Thread by @LucasPodversic

El cartel del NarcoCordobesismo! La droga en Córdoba!!!👇

PREOCUPA PROFUNDAMENTE LA CRECIENTE VINCULACIÓN POLÍTICA CON ESTE NARCO ESCANDALO QUE DEJO ATRAS CLARAMENTE LAS FRONTERAS DE LA CIUDAD CAPITAL Y LLEGA TODOS LOS RINCONES DE LA PROVINCIA

Un muerto, cinco policías detenidos, dos altos funcionarios renunciados, y un gran cuestionamiento social, fue el saldo que dejó el “narcoescándalo” suscitado en Córdoba y que salpicó de lleno a la gestión del gobernador José Manuel de la Sota. El mismo surgió a partir de una

entrevista al delincuente y buchón de la policía “El Francés” Juan Viarnes, y que deschavó algo que absolutamente todo el mundo sabe: los vínculos entre los hombres de azul y el narcotráfico.

Claro que nada es casual y menos en estas inflamadas tierras mediterráneas, últimamente sacudidas por incendios de todo tipo. Aunque desde un principio, el gobernador cordobés intentó explicar esta crisis de los narcopolicías como una mera operación mediática-judicial del

kirchnerismo, ésta en realidad fue el resultado de una política de narcotráfico absolutamente pervertida, con escandalosos casos que involucraron a altos funcionarios del peronismo cordobés y al entorno íntimo del propio gobernador De la Sota.

Estos casos empezaron a salir a luz durante el gobierno de Juan Schiaretti (2008-2011), actual candidato a diputado del peronismo. “El Gringo” tuvo bajo su gestión, como ministro de Gobierno, a Carlos Caserio, un sindicalista de Valle Hermoso, ex menemista, a quien desde

hace años se lo vincula con el narcotráfico, por ser el jefe político de la famosa “Ruta 38”, conocida como la “ruta de la cocaína”.

El primero fue el de Liliana Juncos, que estalló el 20 de diciembre del 2008, sobre el brindis, cuando el Tribunal Federal Oral Nº 1, luego de condenar a cuatro vecinos del barrio Maldonado a cinco años de prisión por distintos delitos a la ley de estupefacientes, ordenó

investigar a Elio Juncos, quien fue sorprendido en un auto con más de 60 mil pesos, luego de que una mujer que lo acompañaba saliera de uno de los domicilios investigados por la policía antinarcóticos.

¿Quién era Elio Juncos? Elio era y es el hijo de Liliana Josefa Juncos, una ex legisladora delasotista (2003-2007), sindicada en varias oportunidades de vender drogas en el barrio Müller, y que a su vez está relacionada con René Alejandro “Chancha” Sosa (es su madrastra),

uno de los narcos más populares de Córdoba.

Por ese entonces, el pedido de la Justicia Federal cayó como un balde de agua fría dentro del gobierno de Schiaretti. Juncos se desempeñaba como subdirectora de Programas Especiales en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia nombrada por “El Gringo” y

debió pedir licencia para aclarar la situación. Tras ello, rápido de reflejos, para tapar el asunto, el actual candidato a diputados decidió crear la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico y poner al frente de ella a Sebastián García Díaz, un

dirigente conservador del partido Primero la Gente abocado a la lucha contra las drogas.

La creación de esta secretaría antidrogas fue el 18 de febrero del 2009, mediante la ley 9.600, cuyo principal problema era su artículo 1º, donde establecía que la flamante secretaría iba a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. Es decir… ¡Carlos Caserio!

Con lo cual el zorro quedaba al cuidado del gallinero.

Narcopolicías. Aun así, la creación de este organismo burocrático no evitó males mayores, mucho menos, nuevos narcoescándalos. Por el contrario, en junio del 2009, Aurelio García Elorrio y Marcelo Touriño presentaron al fiscal federal Gustavo Vidal Lazcano una serie de

grabaciones relacionadas con dos de los imputados de la causa de barrio Maldonado, que se habían dado a la fuga, y los relacionaba con la policía. “Se han detectado conversaciones claras de narcos. Luego se volcaban por escrito para entregárselas al fiscal. En ese trayecto

las conversaciones eran minimizadas por los efectivos policiales y hasta se detectó una que era ilegible”, explicó, por ese entonces, García Elorrio, actual legislador provincial.

