1.- A la vista del amplio seguimiento de mi tuit anterior sobre la “Oficina del Español de Madrid”, voy a intentar explicar por qué la Constitución establece que el castellano (y no el español) es la lengua oficial del estado. Creo que es una historia muy interesante (hilo).
2.- La redacción del artículo 3 de la Constitución fue una de las cuestiones que generó más discusiones durante el proceso constituyente. Y era comprensible después de casi 40 años de dictadura en los que el castellano había sido la única lengua oficial en todo el país. 
3.- Uno de los puntos centrales fue la cooficialidad en los territorios autonómicos. Se impuso el criterio de que había obligación de conocer el castellano, pero no las otras lenguas españolas. Eso daba ventaja al castellano, pero finalmente se pactó así.
4.- El riesgo de que el mayor reconocimiento normativo del castellano pudiera discriminar a hablantes de otros idiomas se intentó compensar con la cooficialidad y la cláusula de respeto y protección (como base de la normalización de las lenguas que habían sido marginadas).
5.- El nombre de la lengua también fue controvertido. Se barajó llamarla “castellano”, “español” y “castellano o español”. La única Constitución que antes había establecido lengua oficial (la de 1931) la llamó “castellano”. La página del Congreso muestra parte del debate de 1978.
6.- El uso coloquial de “castellano” o “español” está bastante repartido en nuestro país. También en América Latina: las constituciones de Colombia, Ecuador o Perú la llaman “castellano”; y la denominan “español” las constituciones de Guatemala, Honduras o Panamá.
7.- En el proceso constituyente se acordó finalmente llamar “castellano” a la lengua oficial del estado. Se partió de la premisa de que todas las lenguas del país eran españolas. Y se consideró que denominarla “español” podría generar discriminación hacia los otros idiomas.
8.- Esa denominación oficial fue una apuesta a favor de la diversidad lingüística del país, desde un enfoque inclusivo. Y fue un acuerdo de consenso para compensar el mayor reconocimiento normativo del castellano en la redacción final.
9.- El nombre oficial de “castellano” vincula a los poderes públicos en la elaboración de normas y en la identificación de organismos. No vincula a la ciudadanía, que puede utilizar el nombre que más le guste. Tampoco vincula a los usos académicos o científicos.
10.- Es muy respetable que la RAE o el Instituto Cervantes opten por recomendar “español” en determinados contextos. Es una opción lingüística, pero no jurídica o institucional. En este último ámbito, el pacto constitucional de convivencia estableció el término “castellano”.
11.- Hay quien dice que le da igual lo que diga la Constitución y que rechaza lo que allí se decidió. Resulta bastante contradictorio que quienes consideran sagrada la Constitución solo acepten lo que les gusta y que pretendan ignorar lo que les desagrada.
12. He pasado mucho tiempo de mi vida analizando los derechos de los hablantes en contextos de pluralidad cultural, siempre desde la defensa de un bilingüismo real, que no discrimine a nadie. Por eso detecto en seguida a quienes consideran que su lengua es superior a la de otros.
13.- La llamada “Oficina del Español de Madrid” utiliza una denominación contraria al mandato constitucional de respeto institucional a la diversidad lingüística. Y algunas declaraciones anticipan conflictos desde Madrid contra otras comunidades autónomas.
14.- Las lenguas son lo que nos une al resto de la humanidad y no lo que nos separa. En situaciones de diversidad cultural, me parece necesario fortalecer los mecanismos de bilingüismo constructivo. Y denunciar los intentos de generar discordias interesadas (fin).
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