Instalada la Carpa Blanca en abril de 1997, el Ministerio de Educación inició estudios para cambiar la carrera profesional docente.
Como el Facundo de Borges, la Ley Federal de Educación iba al muere. El FONID lo hizo.
(Va hilo)
Se esperaba matar dos pájaros de un tiro: modificar los Estatutos Docentes y recomponer el salario.
Es decir, aumento sí, pero con un cambio estructural de las relaciones laborales.
A su vez, el gobierno nacional pondría otros 700 millones.
US$1400 millones en total (recordemos que era $1 = US$1).
Así, estas contarían con el financiamiento para eso y para el aumento salarial.
El organismo no podía justificar un programa para pagar salarios.
A su vez, el entonces Ministerio de Economía tampoco estaba interesado en un endeudamiento con ese destino.
Para encauzar el problema de la falta de recursos, en julio de 1998 ese ministerio propuso crear un impuesto.
La recaudación se debería destinar al pago de un adicional salarial -el FONID- a todos los docentes del país (estatales y privados de establecimientos subsidiados).
Se promulgó en diciembre de 1998.
Algo de eso sucedió con ese gravamen y los hechos que generó su imposición.
Fue la encarnación de la Ley de Murphy; todo lo que podía salir mal, salió mal:
La clase media, furiosa
Los transportistas, rabiosos
La recaudación, magra
Como si fuera poco, el Ministerio de Educación devino en publicista del gravamen.
Sí, como leen: propagandista, pero no de educación, sino de un impuesto.
Dos décadas después, a la luz de como estamos, ya sé que no puede soportar cualquier cosa.
Lo estamos pagando.
Ojalá terminase acá, pero no. Hasta la próxima.