1. Desde hace una década ha ido avanzando la idea de que órganos administrativos o gubernamentales pueden sancionar actos expresivos que inciten al odio, la discriminación, etc.
Ley Gral de Comunicación Audiovisual 2010, leyes autonómicas LGTBi y Memoria Democrática, etc.
Ley Gral de Comunicación Audiovisual 2010, leyes autonómicas LGTBi y Memoria Democrática, etc.
2. Con la propuesta gubernamental de actuar con una "sanción indirecta" (sancionando al proveedor que no retire el mensaje) esto se ha puesto de moda. No obstante, llevamos años con este grave problema. Un problema que no va a menos.
3. Estas infracciones casi siempre tienen la misma definición: "fomentar el odio etc. SIN QUE SEA CONSTITUTIVO DE DELITO".
Esto supone que "por debajo" del delito hay un espacio de actuación sancionable.
No obstante, la jurisprudencia en materia de delitos "de odio" no lo ve así.
Esto supone que "por debajo" del delito hay un espacio de actuación sancionable.
No obstante, la jurisprudencia en materia de delitos "de odio" no lo ve así.
4. La jurisprudencia constitucional perfila estos delitos fijando un límite inferior por debajo del que la sanción lesionaría la libertad de expresión. Así, SSTC 235/2007, 112/2016, etc. y varias SSTEDH que limitan la acción *punitiva* protegiendo la libertad de expresión.
5. Pero además, como ha señalado el letrado TC L. Pomed, surge una cuestión.
La potestad sancionadora admiva. está asociada a una competencia material. Si una admón puede imponer sanciones en tráfico vial o consumo es porque hay una competencia sobre tráfico vial o consumo.
La potestad sancionadora admiva. está asociada a una competencia material. Si una admón puede imponer sanciones en tráfico vial o consumo es porque hay una competencia sobre tráfico vial o consumo.
6. Esta competencia estaría clara en regímenes sancionadores como el de comunicación audiovisual o espectáculos deportivos.
Pero ¿a qué competencia va asociada la potestad de sancionar que se refleja en las leyes LGTBi o de Memoria Democrática? Y ¿qué Admón. es la competente?
Pero ¿a qué competencia va asociada la potestad de sancionar que se refleja en las leyes LGTBi o de Memoria Democrática? Y ¿qué Admón. es la competente?
7. Por último, una cuestión de la máxima importancia: la garantía jurisdiccional de la libertad de expresión. Quitar al juez de enmedio y poner a una admón que instruye y sanciona es un gravísimo problema para la libertad de expresión.
8. Todo esto ("y mucho más") lo abordamos en el informe del Grupo de Trabajo sobre Libertad de Expresión que publicaremos en el mes de noviembre. Informe en el que han participado ilustres tuiteros como @PresnoLinera o @germanteruel.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
