Sobre el Poder Judicial, la separación de poderes, la crisis política de la UE, la morosidad legislativa del Congreso y el rasgado de camisas periodísticas y políticas, me voy a enrollar un poquito...
Tenemos unos sistemas políticos ideados para otro mundo. Uno que en España murió hace 15 años, cuando colapsaron los viejos consensos y nadie se avino a fundar unos nuevos; y en Europa, cuando la ampliación creó un monstruo de 27 países sin cambiar las reglas para tomar acuerdos.
En España, esa crisis destruyó el bipartidismo (hoy sigue, os cuenten lo que os cuenten, tercamente por debajo del 50% de los votos y bajando). Pero nuestro sistema estaba expresamente pensado para funcionar a través del turno. De hecho, la LOREG está diseñada para afianzarlo.
No solo el sistema político, también su sistema subalterno, el periodístico. Por eso se transparenta esa molestia, ese enfado casi infantil, en los viejos comentaristas y en los editoriales antaño hegemónicos ante una realidad que no atiende a sus dictados sino que los desacata.
El multipartidismo ha ralentizado la capacidad legislativa del Congreso de forma patente, llevando a los actores políticos y particularmente a los tres últimos gobiernos a echar mano de decretos y otros avíos similares para tratar de producir leyes.
La regla de los tres quintos para la elección de miembros del CGPJ estaba pensada para que, en un entorno de bipartidismo (que supone que un solo partido posee mayoría absoluta o casi), los gobiernos tuvieran que sumar a algunos minoritarios o bien pactar con la oposición.
La paradoja es que hoy, pese a los grititos, la regla de la mayoría absoluta es igual de garantista de la pluralidad o más que lo era hace 20 años la mayoría cualificada. El único riesgo sería que a corto plazo volviera al bipartidismo con esa regla en vigor. No parece probable.
Por otro lado, hay una comprensión muy deficitaria en mi oficio sobre la separación de poderes. Supone que un poder no pueda interferir gravemente en el ejercicio de otro, no que un poder del Estado pueda ser un ente autónomo y endógamo que no responda ante nadie salvo su gremio.
En el poder judicial hoy (con la regla de 3/5 y la elección parcial por juristas), se ha hecho cumbre de la perversión pues se dan los dos vicios a la vez: está politizado (CGPJ, TS, AN y TC, no se salva ninguna alta magistratura) y sin embargo también es profundamente endógamo.
Cuesta creer que la reforma parcial o total de la ley del PJ pueda deteriorar más su actual reputación. Asusta el fariseísmo de quienes hoy se rasgan las vestiduras pero llevan años clasificando magistrados por su (patente) simpatía política y anticipando los fallos de cada sala.
Esta afectación de la ruptura del marco político bipartito a un sistema diseñado para el turnismo afecta de forma capital a la posibilidad de llevar a cabo con éxito las reformas constitucionales perentorias que reclaman tres cuartas partes del país. Pero este es otro asunto.
También prueba cómo los diseños institucionales del siglo XX son hoy inoperantes, el invento de la "cogobernanza", que es una reforma federalista avant la lettre que el Gobierno ha implementado (de facto, no de iure) por la pandemia y que ya expliqué: lavanguardia.com/politica/20201…
En la UE, que con matices, también padece una crisis operacional, la ampliación ha convertido la regla del consenso (las decisiones deben estar apoyadas por todos los Estados) en el secuestro de toda la UE por parte de cualquier disidente. La bloquea cuando más agilidad necesita.
Quienes pactaron la regla del consenso fueron un pequeño grupo de países bastante sincronizados en cuanto a intereses, características socioculturales y tradición política. "Malo será que no nos pongamos de acuerdo" era, digamos, el principio rector. Y funcionaba siendo 15.
Ahora en cambio, la UE reúne a países con tradiciones políticas tan diversas y divergentes, como sus intereses políticos, económicos y geográficos. Y la regla del consenso es un cáncer para el proyecto europeo. Hasta los derechos humanos están en cuestión hoy en el espacio UE.
La solución no es fácil y está sometida al principio ensayo-error. Pero es obvio que hay que cambiar las reglas de forma audaz, porque la esclerosis general es patente. Como prueba que en España, desde hace una década, se apruebe un presupuesto cada tres años en vez de uno anual.
Pero entre tanto se hallan esas fórmulas para engrasar nuestras delicadas democracias liberales y que vuelvan a ser plenamente funcionales, estaría bien que, al menos en mi oficio, dejáramos de dar grititos de doncella literaria soñando con que vuelva 1990.
Porque lo único seguro sobre lo venidero es que no será lo pretérito. Y fin.
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