En esa oportunidad, los letrados, lejos de olvidarse del caso Juncos, también le solicitaron al fiscal Vidal Lazcano que avanzara sobre la investigación de Elio Juncos. “No tiene desperdicio la lectura de las cintas grabadas que mencionan en la resolución, donde aparece un hombre

de nombre ‘Elio’ delatando que los teléfonos estaban intervenidos”, explicaban los abogados en su escrito.

Luego de esas nuevas denuncias que exponían evidentes vínculos entre la policía provincial, los narcos y el Estado, la cosa se agravó aún más. A poco tiempo de asumir (diez meses después) García Díaz renunció a la flamante Secretaría de Prevención de la Drogadicción y

Lucha contra el Narcotráfico. Lo hizo luego de emitir un duro informe donde revelaba un proceso de “favelización” en algunos barrios de la ciudad de Córdoba, y para lo cual proponía, entre otras cosas, que la policía controlara las principales rutas de nuestra provincia dado

que por allí la cocaína se escurría.

El diagnóstico de García Díaz desagradó profundamente al ministro de Gobierno Caserio, jefe político de la Ruta 38, quien no sólo desautorizó el informe, sino que pidió la renuncia de García Díaz. Esta se cristalizó el 24 de febrero del 2010 y tras hacerse pública un

nuevo narcoescándalo se desató.
“La ruta 38, que es la ruta de Caserio, porque él es de esa zona, es una de las rutas más importantes del mundo, por donde pasa droga desde Colombia hacia Europa, y es la tarea que realizan los integrantes de una banda italiana”, dijo el abogado

García Elorrio, apuntando directamente sobre la cabeza del ministro del gobierno de Schiaretti. “Como ministro de Gobierno (Carlos), Caserio, el dueño político de esa ruta, tiene la oportunidad de dejar un mensaje claro y puede decir ‘esa ruta la vamos a liquidar’. Para luego

defender también el informe presentado por el propio Sebastián García Díaz”, añadió el actual legislador.
Sus declaraciones fueron tomadas al pie de la letra por el entonces legislador juecista Rodrigo Serna, quien pocos días después presentó un denuncia ante la fiscalía de

turno Nº 2 solicitando que se investiguen las declaraciones de García Elorrio, que sindicaban que por la Ruta 38, que cruza el Valle de Punilla, pasaba una de las rutas más importantes del mundo de la cocaína.
Esta nueva oleada de “narcoescándalos” relacionados con el poder

político llegó a su cúspide poco días después, cuando el programa televisivo ADN, de Tomas Méndez, el mismo que emitió la entrevista al “Francés” Viarnes, puso en el aire un informe donde los vecinos de barrio Müller relacionaban nuevamente a Liliana Juncos con la venta de

drogas, un barrio donde la dirigente peronista tenía un comedor.
Este informe de ADN le costó a Juncos su cargo de subdirectora de Programas Especiales en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Cargo al que la dirigente peronista había vuelto hacía tan sólo

dos meses atrás, luego de una larga licencia que debió tomar por las acusaciones de narcotráfico que pesaban sobre su hijo.
La gran cocina. De esta manera, con Caserio como encargado del control de lucha contra el narcotráfico, todo parecía desmadrado en Córdoba. A punto tal,

que una semana antes de las elecciones para gobernador del 2011, otro silencioso pero increíble escándalo estalló en cara salpicando las barbas del propio De la Sota, por entonces candidato a gobernador del peronismo cordobés, que por el silencio de la gran

prensa fue absolutamente tapado.
Este saltó a luz el 29 de julio del 2011, cuando con el operativo “Campo Blanco” la policía descubrió a 40 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto, junto a la ruta 30, una gigantesca “cocina rural” de cocaína, secuestrando 122 kilos. Hasta allí

nada anormal, sólo que el campo donde estaba esta gigantesca cocina rural era propiedad del ex esposo de Adriana Nazario –actual pareja del gobernador–, Roberto Gualtieri, amigo a su vez de De la Sota gobernador, y propietario de la empresa de pastas y ravioles “La Italiana”.

