La discusión con respecto a la obligatoriedad de la vacuna contra el SARS-CoV-2 es muy interesante. Al respecto, creo que es importante tener en cuenta las normas que regulan la vacunación en Chile y la tensión entre las libertades individuales y el bien común:
En Chile existe el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) del Minsal, que busca proteger a la población de las enfermedades infecciosas que sean prevenibles usando vacunas, las que son definidas como un bien público
Por otro lado, el Código Sanitario en su artículo 32 establece que el presidente de la república podrá decretar la obligatoriedad de las vacunas por consejo del ministro de salud, facultad que puede recaer también en el Minsal
Eso está materializado en el decreto exento Nº6 del año 2010, que dispone la vacunación obligatoria de la población del país contra enfermedades inmunoprevenibles, con un listado de vacunas que se ha ido actualizando a medida que han estado disponibles
Esto quiere decir que en Chile las vacunas que forman parte del PNI son de carácter obligatorio y solo se puede postergar la vacunación en casos puntuales, los que deben justificarse con un certificado médico que debe ser visado por la autoridad sanitaria
Por otro lado, el artículo 14 de la ley 20.540 establece que toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento vinculado a su atención de salud, lo cual eventualmente podría usarse para rechazar la vacunación. Sin embargo...
ello está limitado por lo que se expone en el artículo 16
de la misma ley, que establece que ese derecho no resulta aplicable cuando, como producto de la falta
de ese tratamiento, se ponga en riesgo la salud pública (algo que ocurre cuando una persona decide no vacunarse)
de la misma ley, que establece que ese derecho no resulta aplicable cuando, como producto de la falta
de ese tratamiento, se ponga en riesgo la salud pública (algo que ocurre cuando una persona decide no vacunarse)
Algunas personas han recurrido al ordinario B27 Nº4031 del 2015 para justificar no vacunar a sus hijos haciendo uso del "rechazo informado" y sin justificación médica. Sin embargo, lo que se busca es informar a las personas con respecto a las vacunas, no que las rechacen
Ese formulario establece claramente que las vacunas son obligatorias y que el establecimiento de salud puede recurrir a las justicia para "proteger la salud de quienes rechazan una vacuna del PNI", no es para sencillamente rechazar una vacuna porque sí
La tensión entre la libertad individual y el bien común se ha zanjado (al menos desde el punto de vista jurídico) estableciendo la obligatoriedad de la vacunación para proteger la salud de toda la población, particularmente de quienes no pueden vacunarse por motivos médicos
Esa obligatoriedad no puede desentenderse del rol que el Estado y otros actores tienen a la hora de informar de manera clara y efectiva a las personas sobre la vacunación y se debe cambiar la forma en cómo se le presenta esa obligatoriedad a la sociedad (por qué y para qué)
En este sentido, es urgente implementar campañas de comunicación que sean efectivas y que den cuenta de las preguntas y temores de las personas con respecto a un procedimiento de salud pública valioso, costo-efectivo y seguro. No podemos quedarnos solo en la obligatoriedad.
Con respecto a los incentivos a la vacunación (acceso a permisos especiales y otros) hay que ser muy cuidadosos, ya que esos incentivos pueden generar conductas contraproducentes y las personas harán cualquier cosa (menos vacunarse) para acceder al incentivo
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