El tema de si la acción penal es de fondo o procesal es un pescado resbaloso. La Corte lo agarra por la cabeza de la prescripción pretendiendo que el resto se va a quedar quieto.
El problema se complica porque el pescado está insoportablemente vivo: las provincias han venido regulando bastante (y bastante bien) renovando sus códigos de procedimiento penal, en ejercicio de facultades que nunca delegaron.
Es muy difícil, si no imposible, explicarle a un marciano por qué las provincias pueden regular la caducidad de la acción civil (nunca discutimos eso), y no pueden regular la caducidad de la acción penal.
Las respuestas requieren hacer un apareamiento promiscuo entre extinción y prescripción, y aquí vamos al tema alérgico.
La Corte está OBSESIONADA con el tema prescripción. Fue el motor de su doctrina de 2019 de seguimiento obligatorio y absoluto del precedente ("Farina"). No quiere que de ningún modo existan prescripciones locales ni nada que se le parezca.
Ahora, en el trayecto argumentativo tortuoso (y fragmentado en muchos votos) que hace para llegar a esa conclusión hace mucho lío y ruido que imprudentemente pone en jaque mucho margen local para regular procesos penales y sistemas acusatorios.
Es como si dijera: provincias y municipios pueden jugar en el jardín regulatorio del poder de policía, pero el derecho penal es la mesa de los grandes, aquí se come solo con cubiertos del Congreso de la Nación.
El problema es que los cubiertos del Congreso son:
- insuficientes (hay que tomar la sopa con un tenedor)
- y defectuosos (inferiores en diseño y funcionalidad a los que hace el legislador local).
- e inconstitucionales! (quedamos en que los cubiertos los ponen las provincias).
- insuficientes (hay que tomar la sopa con un tenedor)
- y defectuosos (inferiores en diseño y funcionalidad a los que hace el legislador local).
- e inconstitucionales! (quedamos en que los cubiertos los ponen las provincias).
El fallo de ayer está escrito "bajo emoción violenta" en términos de doctrina, hace un overkill de la San Puta, y va a generar un ruido procesal y litigioso insoportable, posiblemente generando muchas más prescripciones que las que quería evitar.
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