“Fuentes policiales confirmaron que el establecimiento es arrendado por su propietario (Roberto Gualtieri) al pool Siembras Argentinas S.A. Pero el comisario Leonardo Hein aseguró que ni el dueño del establecimiento ni el grupo que lo explota estaban en conocimiento de lo que

sucedía en el campo”, publicó textualmente el diario La Voz del Interior –Clarín–, manifestando de antemano una llamativa posición tomada de los investigadores.
Gualtieri es un conocido empresario de Río Cuarto, ciudad donde también viven De la Sota y Nazario. Además de ser

el propietario de “La Italiana”, que exporta ravioles y pastas a países como Chile y Paraguay, Gualtieri es presidente del club Estudiantes de Río Cuarto. También tiene como principal camarada de negocios a Hugo Irusta, vocal del club Estudiantes,

y actual jefe de Prensa de De la Sota en la sede provincial de Río Cuarto.
Una de las pocas voces que alertaron sobre este escandaloso hallazgo fue la de la por entonces diputada del ARI Griselda Baldata, oriunda de esa ciudad. “No se puede tener un predio rural alquilado y

trabajar su tierra, y desconocer que ahí se desarrollan actividades delictivas vinculadas al narcotráfico”, declaró Baldata con absoluto sentido común, sobre una causa que ya se encuentra elevada a juicio y tiene como principales responsables sólo a quince cocineros y

al cuidador del campo de Gualtieri.
“La causa está por elevarse a juicio. Creo que han sido uno o dos los que han quedado libres. El titular del campo no fue imputado. Fue investigado. Presentaron todos los contratos a quien se lo arrendó, y eso”, detalló ante los micrófonos

de Veintitrés el fiscal de la causa, Guillermo Lega, con muchas imprecisiones. “La cocina estaba en una casa aledaña al casco. El campo se había alquilado a un pool de siembra, lo que pasa es que el negro que contrataron para hacer la siembra contrató a estos tipos que eran de

Buenos Aires, y que eran unos peruanos (en realidad era seis bolivianos) que se aprovecharon y dentro de ahí hicieron toda la fabricación para vender la merca”, añadió.

En el operativo “Campo Blanco” no estuvo ajena la Policía de Córdoba. El propio Alejo Paredes, ex ministro

de Seguridad que acaba de renunciar, estuvo presente en el lugar como jefe de la Policía de Córdoba. Fue apenas se suscitaron los hechos cuando mantuvo una reunión con el juez federal que interviene en la causa, Carlos Ochoa, y las fuerzas policiales. “Córdoba no está ajena a

lo que pasa en el país. Tenemos la provincia con un flujo de rutas muy importante, como las del Mercosur. En Río Cuarto, por ejemplo, hay nexos con rutas con mucha circulación y es más complejo el control”, explicó por ese entonces el renunciante Paredes, no bien puso un pie

en Río Cuarto, echando ahora el ojo en las rutas, cuando las principales pistas estaban dentro del campo.
Tiempo después de “Campo Blanco”, y tras el triunfo de De la Sota para la gobernación, el 9 de noviembre del 2011 Liliana Juncos volvió a la función pública. Lo hizo en el

área de sorteos de la Lotería de Córdoba. “Yo me presenté a la Justicia Federal para que me investiguen y no hay nada contra mí”, dijo ante la indignación de los vecinos de barrio Müller. Poco tiempo después fue nombrada por su amiga Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti,

como asesora del Concejo Deliberante de Córdoba, cargo al que debió renunciar hace tres meses por una denuncia de trata. Alejo Paredes, por su parte, bajo cuya gestión pasaron todos estos narcoescándalos, fue nombrado ministro de Seguridad.
Luego de estos polémicos nombramientos

y regresos, a mediados del 2012, con su clásico marketing político, el gobernador De la Sota hizo aprobar la ley antidrogas de la provincia. La misma, entre otras cosas, propuso la creación del fuero de “Lucha Contra el Narcotráfico” y la creación de un sistema de investigación

y juzgamiento provincial para la persecución de estas actividades delictivas. También habilitó a la policía provincial a perseguir el llamado narcomenudeo y los consumidores revisando autos y encomiendas. Según el propio De la Sota, “la iniciativa tiene entre sus objetivos

principales desbaratar las redes de venta de estupefacientes en sus distintas modalidades en el ámbito de la provincia”. Poco tiempo después, el gobernador tuvo una audiencia privada con su amigo Gualtieri, dueño del campo de Operativo Blanco, en el centro Cívico de Río Cuarto

flanqueado por su jefe de prensa Irusta.

