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Javier Torrox @Javier_Torrox
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Breve HILO sobre las implicaciones políticas de la demanda contra Llarena en Bélgica.

1. La base jurídica de la demanda de Puigdemont y demás rebeldes fugados es irrelevante. Discutir acerca de ella es una pérdida de tiempo.
2. El objetivo de los golpistas es que un tercer país (Bélgica) cuestione la Justicia española y, con ello, su soberanía.
3. No les importa tener éxito en su demanda. El mero ejercicio de la defensa jurídica de Llarena en un juzgado belga implica que España legitima a un juzgado belga de primera instancia para tutelar a la Justicia española y, con ella, su soberanía.
4. La personación de España en esta causa es el éxito que persigue Puigdemont. ¿Por qué? Porque sitúa a España -como demandada- al mismo nivel en el que él se encuentra -como demandante- ante un árbitro internacional: es la mediación internacional que pidió sin éxito en octubre.
5. Es la puesta en práctica de una relación bilateral España-Cataluña con la comunidad internacional como árbitro de una disputa entre iguales.

Este es el significado político de la personación de España en esta causa.
6. Sin embargo, la defensa de Llarena es ineludible y es inexcusable. España no puede soportar ni admitir que un juez de primera instancia de una potencia extranjera cuestione la soberanía de la Justicia española. Debe ser defendida su persona y su instrucción.
7. ¿Cómo hacerlo? Se trata de una demanda política disfrazada de juridicidad. La respuesta, por lo tanto, debe ser política.

Sólo hay dos alternativas que pueda tomar Moncloa.
8. Primera alternativa. Comunicar al juez belga que es incompetente para juzgar a la Justicia española y que España no reconoce su competencia en tal asunto. Moncloa debería en tal caso hacer pública esta acción. Después, carpetazo y allá el juez belga.
9. Segunda alternativa. Comunicación al Gobierno belga acerca de las graves consecuencias para las relaciones de ambos en el caso de que la causa no sea inadmitida y archivada. Si no hay reacción en unos días, hacer pública esta comunicación.
10. Si España se persona y ejerce la defensa como si se tratara de una demanda ordinaria será un error colosal y tendrá graves consecuencias políticas. Sería un regalo a Puigdemont y a los intereses de la rebelión de la Generalidad. La respuesta sólo puede ser política.
y 11. Bajar a la arena de dimes y diretes con los golpistas en tribunales de terceros países es hacerle el juego a su propaganda.

Dejar la soberanía española en manos de un juez belga de primera instancia es una locura.
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