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El Gabinete de Seguridad cumplió con la instrucción del Presidente @lopezobrador_ a fin de dar de conocer al pueblo de México los detalles de los hechos ocurridos el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.
Para contextualizar, expresamos que nunca, en lo que va de su corta existencia, nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica como en el tema de Culiacán. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Lo asumimos con honestidad.
Ello merece críticas, pero no así la estrategia general de seguridad. Son dos cosas distintas. Sin afán de justificarnos, siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal, no obstante la extraordinaria experiencia de quienes lo ejecutaron.
Divulgamos datos sobre los antecedentes en los que ellos han participado exitosamente.
Pero también cabe aclarar que, en materia de seguridad, no es prudente sobredimensionar las circunstancias. Un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad.
La primera versión que se difundió sobre los hechos se hizo sobre la información que en ese momento recibió el Gabinete de Seguridad; y con toda transparencia y honestidad fue corregida en la medida en que recibimos información que representaba la realidad de los acontecimientos.
En la decisión de retirarnos del inmueble ya controlado en el que se encontraba el presunto delincuente privó una razón que, de tan profunda, se convierte en razón de Estado: la salvaguarda de la vida e integridad física de aquellos que no figuraban entre los beligerantes.
Lo que pudo haberse convertido en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente, se resolvió privilegiando el retorno a la paz y la tranquilidad de la población, como habíamos sido instruidos por el señor Presidente antes de que tomara aquel día su vuelo a Oaxaca.
Ninguna organización delictiva, por pertrechada que esté, es más poderosa que el Estado mexicano en términos bélicos. En Culiacán habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio sin cuartel y sin respetar las garantías individuales. Habríamos ganado, pero ¿a qué costo?
¿De qué sirvió la “guerra contra el narco” y tanta muerte y dolor de sexenios anteriores, si las organizaciones delictivas proliferaron y se fortalecieron?
¿De qué sirvió tanta guerra si los muertos y desaparecidos se acumularon de manera imparable por décadas?
¿De qué sirvió la aparatosa captura de cabecillas, si la inseguridad y la violencia crecieron exponencialmente?
Esa guerra sirvió de muy poco, toda vez que las causas estructurales que la originaron ni siquiera se tocaron, y ello contribuyó a agravar la inseguridad en el país.
Estamos iniciando, como indicaba el señor Presidente, una nueva época en materia de seguridad, y esto abre la posibilidad de que todo cambie en el futuro.
El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 parte de un principio rector: la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. No hay otra ruta hacia la seguridad; no creemos en los falsos atajos de la violencia.
Convencidos de que la violencia siempre pierde, así gane la primera batalla, decidimos no continuar con la idea conservadora de la llamada “guerra contra el narco”.
Esa estrategia belicista del pasado no sólo alentó la espiral de violencia desde el poder público, sino que las propias instituciones de seguridad se convirtieron en protagonistas de esa violencia, como pudo haber sucedido en Culiacán.
A pesar de los cientos de miles de vidas perdidas, de los cientos de miles de millones de pesos invertidos, de los recursos militares, navales y policiales consumidos, de los sistemas de inteligencia y vigilancia empeñados, los anteriores gobiernos no resolvieron el problema...
...y no tenían perspectiva de vencerlo en un tiempo estimable.
Salta entonces a la vista la necesidad de dejar a un lado la fantasía de que es posible superar la inseguridad y la violencia mediante la estrategia represiva policial y militar, práctica básica de los anteriores gobiernos.
México fue convertido en un país de víctimas como resultado de esos años. No debemos olvidarlo jamás.
El tamaño, extensión y poder de los grupos criminales que hemos padecido históricamente, sólo puede entenderse por una corrupción de dimensión equivalente en los aparatos de combate a la delincuencia, la procuración e impartición de justicia.
Por eso expuse algunos de los trazos estratégicos de la política de seguridad:
Primero, nos hemos propuesto terminar con la corrupción, ese mal endémico de la vida pública de nuestro país.
En el ámbito de la seguridad, lo hacemos con énfasis en las corporaciones policiales y militares, ministerios públicos, juzgados y otras instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia.
Vamos avanzando. El próximo año vendrán las mediciones sobre los avances en el combate a la corrupción, y nuestra expectativa es muy favorable porque estamos comprometidos en un esfuerzo histórico.
Ya se aprobaron reformas legales para tipificar la corrupción como delito grave; lo menciono sólo a manera de ejemplo.
Número dos: tenemos que garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Nuestra estrategia para combatir la inseguridad va dirigida a atender la raíz de la aguda crisis que enfrenta el país en esta materia, particularmente entre los jóvenes.
Avanzamos ya correlacionando sólidamente las políticas de bienestar social con las de seguridad para generar gradualmente un nuevo entorno público.
De esta forma atacamos las causas profundas del auge delictivo y buscamos reducir significativamente la base social que haya podido cooptar la criminalidad.
