Los miembros del colectivo #NoMásDerroches acabamos de obtener otras 4 suspensiones contra Santa Lucía y la destrucción del NAIM.
Una de ellas es la más importante hasta hoy: suspende definitivamente Santa Lucía hasta que el gobierno cuente con TODOS los permisos necesarios:
Con estas nuevas sentencias, logramos sumar 7 suspensiones (4 provisionales y 3 definitivas) ordenadas por el Poder Judicial de la Federación dentro de los 147 amparos que promovimos.
Pero, ¿qué hace diferente a esta última suspensión definitiva?
Primero, recordemos que una suspensión “definitiva” es aquella que suspende los actos u omisiones de una autoridad durante todo el tiempo que dure un juicio de amparo.
Esto quiere decir que el proyecto de Santa Lucía estará suspendido durante los dos, tres o cuatro años (o más) que pueda durar el juicio. Sin embargo, las suspensiones pueden estar sujetas a ciertas condiciones.
Las suspensiones anteriores eran hasta que el gobierno no obtuviera:
1. Autorizaciones ambientales; 2. Autorizaciones y plan de salvamento arqueológico e histórico de los vestigios en la zona; 3. Autorizaciones en materia de seguridad aérea.
Esta última suspensión ordena que no puede hacerse nada en Santa Lucía, ni se puede destruir Texcoco, hasta que el gobierno no cumpla con todos los requisitos legales.
Y cuando digo todos, me refiero a TODOS:
Santa Lucía no puede continuar hasta que no se tengan dictámenes y permisos:
1. Ambientales 2. De seguridad aeronáutica 3. De viabilidad aeronáutica 4. De prospección arqueológica 5. Estrategia de viabilidad social, política (6) e interinstitucional (7).
Que Santa Lucía no pueda continuar significa que el gobierno no puede talar árboles, acondicionar pistas, llevar maquinaria, construir terminales, etc., pero tampoco puede gastar en el diseño del proyecto, en “arrastrar el lápiz”, hasta que no cumpla todos esos requisitos.
El Juez también ordena suspender cualquier acto tendiente a destruir Texcoco.
En sus palabras, ordena “que se paralice cualquier orden de destruir, desaparecer, desmantelar, demoler, inundar o cualquier otra forma de modificación de las obras existentes [en el NAIM/Texcoco]”.
¿Qué tan fuerte es la orden de suspensión? Muy.
¿Pueden violarla las autoridades? No.
¿Por qué? Porque la violación a una suspensión (como la de este caso) es un delito previsto en la Ley de Amparo, que amerita destitución, inhabilitación y de 3 a 9 años de prisión:
El gobierno bien podría presentar estas autorizaciones y estudios.Sin embargo, lograrlo tomaría años.
Además, para terminar con la suspensión, esos estudios y autorizaciones deben cumplir con todos los requisitos legales. Si no, continuará la suspensión hasta que se hagan bien.
Esto también es una muestra de que, hasta el momento, las autoridades no tienen los estudios para si quiera saber si Santa Lucía puede llegar a funcionar para el uso que se le quiere dar. Nadie sabe si puede llegar a existir.
Por lo pronto, Santa Lucía es una mera idea.
Para quienes quieran saber lo que hemos logrado antes, pueden ver este hilo con todas las explicaciones:
Por cierto, los estudios de viabilidad y de seguridad aérea deben cumplir con todos los requisitos de la Ley de Aeropuertos, es decir, deben estar avalados por autoridades nacionales e internacionales, como la IATA y OACI.
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Hoy me despido de @MXvsCORRUPCION, que fue mi casa por más de tres años, para combatir la corrupción desde el gobierno.
Estas son algunas cosas que hice en MCCI y que inspiran lo que busco hacer en el servicio público (pronto les platico donde):
1. Inhabilitación y multa a empresa de León Manuel Bartlett. Con una denuncia, logramos que la SFP inhabilitara y multara por 3MDP a una empresa de León Manuel Bartlett, por vender ventiladores para COVID-19 defectuosos y a sobreprecio.
2. Denuncia Estafa Maestra. Hicimos la denuncia que inició el proceso por el cual Rosario Robles, secretaria de Estado con EPN, fue llevada a prisión preventiva oficiosa.
1. Un funcionario de Velasco le entrega dinero a dos hermanos de AMLO en tiempos de campaña.
2. Los legisladores de Morena aprueban que Velasco sea gobernador y senador al mismo tiempo.
3. Con mayoría legislativa de Morena, la ASF le da carpetazo a una investigación contra...
el gobierno de Velasco por el desvío de 685 millones de pesos.
4. David León, el funcionario que le entregó el dinero a los hermanos de AMLO, asciende en el gobierno de López Obrador. Iba a encargarse de distribuir las vacunas. Declinó cuando Latinus descubrió el escándalo.
5. El PVEM se beneficia de los acuerdos electorales que hace con Morena, y crece como nunca en las elecciones intermedias de 2021.
6. El PVEM ahora es indispensable para que Morena tenga mayoría en el Congreso.
Desde el punto de vista jurídico, la consulta es inaceptable.
Sin embargo, desde el punto de vista político, tiene claroscuros.
Más allá de su función legitimadora del régimen, la consulta ha generado la percepción de que podemos participar en el combate a la corrupción.
Es un precedente simbólico importante para quienes luchamos por la ciudadanización del combate a la corrupción.
Podría utilizarse para incitar las denuncias, generar más contraloría social y que las personas en general (no solo ONGs) participemos activamente en esta lucha.
La reforma constitucional de 2015, que se supone lograría estas cosas, ha sido, en gran parte, letra muerta.
El Sistema Nacional Anticorrupción ha sido bloqueado por las autoridades y abandonado por la mayoría de la sociedad.
Todas las personas tenemos derecho a presentar denuncias administrativas contra actos de corrupción.
Sin embargo, uno de los mayores problemas que enfrentamos es que las autoridades no investigan, ya sea por negligencia, incapacidad o por acuerdos políticos de impunidad.
¿Qué podemos hacer contra estos acuerdos de impunidad?
Según el Poder Judicial: nada. No teníamos derecho a defendernos, ni siquiera a través de demandas de amparo.
Solo el Estado podía participar en el combate a la corrupción; los ciudadanos éramos simples espectadores.