Volvamos a los archivos de la represión que están en el @AGNMex y en otros archivos. El tema no es que @INAImexico permita el “acceso sin restricción”, siguen tratando estos archivos como si fueran un fondo documental como cualquier otro. Estos archivos,tienen una doble cualidad.
1. Son el resto arqueológico de una estructura represiva de un régimen autoritario (que a todas vistas resiste las declaratorias de muerte). Conocer estos archivos permitirá comprender los funcionamientos internos y externos de esas estructuras, y sus persistencias presentes.
No son, pues, documentos de archivo como cualquier otro, y esto debemos entenderlo también los historiadores para mantener los niveles éticos del trabajo y no convertirnos en predadores de estos archivos. Son documentos que dan cuenta de acciones de las instituciones coercitivas
y gran parte de ellas constituyen crímenes de Estado y graves violaciones a derechos humanos.
Su tratamiento, entonces, no puede ser equiparado como lo hace al someterlos a una ley general)al resto de fondos documentales del estado y las reglas que aplican para ellos. Además que dichas reglas contienen graves restricciones a derechos: como el periodo de guarda de 70 años.
2. Son, por tanto, también una fuente relevante para la construcción democrática (que tanto se pretende discursivamente), y para terminar con ese régimen autoritario cuyas persistencias son muchas aún. Este tipo de archivos, de acuerdo con la experiencia internacional
y los reclamos nacionales, precisan de inscribirse en una política de memoria y justicia. No se trata sólo del “acceso sin restricción” (respuesta que deja claro las ignorancias e incomprensiones de una burocracia), se trata de comprender la magnitud de la exigencia de justicia.
La declaratoria de interés público debe presentarse como el primer paso de una política de memoria, convocar a historiadoras/es y víctimas para determinar procedimientos de acceso (y no para pedirles justificaciones, como hace el AGN) y las exigencias éticas de la consulta.