Número tres: Estamos comprometidos con el pleno respeto y promoción de los derechos humanos. Se incorpora el conocimiento de tales derechos en los procesos de formación de personal para las corporaciones policiales, navales y militares.
En nuestro gobierno no se ha utilizado ni se utilizará a la fuerza pública para reprimir; nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado.
Cabe señalar aquí que, en el transcurso de este gobierno, los cuerpos federales de seguridad no han recibido una sola recomendación por violaciones a derechos humanos; esto debe ser registrarlo porque tiene un carácter histórico.
En este gobierno no habrá un solo acto de maquillaje ni de montaje escenográfico o televisivo para engañar a la opinión pública. Por eso hemos presentando ante ustedes la verdad.
Nuestro gobierno no permitirá que se cometan actos que queden impunes desde el poder y se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos
Cuatro: La regeneración ética de la sociedad, que es imprescindible para apuntalar la estrategia de seguridad, es, al mismo tiempo, un medio y un fin de la Cuarta Transformación.
La regeneración ética es ya la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno honesto, transparente y apegado a derecho; y nuevamente, insisto, esto tiene una relevancia histórica.
En el caso de los desaparecidos estamos haciendo todo lo humanamente posible para esclarecer su paradero. No cejaremos en este esfuerzo esencial para terminar con la angustia de miles de familias mexicanas.
Nos proponemos recuperar el control de los penales de las mafias que se enseñorean en ellos. Con la colaboración de los gobiernos estatales, vamos a recuperar para los centros penitenciarios su propósito constitucional.
Tomamos la decisión de rediseñar las instituciones de seguridad para dotar al Estado mexicano de los instrumentos imprescindibles para combatir eficazmente la inseguridad y la violencia en el país.
Los cambios propuestos incluyeron ya diversas reformas constitucionales y legales; esas modificaciones cambiaron ya el rostro del Estado mexicano en el ámbito de la seguridad.
Entre las innovaciones destaca particularmente la creación de la Guardia Nacional, iniciativa constitucional de carácter histórico para enfrentar el problema de la inseguridad.
Viene ahora el proceso para alcanzar la madurez institucional de la Guardia, pero, a escasos cuatro meses de su creación constitucional, la Guardia tiene ya desplegados 72 mil elementos a nivel nacional y vamos a terminar el año con 92 mil elementos.
La meta en este proceso de maduración institucional es alcanzar 140-150 mil elementos para el 2021. Por ello decimos que nuestro mayor problema está en el corto plazo, debido a que la madurez institucional de la Guardia requiere necesariamente tiempo.
La creación de la Guardia Nacional debe ir acompañada del fortalecimiento de las policías municipales y estatales. Esta iniciativa se enmarca en el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, aprobado por unanimidad por las y los presidentes municipales y gobernadores.
Una de las principales propuestas de esa agenda es la dignificación y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los integrantes de los cuerpos de seguridad.
El modelo propone un salario digno y unificado a nivel nacional, así como prestaciones sociales justas y equitativas, y una capacitación y profesionalización también homologada.
La inteligencia y los operativos de precisión por sobre el uso indiscriminado de la fuerza son la base de nuestra actuación policial.
Desaparecimos el CISEN y creamos el Centro Nacional de Inteligencia como un órgano de inteligencia de Estado.
A diferencia de gobiernos anteriores, no hemos utilizado ni utilizaremos jamás este instrumento de inteligencia para la persecución de opositores, disidentes, activistas, movimientos sociales ni periodistas. Esto, también, tiene una connotación histórica.
Con la idea clara de que el narcotráfico sólo puede ser combatido eficazmente desde una lógica económica, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP se ha sumado de manera estrecha a la estrategia de seguridad.
El sexenio pasado se detuvieron 120 de 122 objetivos prioritarios, 120 de 122, y no recuerdan ustedes que se haya congelado una cuenta o que se haya asegurado un inmueble. Eso ya se acabó.
Se logró el perfeccionamiento de la figura de extinción de dominio y de los procedimientos para la declaratoria de abandono de bienes.
Ahora es un proceso abreviado.
Los bienes decomisados al crimen organizado, de hecho, se destinan ya a la atención de las víctimas y a fortalecer los programas sociales, y a mejorar las condiciones de los policías.
Para garantizar el éxito de estas acciones generales y específicas planteadas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública partimos de un consenso básico que queremos recordar aquí, porque gracias a él ha sido posible construir todos los acuerdos en esta materia.
El consenso básico es considerar a la seguridad pública como un espacio de neutralidad política, ideológica y partidista, que facilite la construcción de consensos.
En el marco de ese principio trabajamos con las señoras y señores gobernadores, con las presidentas y presidentes municipales, y debo reconocer aquí, con agradecimiento a todas y todos ellos, que, invariablemente, lo hemos hecho en los mejores términos y lo seguiremos haciendo.
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