Desde el punto de vista jurídico, la consulta es inaceptable.
Sin embargo, desde el punto de vista político, tiene claroscuros.
Más allá de su función legitimadora del régimen, la consulta ha generado la percepción de que podemos participar en el combate a la corrupción.
Es un precedente simbólico importante para quienes luchamos por la ciudadanización del combate a la corrupción.
Podría utilizarse para incitar las denuncias, generar más contraloría social y que las personas en general (no solo ONGs) participemos activamente en esta lucha.
La reforma constitucional de 2015, que se supone lograría estas cosas, ha sido, en gran parte, letra muerta.
El Sistema Nacional Anticorrupción ha sido bloqueado por las autoridades y abandonado por la mayoría de la sociedad.
Soy de la idea de que se necesitan grandes acontecimientos para romper con la inercia de la apatía y la impunidad.
Un acto de participación masiva podría servir para generar ese cambio e inaugurar un nuevo paradigma.
Dicho esto, soy escéptico.
Pienso que es una simulación de las autoridades, que se preocupan más por aumentar su popularidad que cumplir sus obligaciones: disminuir los delitos y procurar la justicia.
Pienso que es más negativa que positiva, y no sé si participar en ella.
Hay muchos argumentos en contra, pero no los voy a repetir aquí.
También me parece importante resaltar sus aspectos positivos, porque algún día podríamos recuperarlos para romper inercias históricas, empoderar a la ciudadanía y combatir la impunidad.
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1. Un funcionario de Velasco le entrega dinero a dos hermanos de AMLO en tiempos de campaña.
2. Los legisladores de Morena aprueban que Velasco sea gobernador y senador al mismo tiempo.
3. Con mayoría legislativa de Morena, la ASF le da carpetazo a una investigación contra...
el gobierno de Velasco por el desvío de 685 millones de pesos.
4. David León, el funcionario que le entregó el dinero a los hermanos de AMLO, asciende en el gobierno de López Obrador. Iba a encargarse de distribuir las vacunas. Declinó cuando Latinus descubrió el escándalo.
5. El PVEM se beneficia de los acuerdos electorales que hace con Morena, y crece como nunca en las elecciones intermedias de 2021.
6. El PVEM ahora es indispensable para que Morena tenga mayoría en el Congreso.
Todas las personas tenemos derecho a presentar denuncias administrativas contra actos de corrupción.
Sin embargo, uno de los mayores problemas que enfrentamos es que las autoridades no investigan, ya sea por negligencia, incapacidad o por acuerdos políticos de impunidad.
¿Qué podemos hacer contra estos acuerdos de impunidad?
Según el Poder Judicial: nada. No teníamos derecho a defendernos, ni siquiera a través de demandas de amparo.
Solo el Estado podía participar en el combate a la corrupción; los ciudadanos éramos simples espectadores.
1. Todavía no es Ley. Falta que pase por la Cámara de Diputados.
2. Si la aprueban, sería inconstitucional. Según la Constitución, el presidente de la Suprema Corte solo puede durar 4 años.
3. Podría ser impugnada a través de amparos...
y acciones de inconstitucionalidad presentadas por el 33% de cualquiera de las Cámaras del Congreso o la CNDH (já).
4. El problema es que le tocaría a la misma Suprema Corte resolver estos casos. El ministro Zaldívar sería juez y parte en su propio caso.
5. El Senado quiere ampliar la presidencia de Zaldívar en la Corte y en el Consejo de Judicatura.
Esto violaría una de las principales garantías de la independencia judicial: que los jueces tengan periodos transexenales y sean independientes de mayorías políticas momentáneas.
Existen cinco formas de combatir jurídicamente la militarización decretada por AMLO esta semana.
Va la explicación.
¿Quiénes pueden impugnar el decreto?
1. El 33% de la Cámara de Diputados. 2. La CNDH. 3. Organizaciones civiles. 4. El Congreso de la Unión.
¿Qué se impugna?
Un acuerdo publicado el lunes en el DOF, en el cual AMLO ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para realizar actividades policiales durante los próximos 4 años en todo el territorio nacional, sin controles efectivos y sin subordinación a los civiles.
Estas son las formas en que puede impugnarse esa militarización.
Si se hace bien, la Suprema Corte (SCJN) podría invalidar el acuerdo de AMLO y regresar a los militares a sus cuarteles, al menos por ahora.