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Durante enero medios económicos publicaron sobre el ajuste de los subsidios que paga el Estado para estimular la producción de gas en Vaca Muerta. Parece un tema periférico, ajeno al gran público, pero hoy es la cuestión central en la agenda de Gustavo Lopetegui. Abro hilo 👇
El Estado paga un subsidio directo a las petroleras que aumentan su producción no convencional de gas. A través de la resolución 46 firmada por el ex ministro Juan José Aranguren, reconoce un precio premio de US$ 7 por millón de BTU (unidad de medida) por el gas de Vaca Muerta.
La resolución se publicó en 2017 y en la industria coinciden en que nació con inconsistencias graves que se acentuaron cuando la crisis del dólar se llevó puesta la macroeconomía. Aranguren había proyectado que el programa le costaría al Estado unos US$ 400 millones en 2019.
Pero tras la disparada del dólar, y sus efectos en el mercado del gas, terminaría costando US$ 1300 millones. La cifra que no pasa el filtro del corsé fiscal del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Eso obligó al gobierno a renegociar con las mayores petroleras del país.
La renegociación llega tarde. El ex secretario de Energía Javier Iguacel debió haberla encarado en julio del año pasado, cuando la crisis cambiaria ya era evidente. Sin embargo, prefirió evitar el tema y defender el statu quo. A la luz de los hechos, fue un error.
Si bien son varias las petroleras involucradas (Tecpetrol, CGC; YPF, PAE, Total y Pampa Energía, entre otras), en la práctica, lo importante es negociar con la petrolera de Techint. Tecpetrol factura alrededor del 70% de los subsidios totales que tracciona la resolución 46.
Tecpetrol produce casi 17 millones de m3 diarios de gas desde VM y reclama el cobro de subsidios por esa oferta. Si Iguacel hubiese renegociado con Techint en julio pasado, la posición del Estado sería más sólida porque en ese momento producía la mitad hoy, unos 8,5 MMm3/día.
Parece un tema eminentemente técnico, pero a los fines prácticos lo que está en juego son dos cuestiones. 1) la continuidad de la inversión en gas, dado que hoy hay claros síntomas de estancamiento en buena medida por la incertidumbre que existe en torno por el futuro de la R46
Y 2) el riesgo para el Estado de que el cambio regulatorio que prepara el gobierno desemboque en reclamos en la Justicia de las petroleras por hasta US$ 2500 millones. La plata en juego requiere que Lopetegui y Dujovne duden de qué camino tomar.
Más allá de eso, lo que pasó con la R46 evidencia la falta de coordinación y articulación interna que existe como denominador común en el área de Energía durante los tres años de gestión de Cambiemos.
Colaboradores de confianza de Aranguren le advirtieron que así como estaba redactada la resolución engendraba riesgos para el Estado (a saber: la norma no especifica cupos de producción de gas y partía de una concepción eminentemente voluntarista sobre la estabilidad cambiaria).
Pero el ex ministro no tuvo en cuenta esos comentarios. Iguacel, del mismo modo, directamente se enfrentó a Dujovne, que en agosto del año pasado impulsó un ajuste de la R46 que el presidente Macri desautorizó.
La realidad marca que la recomendación del ministro de Hacienda era la correcta. Seis meses después, el futuro del programa de subsidios a VM es una incógnita. Y el riesgo de que todo termina en juicios contra el Estado por cifras millonarias, alto.
Acá más info sobre el tema econojournal.com.ar/2019/01/marcha…
