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Desde 2013 se viene hablando de la necesidad de una nueva Ley de Costa que, entre otras cosas, actualice la zona marítimo-terrestre y prohibida la construcción en determinadas zonas. En nuestro estado de derecho sigue vigente la Ley Española de Aguas de 1866. 
En los 70s, cuando comienza todo el movimiento ambiental a nivel internacional, se realizaron unos esfuerzos en materia de protección ambiental que dieron paso a la creación de lo que hoy es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Si la reglamentación aprobada en la década de 1970 se hubiese se implementado de forma estricta, las condiciones ambientales de nuestras costas se encontrarían en mejor estado y los puertorriqueños podrían disfrutar a plenitud del litoral costero.
Sin embargo, el gobierno apostó por el desplazamiento de comunidades y la construcción de mega apartamentos y hoteles en la zona marítimo-terrestre. De ahí surgieron movimientos ambientales y políticos como Playas pa'l pueblo. Si, en la década de 1970.
Desarrollos como Ocean Park, Isla Verde o Rincón se convierten en desastres solo cuando los seres humanos nos plantamos en áreas dinámicas como las playas, interfiriendo en sus movimientos de adaptación naturales.
Pero fuera de esas comunidades –la mayoría acomodas– hay un sinnúmero de comunidades como Fortuna en Luquillo, Piñones en Loiza, Puerto Nuevo en Vega Baja, La Boca en Barceloneta, la costas de Humacao, Manatí y Arecibo entre otras que están pasando por lo mismo.
Son comunidades pobres y que la pesca sigue siendo una fuente importante de ingresos. Son la comunidades que no importan, las que los mega proyectos que auguran “progreso” han querido desplazar. Hoy esas comunidades están sufriendo los cambios en el litoral costero.
Urge política pública para mitigar los cambios del litoral costero y los efectos del cambio climático en Puerto Rico. Urgen diálogos comunitarios en los que se pueda establecer prioridades y que sirvan de enlace con las agencias de protección ambiental.
Pero la política pública del gobierno de Puerto Rico ha girado en una sola dirección: no escuchar a las comunidades y ser facilitador para el gran capital que promete “progreso” a cuesta de la destrucción de los recursos naturales. De ahí las políticas de (des)reglamentación.
Según se nos dice por parte del gobierno y sus voceros, los recursos naturales son bienes para la explotación por parte del capital y proponer un desarrollo sustentable es estar en contra del progreso y desarrollo del país.
La historia ha demostrado que los movimientos ambientalistas, que datan de la década de 1970, tuvieron razón. La naturaleza ha reclamado el espacio que le corresponde y que por el “progreso” se ocupó y se destruyó.