Grave denuncia involucra a Oscar González en supuesto plan para asesinar a un fiscal

El programa ADN que se emite por Canal 10 exhibió anoche la copia del testimonio judicial de un hombre llamado Juan Domingo Argüello, quien denunció que, en diciembre de 1999, cuando el actual gobernador José Manuel de la Sota transitaba sus primeros meses como gobernador de

Córdoba, el entonces ministro de Gobierno (hoy jefe de Gabinete), Oscar González, y el entonces jefe de Drogas Peligrosas de la Provincia, Nelson González, le “encargaron” que matara al fiscal de Villa Carlos Paz, Carlos Matheu. A cambio, le ofrecieron un kilo de cocaína y seis

mil dólares, dijo. Matheu es el fiscal que en esos años investigaba los asesinatos de Pablo Jossen y de Ian Duran, dos resonantes crímenes producidos en la Villa serrana y vinculados de redes de narcopolicías, narcotráfico y prostitución. De esa investigación participó el hoy

detenido e imputado ex jefe de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, que entonces cumplía funciones en la ciudad de Punilla.
El ciclo que conduce Tomás Méndez mostró la copia de la denuncia que Argüello (que estaba detenido por diversos delitos) realizó ante la Fiscalía Federal Nº 2,

a cargo de Gustavo Vidal Lascano, el 26 de marzo de 2006, tomada por los funcionarios Agustín Ferrer Vera y Patricio Bustos Fierro. Cabe destacar que la declaración en sede judicial ratificaba lo ya expusto ante la Gendarmería, en el 0800 habilitado para tal fin, según

consta en el acta. El facsímil de la declaración acompaña esta nota.
Según el denunciante, Oscar y Nelson González, junto al sargento Juan Dómine (un oscuro personaje integrante de la D2 durante la dictadura militar) manejaban el negocio de la droga en Carlos Paz, y que un

conocido narco de la zona, Cuqui García, trabajaba para el ex jefe policial.
La declaración exhibida en ADN dice textualmente: “Que en el mes de diciembre del año 1999, estando en la casa de Cuqui, con la finalidad de comprar cocaína, llegaron las tres personas que menciona a

quienes conoció en esa oportunidad. Que Nelson González, supuestamente llegaba con la finalidad de llevar a cabo un procedimiento policial, pero que luego de estar veinte minutos, salieron con una bolsa de droga. Que los dos González al advertir los tatuajes que tiene el

declarante (es decir, Argüello) en los brazos, le preguntaron si había estado preso, a lo que respondió afirmativamente. Inmediatamente le requirieron realizar un trabajo, concretamente matar al fiscal Matheu, lo que en ese momento aceptó a cambio de un kilo de cocaína y

seis mil dólares”.
Según Argüello, aunque inicialmente aceptó el “encargo”, luego desistió y el “28 o 29 de diciembre” le informó la decisión telefónicamente a Nelson Sosa.

La nota de Página/12
El 23 de agosto de 2000, el diario Página/12 publicó una nota titulada: “Seis mil pesos y cocaína para matar a un fiscal”, donde Matheu relata que un preso, al que no identificó, le informó que dos policías le habían ofrecido ese pago para eliminarlo.

La nota señala que el fiscal de Carlos Paz había sufrido varias amenazas de muerte, en la Fiscalía y en su casa, y que el Gobierno de Córdoba minimizaba el hecho. “El expediente fue a parar a la fiscalía de Raúl Moll, con sede en Alta Gracia, el viernes pasado. Moll, a su vez,

giró parte de la causa a la Justicia federal, “porque hay un caso de compra de droga de por medio”, según le explicó el funcionario a este diario”, decía la nota de Página/12.