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Para conmemorar el 7 de septiembre (que en Cataluña nos gusta conmemorar derrotas), nada mejor que hacer un repaso de la ley debatida aquel día, la ley fundacional de la República. Una norma suprema que abría las puertas a un régimen autoritario y que no hay que olvidar 👇
Es interesante ver que, a pesar de una mención metida con calzador, no se reconoce a Arán el derecho a la secesión ni el de decidir si quiere unirse o no a la nueva República. Su estatus continúa siendo el mismo. No se reconoce derecho a decidir a los territorios. 
Otro dato curioso es que las leyes suspendidas o anuladas por el Constitucional no se recuperan automáticamente, sino que requieren de un decreto ley previo.
La República provisional, que no tiene fecha concreta de caducidad, es fuertemente presidencialista. Concentra enormes poderes en el presidente de la Generalitat, que es a la vez jefe de Estado y de Gobierno.
Las leyes solo son susceptibles de control “constitucional” en lo que afecta a los derechos fundamentales. Pero es que los decretos leyes del Gobierno validados por el Parlamento ¡no son susceptibles de control “constitucional”! Incluso si afectan a derechos fundamentales.
Esto quiere decir que el único control de las normas se efectuaría sobre lo tocante a los derechos fundamentales y, en el caso de los decretos leyes, solo por el cauce del amparo constitucional (al que solo pueden acceder los afectados directamente en un procedimiento judicial).
En conclusión, buena parte de la estructura “constitucional” del Estado queda al albur de una mayoría simple del Parlamento. El resto de la estructura (TODO) queda al albur de la mayoría absoluta. “Curiosamente”, las mayorías que tenían los independentistas en ese Parlament.
Piénsese, por ejemplo, que la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio (amparados en la ley bajo la expresión “estados de emergencia”), que restringen derechos constitucionales, no serían susceptibles de control por un tribunal constitucional.
En la cúspide de este sistema de abierta arbitrariedad se sitúa, en la fase de elaboración de la Constitución, los plenos poderes de la Asamblea Constituyente, que se ejercen sin mayorías cualificadas y que no están limitados siquiera por los derechos fundamentales.
Hay que recordar, como dice @RobertNus, que en el actual Estado de Derecho, no se puede legislar por decreto ley sobre derechos fundamentales ni sobre instituciones del Estado, cosa que sí podría hacerse en la República Transitoria de Cataluña.
Junto con esta puerta abierta a la arbitrariedad del sistema institucional, otros dos puntos escandalosamente peligrosos de la ley son el poder judicial y la administración electoral. Veamos.
En las juntas electorales actuales, la mayoría de los miembros son jueces elegidos por sorteo. En cambio, en las sindicaturas de la República Transitoria la mayoría la forman juristas y polítologos elegidos por el Parlamento y las sindicaturas se pueden reunir sin juez alguno.
En el caso de las sindicaturas electorales comarcales, los miembros los elige la sindicatura central de entre una lista de candidatos voluntarios.
¿Qué quiere decir esto? Que el control de las juntas electorales pasaría directamente al poder político.
Eso sí, los cargos de las mesas electorales no pueden ser ocupados por voluntarios, como sí ocurrió el 1-O. En la nueva República el 1-O no sería un referéndum válido.
Vayamos ahora al poder judicial. El gobierno del poder judicial queda confiado fundamentalmente a una Comisión en la que el poder ejecutivo ocupa la mitad d los puestos. La otra mitad la elige una sala del Supremo cuyos miembros son elegidos por el Parlamento y la propia Comisión
Es decir, el gobierno del poder judicial queda en las manos del poder ejecutivo. Y esta situación, sin fecha de caducidad en la ley.
Otro punto oscuro es el relativo al proceso constituyente. La Asamblea no tiene limitación temporal y (llamativamente) está políticamente vinculada, al margen de los resultados electorales, por un proceso de tipo corporativo anterior controlado por el Gobierno y el Parlamento.
Habría muchos puntos más a tratar, como la indefinición de lo que depende de la UE y del nuevo Estado restospañol (básico para comprender plenamente el acceso a la nacionalidad). Pero por de pronto se limita el sufragio y no se da nacionalidad a quien antes no tuviera la española
Recordar por último que, absolutamente todo, TODO, podría ser modificado por la mayoría absoluta de un parlamento escogido para legislar sobre aspectos definidos y limitados. La misma mayoría que aprobaba la ley se arrogaba TODO (y repito porque es heavy: TODO) el poder.
Por concluir: la ley aprobada hace dos años facultaba a la mayoría no cualificada que la aprobó para convertir a Cataluña en cualquier régimen político, sin blindar la protección de los derechos fundamentales, sin establecer mayorías cualificadas y sin límites temporales totales.
