De acuerdo con la Declaración Conjunta de Relatores de Libertad de Expresión de 2017, “Las prohibiciones generales de difusión de “fake news” son incompatibles con los estándares int’ls sobre restricciones a la libertad de expresión y deberían ser derogadas”
https://twitter.com/afojascero/status/1368546443229859844
La Declaración dice que “únicamente podrán establecer restricciones de conformidad con el test previsto, que exige que estén estipuladas en ley, alcancen uno de los intereses legítimos reconocidos por el der int’l y resulten necesarias y proporcionadas para proteger ese interés.”
El test sigue lo dispuesto por el art. 13 del Pacto de San José, que permite regular responsabilidades ulteriores que sean necesarias para asegurar el respeto a los derechos/reputación o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas
Como vengo diciendo, tengo mis dudas de que el 315-A pueda ser interpretado como una prohibición general a las “fake news”, pero si así lo interpretamos, ea probable que sea una aplicación anticonvencional e ilícita
Imagino que el argumento sería que lo que se busca es proteger el orden público y la salud pública, pero es importante cumplir con los requisitos de necesidad/proporcionalidad. Es realmente este el mejor camino para lograr el objetivo?
No soy penalista, pero desde el Derecho de los DDHH si buscan responsabilidades para Willax, creo que un mejor camino sería o el derecho civil (de parte de Sinopharm misma) o el administrativo (del ente regulador).
Ahora, sin duda, no soy dueño de la verdad, así que bienvenida sea la discusión. Y claro, no olvidar que la mejor herramienta contra la desinformación es la información
(La Declaración de los Relatores está aquí: oas.org/es/cidh/expres…)
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
