Thread by @tumbolian

A propósito de lo anunciado por el Gobierno de la CDMX ayer, desde @r3dmx tenemos conocimiento que diversas autoridades están solicitando información a empresas de telecomunicaciones.

Va hilo sobre por qué son problemáticas estas solicitudes (especialmente su opacidad):

La tecnología y los datos pueden ser útiles ante la epidemia de COVID-19, pero para poder evaluar su pertinencia, efectividad, legalidad, necesidad y proporcionalidad es indispensable que autoridades y empresas sean transparentes y claras sobre los alcances de las medidas.

Con justa razón generó alarma lo anunciado por el Gobierno de la CDMX en su comunicado de ayer.

- "Brindarán acceso a las antenas"
- "Se mantenga un monitoreo del movimiento y contacto de las personas"
- "Con el objeto de identificar si las personas cumplen con el aislamiento".

Afortunadamente parece que @LaAgenciaCDMX corrigió el error de comunicación y aclaró que lo único que obtendrán es el número agregado de personas conectadas a cada torre celular.

No tendrán acceso a antenas, ni identificarán personas o contactos.

adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/n…

Pero el @GobCDMX no es el único gobierno pidiendo información.

¿Qué cosas hay que preguntar antes de aceptar medidas que puedan afectar nuestra privacidad con pretexto de la epidemia por COVID-19?

4 PUNTOS

1) ¿Qué información específica están solicitando? ¿Son datos en bruto o agregados? ¿Los datos pueden ser reidentificados?

Ojo. Evidencia demuestra que es posible y sencillo reidentificar bases de datos supuestamente anonimizadas:

r3d.mx/2019/07/25/es-…

2) ¿Cuál es el objetivo de la medida? ¿El objetivo es legítimo?

Es muy distinto querer información para evaluar la movilidad general de la población de una ciudad que querer monitorear personas específicas. Por ejemplo, personas que han dado positivo a COVID-19.

3) ¿Con qué evidencia se soporta la efectividad de la medida?

Por ejemplo, existen al menos dos problemas con los sistemas amplios de monitoreo electrónico de personas infectadas que han sido implementados en países (principalmente autoritarios).

UNO. Precisión.

Dependiendo de la tecnología utilizada, el rango de ubicación aproximada puede ser de decenas o hasta cientos de metros, con lo cual no se puede identificar si estás afuera o adentro de un edificio o si te separa un muro de otra persona "a tu lado".

DOS. Pruebas.

De nada sirven los sistemas de monitoreo geográfico de personas infectadas con COVID-19 si no se aplican pruebas masivas para saber quién está infectado y quién no.

En México, por ejemplo, eso no va a suceder.

4) ¿Qué autoridades van a acceder y tratar la información? ¿Con qué fundamento legal? ¿Cuánto tiempo van a hacer esos monitoreos? ¿Cuánto tiempo van a conservar datos?

En México no se han suspendido derechos y garantías. Las autoridades no pueden usar a COVID-19 para vigilarnos.

Incluso si se llegan a suspender garantías, la Constitución exige que cualquier medida deberá ser temporal y respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y publicidad.

Suspensión de garantías no es cheque en blanco para violar derechos, incluída la privacidad.

COVID-19 exige la solidaridad, responsabilidad e inteligencia de todos para superarla con el menor costo humano posible.

Esto también implica que las autoridades hagan uso razonable de sus recursos, evitando limitar los derechos de manera innecesaria, desproporcionada o ilegal.