecanismos que la anterior constitución incluía para su reforma.

Aquel proceso conllevó: referéndum consultando si el pueblo quería que se convocase una asamblea constituyente; elecciones a la asamblea constituyente; referéndum de ratificación de la nueva constitución.

Pero Maduro no empezó por consultar si el pueblo quería que se convocase una constituyente: directamente convocó las elecciones, amparándose en que la constitución reconoce al presidente "la iniciativa de convocatoria de la Asamblea Constituyente".

Es obvio, entre otras cosas por el precedente de 1999, que lo que la constitución reconoce es que el presidente pueda preguntar al pueblo si quiere constituyente o no; no que directamente convoque elecciones.

Maduro publicó las normas según las que se elegiría a los miembros de la constituyente inconstitucional que se había sacado de la manga. Se preveían 540 parlamentarios, de los cuales 364 se elegirían uno por municipio. Como suena. Sin tener en cuenta la población.

Bueno, a las capitales regionales les daban dos en lugar de uno, y a Caracas siete. Y los restantes 176 miembros se elegirían entre ocho colectivos: trabajadores, campesinos, estudiantes, discapacitados, indígenas, pensionistas, empresarios y comunas.

¿Por qué esos ocho? Porque sí. Y cualquier parecido de este sistema con una elección por sufragio universal es pura coincidencia.

Las normas establecidas para esta elección como mínimo daban a Maduro una posibilidad de ganar, pero con este movimiento tan flagrantemente ilegal, Maduro consiguió que la oposición boicotease la constituyente, que probablemente era lo que buscaba.

Luego sigo, si puedo.

Ante el boicot de la oposición, la totalidad de miembros de la ANC son fieles al gobierno. Este órgano ha venido tomando decisiones como destituir a la Fiscal General, convocar a diversas elecciones...

La ANC no fue reconocida como legítima por multitud de estados en todo el mundo, ni por la Unión Europea.

En mayo de 2018 se celebraron elecciones presidenciales convocadas a instancia de la ANC, que ganó Nicolás Maduro ante la práctica incomparecencia de la oposición. No me detendré en esto, baste con decir que se ha borrado del registro a la mayoría de los partidos de la oposición.

Y llegamos al 10 de enero de 2019. Nicolás Maduro toma posesión, pero las elecciones fueron convocadas de manera fraudulenta. La Asamblea Nacional (parlamento) se reúne y constata que ya no hay poder ejecutivo legítimamente constituido.

Durante todo este tiempo el parlamento de mayoría opositora, cuyo mandato vence en 2020, ha seguido funcionando, aunque sus resoluciones no han tenido efecto alguno, al haber sido usurpadas sus funciones en la práctica por la ANC.

Y a partir de esa reunión y de esa constatación se empiezan a tomar medidas para que el poder legislativo legítimamente constituido intente restaurar el orden constitucional. Entre ellas la de nombrar a un presidente interino.

De todo esto es de donde viene esa autoproclamación "por la cara" de esta tarde. ¿Es irregular? Obviamente. Hace tiempo que Venezuela camina al margen de su ordenamiento constitucional, de la democracia y del Estado de Derecho.

¿Es legítimo? Como mínimo, tanto como lo pueda ser a día de hoy el gobierno de Maduro. ¿Llegará a alguna parte? Lo más probable es que no.