Estos días es mediática la salida de Albert Rivera del despacho de abogados «Martínez-Echevarría», por el que fichó en 2020. En aquel entonces se especulaba con las sinergías para el bufete de las conexiones políticas del ex líder de C's.
🧵 ¡Veamos qué dicen los datos públicos!
¿Ha tenido rédito comercial para el despacho el fichaje de Albert Rivera? En el sector privado no lo sabemos y no nos interesa pero… ¿y en las empresas y organismos públicos? ¿Se ha disparado la facturación del bufete entre las administraciones públicas?
El despacho «Martínez-Echevarría & Rivera Abogados» opera bajo la razón social «RIGHT OPTION, S.A.P.», con NIF A86366895.
¿Quiénes son sus administradores? La respuesta está en la sección primera del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME): «Empresarios».
¡Vamos allá! 👇
🤦♂️ ¡Ah, no! Disculpad… Que el BORME es un diario oficial 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗯𝘂𝘀𝗰𝗮𝗱𝗼𝗿. ¡Un boletín oficial donde no se puede buscar 😱! Así de simple. Así de estúpido.
¿Y por qué? 🤷♂️ Eso hay que preguntárselo a los registradores… Y a la ministra 👉 @pilar_llop.
Afotunadamente hay un truco: un buscador que no es oficial, pero que funciona muy bien. Es @LibreBORME, obra del gran @_pablog 👏. ¡Gracias, Pablo!
En LibreBORME encontramos el nombre del administrador único de la sociedad.
¿Es «Martínez-Echevarría» un grupo empresarial y opera también con otras sociedades? Ahondando en los datos públicos encontramos otras sociedades donde interviene su administador. Son estas:
✅ Martínez-Echevarría Think Tank SL
✅ Querubines 5 SL
Tenemos ya, por lo tanto, tres sociedades: la matriz del bufete y estas dos nuevas. Amplío la pesquisa a otras dos compañías que encuentro en LibreBORME y en las que ejerce cargos el que, por coincidencia de apellidos, podría ser un hijo del administrador único del bufete.
He metido todos estos datos en mi herramienta —que sigue en el horno— para explorar los contratos públicos. Y esto es lo que me dice 🎉:
👉 El principal cliente público del bufete es la empresa pública COFIDES, con seis contratos que suman 148.075 euros, todos ellos en 2021.
El resto de contratos de «Martínez-Echevarría» con el sector público son todos contratos menores: 14.999,99 € con el Ayuntamiento de Carboneras, 13.000 con la Diputación de Málaga, 6.000 con ISDEFE y 300 con el Ayuntamiento de Torrijos.
10 contratos que suman 182.875 €. Y ya.
Tratándose de una compañía de servicios legales que factura entre 18 y 20 millones, podemos concluir que su implantación en el sector público es muy escasa, no llegando a superar el 1 % anual de sus ventas.
No constan contratos relevantes con organismos públicos, salvando quizá los 150.000 euros facturados en 2021 a la empresa pública COFIDES. No constan tampoco los contratos con la Junta de Andalucía o la Comunidad de Madrid con que especulaba la prensa en 2020.
Si el fichaje de Albert Rivera como presidente ejecutivo del bufete ha tenido impacto en el desarrollo del negocio de «Martínez-Echevarría», desde luego no ha sido a raíz de nuevos contratos con organismos y empresas públicas. Al menos, para las sociedades que he referido.
¡Y hasta aquí las disquisiciones analíticas 🤓 (léase: «la turra») de Jaime de esta noche! 😃
Si os ha gustado… ¡seguidme y seguiré informando! 👌
Y si no… pues aquí os dejo este contrato de compra de plantas carnívoras 🤣.
¡Sigo avanzando en mi análisis de la contratación pública! 🤓. Hoy he programado una cosa muy chula:
👉 ¿Qué organismos públicos contratan con más frecuencia a una empresa dada? 🤔
🧵 Veamos, por ejemplo, el caso de EL CORTE INGLÉS.
Hay 856 organismos públicos con compras a El Corte Inglés.
🏆 El récord lo ostenta la Universidad de Murcia, que ha registrado 1.146 compras en estos grandes almacenes.
🥈 El segundo puesto es a mucha distancia: 238 compras ha hecho allí el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Nótese que El Corte Inglés es un grupo empresarial. Los datos del tuit anterior se refieren exclusivamente a los contratos públicos suscritos con los grandes almacenes (NIF A28017895). No he incluido las compras a IECISA (Informática), Viajes El Corte Inglés, SuperCor…
En los expedientes de contratación pública todo lo que puede estar mal, en algún expediente acaba estando mal: fechas imposibles, órganos de contratación con faltas de ortografía, NIF erróneos… Llevo unos meses compartiendo aquí los ejemplos que encuentro en mi camino.
El tipo de error que he encontrado hoy es muy sutil. Veámoslo con un ejemplo: el mantenimiento de este ascensor en Cantabria:
Así, cuando el Ayuntamiento de Springfield necesita construir una perrera, convoca un concurso público y clasifica la licitación con el código CPV 45223600-2: «Trabajos de construcción de perreras».
Los licitadores pueden «vigilar» los códigos de su interés. Todas las empresas de Springfield y alrededores especializadas en construir perreras pueden monitorizar el código 45223600-2. Y cuando sale un concurso público con ese número, presentar su oferta.
Hoy he escrito el programa que descarga y procesa el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3). Se trata de un inventario común de organizaciones públicas.
No todas estas unidades organizativas se corresponden con un organismo público. En el DIR3 aparece también oficinas, entidades menores (los pueblos que componen algunos ayuntamientos)…
El DIR3 tiene una estructura jerárquica. Por ejemplo, la empresa pública XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL depende de la Diputación de Barcelona. Estas dependencias a veces tienen más niveles:
Subdirección de Tiranosaurios 👉 Dirección general de Dinosaurios 👉 Ministerio de Fósiles
¿Por qué la imagen digital de las más altas instituciones del Estado es cutre? Estoy en el portal del Ministerio del Interior. Los logos aparecen pixelados y borrosos. Incluso el del Plan de Resiliencia, que está recién puesto.
En Francia, Italia u Holanda la imagen es buena.
La frutería de mi barrio tiene un certificado de seguridad. Cuando accedo al Ministerio del Interior de mi país, en cambio, el navegador me advierte de que es un sitio inseguro y de que la información que dé podría ser robada.
¿Tanto cuesta poner un certificado de seguridad?
Esto no es solo un problema técnico. Es un torpedo a la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La primera impresión al entrar al portal ministerial es de desconfianza: un riesgo de seguridad, unos logos cutres y borrosos…