Estali La Karpa, empresa de un burukide del PNV, fue condenada a raíz de un grave accidente laboral ocurrido durante uno de los primeros actos de partido de Democracàcia i Llibertat.
Estali, proveedora de actos del PNV y adjudicataria de contratos públicos, había subcontratado a Langreana de Karpas el servicio encargado por Democracàcia i Llibertat para un acto en Vic el 12 de diciembre del 2015.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró a ambas empresas responsables por “falta de medidas de seguridad e higiene”. El accidente derivó en un proceso judicial que ha terminado condenando a ambas empresas en octubre del 2020 a pagar al trabajador más de 75.000 euros.
La esposa de Aitor Elorza, Marije Zelaia, fue edil en Donostia y ahora es representante del PNV en las Juntas Generales de Gipuzkoa.
La hermana de Aitor Elorza, Idoia Elorza, ha venido ejerciendo de responsable de Comunicación y Organización del GBB que dirige Joseba Egibar.
El burukide Aitor Elorza también dirige Montai, proveedora de actos del PNV y adjudicataria de contratos públicos.
Montai fue señalada por el Tribunal de Cuentas en relación a la opacidad del PNV sobre sus proveedores.
Otra empresa proveedora del PNV citada en el informe del Tribunal de Cuentas era Gráficos Zure.
El burukide que dirige Estali y Montai, Aitor Elorza, había sido coordinador de las campañas de publicidad de Gráficos Zure.
Gráficos Zure fue creada por el hermano del denominado por Gananzia como "el Bárcenas del PNV", junto a un primo del entonces Consejero de Interior Roke Retolaza.
El equipo de investigación del diario Egin ya había informado sobre el modus operandi de Gráficos Zure.
El burukide Aitor Elorza, propietario de Estali y Montai, compareció en el caso De Miguel como testigo a propuesta de la defensa de los imputados.
El trabajador en Araba de Montai, Roberto González, representa al PNV en las Juntas Generales de Araba, donde llegó a ser portavoz.
Roberto González fue trabajador de Errexal, empresa creada por burukides del PNV condenados por el caso De Miguel para recaudar comisiones ilegales.
Errxeal también era proveedora del PNV y adjudicataria de contratos públicos.
Errexal había sido adjudicataria del Consejo vizcaíno del txakoli, con sede en Leioa, promovido por el ayuntamiento del municipio y presidido durante diez años por un hijo de Xabier Arzalluz que llegó a ser investigado por su relación con la trama del caso De Miguel.
Errexal pagaba “en B” a algunos de sus empleados como Leire Orueta, exconcejal del PNV en Laudio.
El marido de Leire Orueta es Josu Álvarez.
Josu Álvarez envió un correo electrónico a Alfredo de Miguel, condenado por el caso De Miguel, en el que le agradecía las gestiones para que su empresa Urazca se llevara un contrato en Gasteiz.
Urazca, creada por un exalcalde del PNV, figura en los papeles de Bárcenas.
Un extrabajador de Montai, Eder Sánchez, exasistente del PNV en el Congreso y exteniente alcalde del ayuntamiento de Amurrio, es procurador en Juntas Generales.
Eder Sánchez fue administrativo de Landaburu Etxea: empresa del PNV que estuvo bajo la lupa del Tribunal de Cuentas y que había sido administrada por el ya condenado Alfredo De Miguel.
Landaburu Etxea fue reconvertida de constructora a gestora de batzokis cuando empezó a estar bajo la lupa del Tribunal de Cuentas en relación a una maraña de sociedades propiedad del PNV por la que el tribunal ha abierto al PNV un expediente sancionador por financiación ilegal.
Haritz Solupe, extrabajador de Montai, es ahora asesor del Diputado General de Gipuzkoa.
El responsable de facturación de Montai, Boris Nogales, ha sido representante del PNV en las Juntas Generales de Gipuzkoa y ahora es edil en Lasarte-Oria.
Onintze Guerra, empleada de Montai, es representante del PNV en las Juntas Generales de Araba.
El burukide Aitor Elorza, excoordinador de imagen en el Gobierno vasco y propietario de Montai y Estali, también es fundador de las empresas Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Komunikazioa.
Montai, Estali y Errexal se han visto envueltas en diversas denuncias por irregularidades, pero no son las únicas empresas proveedoras del PNV creadas por burukides y adjudicatarias de contratos públicos que están bajo sospecha.
Gotzon Bilbao, propietario de Alaiki, saltó del área de Cultura del Ayuntamiento de Leioa al Bizkai Buru Batzar en 2008.
Entre los años 2000 y 2015, Alaiki, proveedora de actos del PNV, facturó cinco millones de euros en contratos públicos.
Entre 2018 y 2019, Alaiki ha sido adjudicataria de al menos 60 contratos públicos.
Alaiki montó una UTE con Uztaiak Kudeaketa (creada por un exalcalde de Maruri, Joseba Koldo Alzaga) para hacerse con algunos contratos públicos.
Gotzon Bilbao, propietario de Alaiki, también ha estado vinculado a Astigiro Iniciativas de Ocio y Medioambientales, Events Emozioak and Acts y Ondarlan Museos Patrimonio y Turismo.
Urtzi Arriaga, exedil en Basauri y director de una campaña electoral del PNV, fue directivo de Events Emozioak and Acts, fundada por Gotzon Bilbao.
