Va hilo sobre moderación de contenidos en plataformas digitales:
El status quo es que toda plataforma de Internet generalmente:
a) No es responsable por las expresiones de sus usuarias.
b) No es responsable por medidas unilaterales para remover expresiones que considere.
El status quo es que toda plataforma de Internet generalmente:
a) No es responsable por las expresiones de sus usuarias.
b) No es responsable por medidas unilaterales para remover expresiones que considere.
Esta inmunidad de las plataformas de Internet se desprende de la Sección 230 de la Communications Decency Act, exportada (aunque con pequeñas diferencias) en el art. 19.17 del TMEC.
(Para que vean que en la 4T no saben ni lo que aprobaron con el TMEC)
(Para que vean que en la 4T no saben ni lo que aprobaron con el TMEC)
De no existir la regla general de la no responsabilidad de plataformas de Internet por las expresiones de sus usuarias, las plataformas tendrían que convertirse en policías todavía más estrictas del discurso, usualmente censurando de más por miedo a ser responsabilizados.
Por otro lado, la lógica de la segunda parte de la CDA 230 es que se le deben dar incentivos a las plataformas para que tomen medidas unilaterales de remoción de contenidos sin miedo a ser responsabilizadas.
En resumen, Twitter no es responsable por lo que tuiteas y Twitter tampoco es responsable si censura lo que tuiteas por considerarlo perjudicial.
Este es el status quo, pero recientemente se ha intensificado el debate sobre si esto debería ser modificado.
Este es el status quo, pero recientemente se ha intensificado el debate sobre si esto debería ser modificado.
De entrada creo que es importante centrar el debate en la segunda parte de la inmunidad de las plataformas, es decir, la derivada de las medidas unilaterales.
Los efectos de eliminar la primera parte serían catastróficos para el funcionamiento de un Internet relativamente libre.
Los efectos de eliminar la primera parte serían catastróficos para el funcionamiento de un Internet relativamente libre.
Dada la concentración de poder en ciertas plataformas dominantes es legítimo cuestionar si el poder de moderación de éstas debe ser ilimitado, absolutamente inmune o ausente de cualquier rendición de cuentas pero hay mucho que matizar.
Es importante que cualquier discusión sobre la inmunidad de plataformas por medidas unilaterales se centre únicamente en aquéllas “dominantes”, es decir, aquéllas cuyas decisiones impactan de manera significativa o irremediable el alcance de una expresión.
La censura de un comentario en mi blog con 100 visitas al mes no afecta significativamente la libertad de expresión porque existen alternativas para conseguir el mismo o mayor alcance.
Por su poder dominante, que Google remueva tu sitio de su buscador o un video de YouTube si afecta de manera significativa e irremediablemente el alcance de esa expresión.
Es problemático si esa remoción es arbitraria o discriminatoria.
Es problemático si esa remoción es arbitraria o discriminatoria.
¿Si Zuckerberg se tomara “la píldora roja” y usara su poder dominante para favorecer deliberadamente ideas de supremacismo blanco y censurar a personas de color también diríamos “es una plataforma privada y puede hacer lo que quiera”?
Seguramente no.
Seguramente no.
Con algo de razón, puede apuntarse que si las autoridades de competencia evitarán la concentración este problema no existiría, pero el derecho de la competencia hoy está muy mal equipado para evaluar y remediar este tipo de impactos.
(Discusión que ameritaría otro hilo)
(Discusión que ameritaría otro hilo)
Otra razón por la que la discusión debe centrarse en las plataformas dominantes es porque el costo de cualquier regulación en el entorno digital usualmente termina fomentando más concentración. Los grandes pueden pagar para cumplir pero los entrantes y pequeños no.
Algo mínimo que se le debe exigir a las plataformas dominantes respecto de sus políticas de moderación de contenidos es transparencia y rendición de cuentas.
Este es el enfoque de los Principios de Santa Clara: santaclaraprinciples.org
Este es el enfoque de los Principios de Santa Clara: santaclaraprinciples.org
Además de publicar estadísticas, notificar a infractores y ofrecer mecanismos de apelación es importante que las políticas de las plataformas dominantes sean claras y apegadas a los derechos humanos, además de que sean aplicadas de manera consistente y no discriminatoria.
¿Cuál debería ser el rol del Estado en todo esto?
Típicamente el Estado ha estado más interesado en regulación para restringir derechos en Internet más que para protegerlos. Entiendo el temor. Pero creo que el Estado no puede renunciar a su rol de garante.
Típicamente el Estado ha estado más interesado en regulación para restringir derechos en Internet más que para protegerlos. Entiendo el temor. Pero creo que el Estado no puede renunciar a su rol de garante.
Creo viable, benéfica y compatible con el TMEC, por ejemplo, regulación que obligue a las plataformas DOMINANTES a implementar medidas de transparencia y rendición de cuentas como las recogidas en los principios de Santa Clara.
Lo más controversial podría ser el rol del Estado en revisión judicial de las decisiones de remoción de las plataformas dominantes.
Hoy no creo que sea la prioridad pero honestamente me incomoda vetar esa posibilidad para siempre.
Hoy no creo que sea la prioridad pero honestamente me incomoda vetar esa posibilidad para siempre.
En su caso, la eventual revisión judicial de una decisión de remoción de contenidos debería estar limitada a particulares circunstancias como el poder dominante de la plataforma en cuestión, que la decisión haya sido arbitraria y con un efecto irremediable en los dh.
Ojalá este hilo contribuya a salir de la dicotomía absurda “las plataformas privadas pueden hacer lo que quieran” vs “eliminen la CDA 230”.
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