Urtzi Arriaga también estuvo ligado a BCityBizkaia y Simple Communication, ambas compartieron sede con Events Emozioak and Acts
Por el consejo de administración de Alaiki desfiló Andoni Busquet, alcalde de Basauri entre 2011 y 2019.
Andoni Busquet también ha estado vinculado a Astigiro Iniciativas de Ocio y Medioambientales, Events Emozioak and Acts, Ondarlan Museos Patrimonio y Turismo y Kidem Kudeatze Zerbitzuak.
Kidem Kudeatze Zerbitzuak era una empresa de apuestas deportivas creada por impulso del entonces director de EiTB y ahora presidente del PNV, Andoni Ortuzar.
Por el consejo de Alaiki desfiló Jon Loizaga, exconcejal de Leioa vinculado al affaire Pinosolo.
Jon Loizaga había sustituido en el cargo al exedil del PNV Iñaki San Juan, administrador de Errexal: proveedora de actos del PNV y creada por la trama del caso De Miguel para recaudar las comisiones ilegales del 4%.
Jon Loizaga también ha estado ligado a Ieup Events, Bi Sport, Hostelpark y Carpas HZ.
Carpas HZ ha venido siendo proveedora de actos del PNV y adjudicataria de contratos públicos.
La exedil de Leioa Ainara Urbieta fue socia de Jon Loizaga en Bi Sport.
Jon Loizaga tenía de socio en Ieup Events al hermano de la responsable de la poderosa Viuda de Sainz, empresa constructora beneficiada por el affaire Pinosolo y vinculada a la carrera empresarial del extesorero del PNV Xabier Sagredo, ahora presidente de BBK.
Cuando estalló el affaire Pinosolo el alcalde de Leioa era Eneko Arruabarrena, casado con una hermana de la presidente del BBB Itxaso Atutxa, esposa del burukide Aitor Esteban.
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Respuesta de la Comisión Europea a Zaldibar Argitu, Ekologistak Martxan y Asociación Vecinal de San Lorenzo sobre la que los medios informan sin remitir al texto original.
Cuatro fundiciones contaminantes de la mancomunidad de Durangaldea que han venido protagonizando diversas polémicas fueron importantes clientes del vertedero de Zaldibar durante los años 2018 y 2019.
Euskal Herria protagoniza las mayores operaciones de los últimos años en el Estado español contra el tráfico de armas, el narcotráfico y el blanqueo de capitales de clubs de alterne.
Entre 2015 y 2019, de las cinco operaciones más importantes contra el tráfico de armas dos de ellas se produjeron en Euskal Herria: Operación Portu (Getxo) y Operación Can (Gordexola).
La mayor aprehensión de speed registrada hasta la fecha en en el Estado español (175,5 kilos) se ha producido en octubre en Nafarroa.
En 2006, "el alijo más importante de speed de los últimos años" (95 kilos) en el Estado español se incautó en Bizkaia a dos ertzainas.
El servicio de apoyo a la dirección de obras del Metro Donostia (tramos Lugaritz-Miraconcha y Miraconcha-Easo) fue adjudicado a Asmatu en 2017 por 2,3 millones de euros.
El director de Planificación del Transporte fue responsable de medio ambiente de Asmatu entre 2010-2017
El director de Planificación del Transporte del Gobierno vasco, Iván Pedreira, fue responsable del departamento de medio ambiente de Asmatu entre 2010 y 2017.
En diciembre del 2016, Iván Pedreira fue nombrado Director de Administración Ambiental del Gobierno vasco.
Su hermana, Mónica Pedreira, es la directora general de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa y en su día presidió una empresa creada por la gerente del vertedero de Zaldibar, ahora imputada.
Las relaciones de burukides del PNV con los propietarios de Asunción Klinika de Tolosa, clínica que acumula 41 contagios por Covid y de los que 35 corresponden a trabajadores.
Jesús María Gómez, propietario de la clínica, fue presidente de la Asociación de Centros Gerontológicos de Gipuzkoa, perteneciente a la patronal Adegi.
Junto a Iñigo Lasuen, exalcalde del PNV de Otxandio, ha venido administrando Pro Maiorem Zaindu y Zurekin Bus.
Gómez y Lasuen han impulsado la asociación de empresarios Garen, asociada bajo las siglas ACGG a la Asociación de Centros Gerontológicos de Gipuzkoa en la patronal de las residencias .
ACGG representa el 10% de la patronal de residencias en Gipuzkoa.
Iskander Atutxa (entonces arquitecto del ayuntamiento) y Javier Aldamiz-Etxebarria (más tarde asesor urbanístico del ayuntamiento) crearon una empresa para promover el fallido proyecto de Txupetxa (tumbado por el TSJPV) en terrenos de la familia de la alcalde de Lezama.
Atutxa y Aldamiz-Etxebarria crearon Euskaser para promover el proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución 2 denominada Txupetxa de Lezama en terrenos de la familia de la entonces alcalde y tumbado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo.
A finales del 2019, el alcalde de Mundaka decidió no prorrogar el contrato que prestaba Aldamiz-Etxebarria Gabinete Jurídico y poco después se desató una campaña contra el regidor que ha acabado con el anuncio de la presentación de una moción de censura por parte del PNV.